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Los ciudadanos no podemos permitir que la Asamblea Legislativa pierda legitimidad y se hunda en las sombras del desprestigio. Hay que tenerlo presente: es la máxima representación del poder popular. De ahí la obligación de exigir a los diputados que no degraden el ejercicio diario a insultos, burlas, chantajes o canjes de votos para anteponer intereses personales a los del país, pues con ello se debilita más la confianza en el Congreso.
Hoy, más que nunca, la responsabilidad cívica exige intolerancia frente a los vicios que marcaron a no pocos de los legisladores –dichosamente, no la mayoría– que concluyeron funciones este 30 de abril, y precisa demandar a los 57 que asumen este 1.° de mayo el compromiso de adecentar ese alto cargo.
Porque cada conducta impropia alimenta esa antipatriótica narrativa que pretende instalar la idea de que el Poder Legislativo es un estorbo o un lujo caro de mantener. Permitir que esa percepción se afiance erosiona el equilibrio entre poderes y abre espacio a un ejercicio del poder sin los contrapesos que sostienen y legitiman un sistema democrático.
De ahí la necesidad de que rechacemos la normalización de conductas vulgares. Cuanto más las dejemos pasar, más se profundizará la desconfianza en una institución que tiene raíces desde que nos independizamos de España, en 1821, porque, hace dos siglos, nuestros antepasados tuvieron la visión de encaminar al país hacia un sistema en el que el poder de legislar residiera en el pueblo.
Ese propósito adquirió forma jurídica el 25 de enero de 1825, cuando el término “Poder Legislativo” apareció por primera vez en la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica; se fue consolidando así una institucionalidad cimentada en la representación popular y en el principio de que la ley emana del pueblo. Precisamente, por ser el poder que mejor encarna esa representación, es inadmisible que hoy sea debilitado por las prácticas de quienes lo integran.
La pérdida de credibilidad la reiteró en enero una encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), en la que la Asamblea Legislativa se ubicó entre las instituciones peor valoradas, con una calificación promedio de 4,7 sobre 10, apenas por encima de los partidos políticos, que ocupan el último lugar, con 4,6.
Con esa triste valoración, los 57 congresistas que se estrenan este viernes tienen el deber de un mejor desempeño y rendición de cuentas, porque los ciudadanos estamos hastiados de conductas indebidas, negociaciones opacas, posiciones ambiguas, tráfico de influencias y discursos carentes de ideas y de rumbo.
A los hechos nos remitimos. El historial que deja un innombrable exdiputado “de oposición” que actuó en contubernio con el oficialismo dice todo lo que debe ser proscrito. Por ejemplo, aparentando interés en resolver la angustia de alumnos en las decenas de centros educativos en mal estado, impulsó una moción para destinar ¢4.000 millones a reparaciones. Muy loable. Pero una investigación de La Nación demostró que el Ministerio de Educación Pública terminó girando todo ese dinero a la escuela donde él tiene plaza de director.
Es el mismo político al que la Fiscalía le abrió una investigación por presuntamente pedir dádivas a un autobusero sospechoso de legitimación de capitales, y el mismo que, siendo docente, insultó y se burló de colegas por sus problemas para caminar o por su peso.
Otro, también digno de olvido, continuó como si nada luego de que una legisladora denunció que le ofreció una embajada a cambio de votar favorablemente un proyecto de ley de interés del gobierno. Y otro más, de oposición, fue expuesto públicamente por el gobierno por pedir puestos en el MEP para familiares suyos. Si eso no bastara, el caso de Fabricio Alvarado, denunciado por abuso sexual por la asesora y exlegisladora Marulin Azofeifa, dejó al descubierto esta semana cómo las alianzas de diputados fabricistas y chavistas –que aparentaban ser adversarios políticos– se prestaron para impunidad o evadir sanciones.
La esperanza de un cambio no debe perderse. Esperaríamos que la Asamblea Legislativa que se estrena hoy rompa con esas prácticas que creíamos relegadas a la vieja política –o que, al menos en el discurso, se nos prometió desterrar– y asuma con seriedad el mandato ciudadano.
La nueva configuración, en que el oficialismo llega con 31 diputados, lo obliga a dar el ejemplo. Cuenta con mayoría simple suficiente para impulsar su agenda ordinaria, aunque sin los 38 votos requeridos para decisiones de mayor calado. Eso le impone la necesidad de negociar. Pero no cualquier negociación, sino una que se conduzca con ética y de cara al país.
El mismo deber recae sobre los otros 26 legisladores, llamados a ejercer un contrapeso responsable en un momento decisivo para la democracia. No se trata de bloquear por cálculo ni de ceder por conveniencia, sino de construir acuerdos que respondan al interés nacional. De cómo se ejerza esa mayoría y de cómo se asuma esa minoría dependerá la credibilidad y el fortalecimiento del Congreso y la confianza de los ciudadanos en la democracia.
