Morosidad del Gobierno con el régimen de pensiones alcanzaría los ¢600.000 millones al finalizar el 2023.

Contraloría calculó el impago de aportes fijados en la Constitución para financiar las pensiones y el seguro de salud de trabajadores privados y públicos; también hay una deuda con la Jupema.

Acuerdo de este 20 de marzo atiende observaciones de Contraloría, emitidas el 2021; entre otras acciones, ordena plantear políticas de gestión de riesgos financieros para ambos seguros.