Pablo Heriberto Abarca, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), califica de “muy buena” la idea de cerrar la Asamblea Legislativa en enero. Las declaraciones no salen de la nada. La idea circula en corrillos del Congreso desde hace días. Hay diputados capaces de dejar botado al país durante un mes crucial, no para este gobierno, sino para el próximo y más allá.
Es indignante, y los legisladores no tardarán en comprobarlo, sobre todo, si insisten en abandonar el trabajo, pero no las dietas. Afortunadamente, hay razones para creer en la existencia de una mayoría responsable o, cuando menos, prudente, pero las consecuencias del desatino podrían ser tan graves que la pretensión no debe pasar inadvertida.
Abarca considera apropiado el receso si el gobierno convoca créditos internacionales y proyectos de reforma tributaria incorporados a la agenda pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sabe, de antemano, que la condición se cumplirá, porque la administración sería completamente inconsecuente si no emplea su potestad de fijar las prioridades del Congreso durante las sesiones extraordinarias. Por otra parte, sería irresponsable si no impulsa los proyectos convenidos con el Fondo.
La idea del socialcristiano equivale a arrebatar al Ejecutivo la facultad concedida por la Constitución. Si la carta magna otorga al gobierno la potestad de ordenar la discusión y el Ejecutivo se atreve a ejercerla promoviendo iniciativas que no agradan al diputado, está dispuesto a abandonar la obligación de legislar e irse de vacaciones.
Abarca no está obligado a votar a favor de los proyectos propuestos por el gobierno, pero tiene el deber de darles consideración y decidir sobre ellos. Si estuviera organizando la oposición a las propuestas y no el abandono de labores, no habría objeción posible, salvo las propias del debate sobre la conveniencia de las iniciativas negociadas con el FMI. El país y el Ejecutivo tienen derecho a presenciar ese debate y, también, a participar en él.
A favor del receso milita el deseo de muchos diputados de hacer méritos en las campañas políticas de sus partidos justamente en el último mes de proselitismo antes de las votaciones. También gravita sobre ellos la intención de evitar decisiones difíciles en ese mes.
Abarca reconoció la celebración de conversaciones para suspender labores durante el mes de enero para centrar la atención en la campaña política, pero no quiso identificar a las fracciones interesadas y calificó de especulación lo que se diga al respecto. La jefa de bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, no descartó el receso. No existe una propuesta formal, dijo, pero la conversación se deberá realizar en algún momento.
“Todo diputado tiene su criterio, su posición al respecto. Es su posición personal y eso se verá reflejado en el momento de la votación, si se llega a presentar una propuesta de este tipo. Para mí es bastante complejo manifestar mi posición personal porque represento a una bancada de 17 personas”, afirmó.
La idea tiene suficiente tracción para suscitar una respuesta del presidente Carlos Alvarado, cuyo mandato estará a tres meses de finalizar cuando termine enero. Los diputados le harían un enorme daño al país, aseveró. “Además, no creo que lo hagan, porque estarían sujetos a que la ciudadanía los descalifique, dado que el país empezará el 2022 trabajando”, agregó.
La Asamblea Legislativa también se haría daño a sí misma y contribuiría al descrédito de las instituciones democráticas, entre las cuales destaca. El primer poder de la República no debe salir corriendo cuando llega la hora de tomar decisiones. Para eso postulan sus nombres los diputados.