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Reducir a la mitad las cargas sociales impuestas a los patronos aumentaría el empleo formal del 56 % al 68 %, aceleraría el crecimiento de la economía y reduciría el desempleo. La reducción de la informalidad implica extender el seguro de salud y el régimen de pensiones a 260.000 personas, dice un estudio del Banco Central.
No obstante, la ampliación del número de contribuyentes se quedaría corta de compensar la reducción de ingresos y harían falta ¢536.000 millones anuales (un 1,45 % del producto interno bruto) para reponerlos. Es el equivalente a tres puntos del impuesto sobre el valor agregado o de la totalidad del gravamen a los combustibles.
Cuatro candidatos presidenciales se pronuncian a favor de una reducción más modesta, pero siempre significativa. José María Figueres, Lineth Saborío, Eduardo Cruickshank y Eli Feinzaig favorecen la reducción de las cargas sociales patronales en un 25 %. En ese caso, dicen los cálculos del instituto emisor, el empleo formal aumentaría al 61,4 % (120.000 personas más), habría unos 23.000 nuevos empleos y el gobierno debería aportar ¢240.000 millones para reponer la caída en recaudación (un 0,63 % del PIB).
Según los cálculos del Banco Central, la inversión estaría muy bien justificada, pero no hay acuerdo sobre la fuente de los recursos. Los candidatos, en consonancia con la tesis expuesta por el instituto emisor, señalan el altísimo porcentaje de las cargas sociales impuestas a los patronos. Si se redujeran en un 25 %, apenas alcanzarían a ubicarse en la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La cuota patronal bajaría de ¢26.500 a ¢19.250 por cada ¢100.000 de salario.
Los aspirantes presidenciales también coinciden en los efectos de la elevada contribución patronal sobre la informalidad, el empleo y el crecimiento económico. A ninguno de los cuatro le cabe duda del peso negativo sobre el desarrollo y la competitividad del país en el mercado internacional. El diagnóstico es claro, pero no el remedio.
En setiembre del 2020, cuando formuló su primera propuesta para enfrentar la crisis fiscal, el gobierno planteó la posibilidad de financiar la parte de las cargas sociales destinada a Asignaciones Familiares con un impuesto del 0,3 % sobre las transacciones bancarias, durante dos años y, luego, otros dos años un 0,2 %. Los ¢3,6 billones recaudados en cuatro años habrían permitido eliminar esa parte de las cargas patronales.
Las propuestas de los candidatos consultados van desde la fusión de entidades del sector social, para obtener ahorros de la eficiencia y complementarlos con aumentos en los impuestos sobre la renta y el valor agregado, hasta el aumento de alguno de los tributos existentes, sin decir cuál. También se propone financiar el faltante exclusivamente a partir de la reducción del gasto.
El período electoral no se presta para hablar de nuevos impuestos o de incrementar los existentes, pero parece difícil lograr la reducción sin aumentar la recaudación. Por supuesto, hay margen para reducir el gasto, comenzando por la Caja Costarricense de Seguro Social, además de otras instituciones del sector donde el desperdicio está bien probado.
Urge corregir los excesos y así podría reducirse la exigencia de recursos para compensar el faltante. No obstante, el aumento o creación de impuestos para bajar las cargas sociales pagadas por los empleadores podría constituirse en el programa social más eficaz de los últimos años, especialmente en vista del índice de desempleo alcanzado después de la pandemia.
El IVA, muy por debajo del vigente en muchísimos países, comenzando por los latinoamericanos, plantea una oportunidad. Si combinado con otras fuentes y una reducción del gasto permitiera una meta más ambiciosa que la trazada por los candidatos presidenciales, la formalidad, el crecimiento económico y el empleo tendrían un significativo impacto social.
