Escuchar
La brutal paliza sufrida por una jueza, cerca de su casa en el distrito de Ulloa, Heredia, se inscribe en un clima de hostilidad alimentado por un persistente discurso político contra el Poder Judicial y por la construcción de una narrativa que expone, desacredita y deslegitima a sus jueces.
Este ataque no puede verse únicamente como una agresión contra una jueza de ejecución de la pena, sino como un golpe al sistema de justicia. Cuando los jueces son sometidos a un entorno de temor y amenazas, se compromete la independencia de sus decisiones y, con ello, el derecho de la ciudadanía a resoluciones imparciales, adoptadas sin presiones ni condicionamientos.
Por eso, la agresión cometida el viernes 17 de abril debe marcar un alto. Obliga al gobierno de Rodrigo Chaves y a sus subalternos a ponderar con responsabilidad el alcance y las consecuencias de sus excesos verbales y de sus mensajes polarizantes. Al mismo tiempo, es una señal de alerta para el Poder Judicial sobre las condiciones en que sus funcionarios ejercen su labor y, sobre todo, sobre la protección que el Estado está obligado a garantizarles.
Según relató la jueza, quien se desempeña en Alajuela, las amenazas comenzaron en setiembre pasado, luego de que un video presentado durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial la expusiera –con nombre, apellidos y fotografía– como una “alcahueta” por haber resuelto a favor de un reclamo de reclusos de Máxima Seguridad en La Reforma, quienes solicitaban la reinstalación de televisores y microondas. Posteriormente, el mandatario y el ministro de Justicia, Gerald Campos, reforzaron esa línea al deslegitimar no solo a la funcionaria, sino a magistrados y al Poder Judicial.
Exponer a un juez de esa forma puede llevar a que alguien se sienta habilitado a reaccionar con violencia. Eso es lo que, según la versión de la afectada, ocurrió con el vecino que azuzó a su perro para atacarla y, tras hacerla caer en la acera, la golpeó, la pateó y la arrastró mientras la insultaba por sus decisiones judiciales. La defensa del imputado sostiene que se trata de un conflicto vecinal ajeno a la judicatura. Ese punto deberá ser esclarecido en sede judicial, pero el contexto en el que se produjo el ataque no puede ignorarse.
Tampoco puede dejarse de lado que existen graves antecedentes. El Informe Estado de la Justicia 2025 describió un escenario cada vez más adverso para el Poder Judicial, en el que confluyen ataques de distinta naturaleza, desde el discurso descalificador (trash talking) proveniente del Ejecutivo y movilizaciones promovidas desde el gobierno, hasta acciones criminales contra instalaciones y personal judicial. Oficinas en Batán y Pococí sufrieron disparos y, solo en 2024, al menos tres funcionarios –fiscal, una jueza y un oficial del OIJ– fueron víctimas de atentados, uno de ellos con resultado fatal: el asesinato del subjefe del OIJ en Pococí, Geiner Zamora, en enero de 2025, por dirigir investigaciones contra el narcotráfico.
Paralelamente, la polarización política deriva en amenazas directas contra altos funcionarios. En enero de este año, al menos cuatro magistrados de la Sala Constitucional recibieron amenazas de muerte; en ese mismo mes, el presidente Rodrigo Chaves también habría sido amenazado. Meses antes, en setiembre, el mismo mensaje les llegó al fiscal general, Carlo Díaz, y al presidente del Congreso, Rodrigo Arias. Otros diputados han sido igualmente blanco de advertencias.
Antes de que otra amenaza tenga un desenlace violento, la Casa Presidencial debe dar el ejemplo y desterrar el discurso descalificador de que advierte el propio Informe Estado de la Justicia porque, cuando desde el poder se desacredita a magistrados, jueces y fiscales, se alimenta un clima que amplifica el riesgo.
Por su parte, el Poder Judicial debe ser más riguroso en los mecanismos destinados a proteger a sus funcionarios y al resto de los ciudadanos. La jueza se había acogido al Programa de Protección de Víctimas y Testigos que administra el Ministerio Público, pero, según uno de sus abogados, la recomendación que recibió fue cambiar de domicilio. Si esto es así, ese programa debe examinar con urgencia sus protocolos y su capacidad de respuesta. Resulta inadmisible que, ante un riesgo previamente denunciado, la carga recaiga sobre la víctima –a quien se le sugiere abandonar su hogar– mientras el denunciado permanece sin restricciones. Si el sistema no logra prevenir una agresión de esta proporción, es prioritaria una revisión crítica de su eficacia.
Ante todas estas circunstancias, se hace necesario aclarar que los políticos tienen un legítimo derecho a cuestionar y denunciar, pero no a convertirlo en una rutina de descalificación y ataque personal. En ese sentido, el cambio de gobierno a partir del 8 de mayo, con Laura Fernández a la cabeza, abre una oportunidad para recuperar un tono equilibrado y respetuoso de la institucionalidad. Esto no solo es vital para proteger vidas, sino para garantizar que los jueces puedan resolver con independencia.
