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El 10 de setiembre, la Sala Constitucional comunicó a la Asamblea Legislativa el texto completo de un fallo destinado a levantar el bloqueo impuesto por la fracción oficialista al nombramiento de magistrados suplentes en ese alto tribunal. El martes 29, ese bloque utilizó una temeraria maniobra para, en esencia, desacatar la disposición. Dos días después, al rechazar las mociones de revisión presentadas por la oposición para frenarla, quedó consolidada.
Las implicaciones de esta decisión son extremadamente graves. Burla el marco jurídico en que se sustentan la estructura de nuestra República liberal y nuestro Estado social de derecho, incluyendo la separación de poderes. Por esto, no exageramos al decir que, de no ponérsele freno, rompería el ordenamiento constitucional. Más aún, podría ser el primer salvo de una serie de desacatos futuros por parte del oficialismo.
El “por tanto” del fallo de la Sala, hecho público el 30 de julio, incluyó tres decisiones. La irresponsable reacción de la presidenta Laura Fernández fue calificarlo como un “golpe de Estado judicial”, mientras el diputado Nogui Acosta, su jefe de fracción, llamó a quienes lo suscribieron “magistrados golpistas”.
Para atender la parálisis que podría causar la ausencia de magistrados sustitutos, la Sala prorrogó entonces el nombramiento de los que habían cesado en sus tareas el 25 de diciembre de 2025 hasta que sus reemplazos sean elegidos por la Asamblea. También anuló la decisión legislativa de devolver a la Corte Suprema de Justicia, en dos ocasiones, la lista enviada por esta para escoger nueve suplencias, en apego a lo que disponen las normas vigentes.
En la parte más consecuente de la resolución, ordenó a la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, o a quien ejerza el cargo, “que coordine lo pertinente y disponga lo correspondiente dentro del ámbito de sus competencias para que la nómina de candidatos para magistrados y magistradas suplentes de la Sala Constitucional sea conocida por el plenario en la próxima oportunidad posible, respetando los parámetros establecidos en esta sentencia”.
Es esto lo que ha irrespetado la fracción del partido Pueblo Soberano (PPSO). Lo hizo mediante una “moción de orden” del diputado José Miguel Villalobos, que devolvió a la Comisión de Nombramientos la nómina enviada por la Corte. Su tarea sería analizar si los 18 candidatos y candidatas propuestos mantienen su interés, para luego definir “lo que corresponda”. Además, el oficialismo alega que no elegirían suplentes hasta que haya 24 candidaturas para 12 suplencias. Todo esto implica descarrilar el proceso como vía para irrespetar la resolución.
Las intenciones parecen tan claras como inaceptables: llevar a la Sala a una parálisis casi total y desconocer su función como garante e intérprete de última instancia de nuestra Ley Fundamental, sobre todo frente a otros poderes del Estado. Esto es lo más grave.
Se trata de una agresión directa, ilegítima y muy peligrosa, que dinamita los fundamentos del diseño constitucional en el que se basa nuestro quehacer democrático. Si se vulnera o desconoce olímpicamente, caeríamos en la arbitrariedad. ¿Será esta la intención?
Existe otra faceta que debe tomarse en cuenta. Se trata de un golpe más a la seguridad jurídica. A su erosión y las implicaciones económicas de esta nos referimos en otro editorial, cuando aún no se había producido la maniobra que comentamos. ¿Qué grado de confianza tendrá un inversionista si el Congreso de mayoría oficialista desconoce un aspecto tan vital del orden jurídico?
La fracción del Partido Liberación Nacional presentó una denuncia de desobediencia contra los diputados del PPSO. Le corresponderá conocerla a la propia Sala Constitucional. Existe el riesgo de que si –como es probable– decide que sí desobedecieron su resolución, los responsables se valgan de otros subterfugios para desobedecer el nuevo fallo. El conflicto escalaría a un nivel aún más grave.
Para peores, la inmunidad de que gozan los miembros de los supremos poderes daría a los diputados que entren en desacato una coraza para eludir las consecuencias. Y así, la inmunidad conduciría a la impunidad y a una desigualdad odiosa: unos funcionarios –al menos mientras lo sean– con la posibilidad de colocarse, sin riesgos, al margen de la ley; el resto de los ciudadanos, no.
Mientras todo esto ocurre, se siguen acumulando casos ante la falta de magistrados suplentes. Al 20 de setiembre, llegaron a 144 los expedientes paralizados. La mayoría de ellos afecta reclamos de ciudadanos comunes. Es decir, el desdén oficialista no es solo por el orden institucional, sino también por los derechos de personas ajenas a la política.
La Sala Constitucional es un bastión de ambos; también, de nuestra democracia. Nadie debe desconocer sus fallos. Los costarricenses debemos cerrar filas para impedirlo.
