12 enero
07/10/2020 Capacitación de los Señores diputados en la nueva sala del Plenario Legislativo en la imagen diputado fotografía Asamblea Legislativa
07/10/2020 Capacitación de los Señores diputados en la nueva sala del Plenario Legislativo en la imagen diputado fotografía Asamblea Legislativa

La fracción legislativa de la Unidad Social Cristiana no se ha dado cuenta de la gravísima situación fiscal del país. Tampoco entiende las razones de la crisis ni los remedios a nuestro alcance, ninguno de los cuales está ayuno de sacrificios. La fracción fabricista exhibe las mismas carencias, pero en ella no sorprenden.

Ambas asumirán serias responsabilidades históricas si sus iniciativas descarrilan la más importante medida de ahorro planteada hasta ahora para equilibrar las finanzas públicas y conseguir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La ley de empleo público generará un 1,1 % del producto interno bruto de ahorro con la eliminación de unos 260 pluses salariales que distorsionan las remuneraciones en el sector.

Para lograrlo, creará categorías y les asignará un salario competitivo. En algunos casos, el salario global superará el vigente. Los funcionarios con sueldos inferiores al global seguirán recibiendo pluses y aumentos hasta alcanzar la remuneración de su categoría. Los aumentos paulatinos permitirán un ajuste gradual y a nadie se le tocará el sueldo.

No obstante, socialcristianos y fabricistas exigen aumentar, de inmediato, todos los salarios hasta el máximo fijado para cada categoría, tirando por la borda los beneficios fiscales de la ley. El aumento beneficiaría a unos 28.000 funcionarios con un gasto adicional de ¢32.200 millones anuales durante 12 años.

Los promotores de la idea no ven mayor problema. Según su criterio, todo se arregla con un préstamo muy blando o, mejor todavía, dinero regalado. ¡Parece mentira, pero esa es la propuesta! En plena pandemia —suponen los diputados— los organismos cooperantes dispondrán de ¢386.400 millones (unos $636 millones) para financiar un aumento salarial a la burocracia costarricense.

Es una idea descabellada no importa cómo se le mire. Si el gobierno consigue un crédito blando para esos fines, abultará la deuda y no solo perjudicará al país, sino también a la mayor parte de los empleados públicos cuyo salario no aumentará mientras el endeudamiento permanezca por encima del 60 % del producto interno bruto.

Sea el dinero barato o regalado, según el delirio legislativo, sobran necesidades apremiantes en las cuales aprovecharlo mejor. Los programas sociales, la infraestructura básica y su mantenimiento, así como la reducción de la deuda tienen evidente prioridad sobre un alza salarial a quienes gozan de ingresos dignos, los han percibido completos a lo largo de la pandemia y lo seguirán haciendo no importa si se aprueba la ley de empleo público o no.

Nidia Céspedes del bloque fabricista
Nidia Céspedes del bloque fabricista

Cabe preguntar, además, si la redacción socialcristiana debe aprobarse antes o después de conseguir el regalo. Si se aprueba antes y el obsequio no llega, resultará mucho más ruinosa. Si el regalo es precondición, la ley no será votada a corto plazo y, probablemente, jamás. En consecuencia, el país perderá un pilar de su propuesta para el FMI.

Según los fabricistas, su propósito es evitar la disparidad salarial entre funcionarios. Es como si no vivieran en Costa Rica. El problema de las remuneraciones es, precisamente, la disparidad. El sistema de pluses y la dispersión de regímenes producen diferencias hasta del 600 % en puestos idénticos desempeñados en distintas instituciones.

Los socialcristianos esgrimen el mismo argumento y, según su criterio, la disparidad daría origen a una cascada de litigios. La solución es sencilla: el proyecto seguramente será consultado a la Sala Constitucional y los magistrados dirán si el aumento paulatino de salarios a los empleados actuales es incompatible con la contratación de los nuevos por el salario global. Si la Sala no encuentra vicios de constitucionalidad, los demás tribunales deberán actuar de conformidad.

La inconstitucionalidad no existe. La ley de empleo público no crea una desigualdad. Por el contrario, pretende resolver las existentes en el marco de las graves limitaciones de las finanzas públicas. Si el principio de igual salario para iguales funciones se aplica ipso facto y sin criterio prudencial, la bancarrota nacional es inminente. Ningún empleado público deberá ganar menos que el mejor remunerado de su categoría y, como las disparidades vigentes son tan groseras, hará falta un río de dinero para eliminarlas. El país no dispone de los recursos necesarios, pero con la orientación de los legisladores fabricistas y socialcristianos seguramente lo conseguirá regalado.