EscucharEl 1.° de enero del 2017 nuestro periodista Diego Bosque denunció, en estas páginas, una «pifia» de 80 metros en el diseño del tramo que conecta la principal carretera hacia el Atlántico con el megapuerto de Moín. El asombroso «error» impedía conectar la carretera con la principal entrada de la terminal de contenedores e hizo necesario un costoso rediseño de la obra.
A partir de ese momento, La Nación insistió en esclarecer lo sucedido y comenzó a difundir sus hallazgos. El 17 de abril estábamos listos para publicar, con la firma de Natasha Cambronero, un titular contundente: «MOPT premeditó “pifia” de 80 metros en vía a megapuerto con datos falsos».
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Los troles afines a la administración de Luis Guillermo Solís, que se promovía como el primer gobierno sin corrupción, desataron su ira en nuestra contra. El título bastaba para iniciar más de una investigación policial, pero nada sucedió. El cuerpo de la nota abundaba en detalles. Comenzaba por decir: «No se trató de una simple “pifia”, sino de premeditación. El MOPT incluyó adrede un desfase de 80 metros en la construcción de la carretera que conectará la ruta 32 con la nueva terminal de contenedores de Moín (TCM), en Limón, fallo que le costará $14 millones más (casi ¢8.000 millones) a los contribuyentes».
La nota periodística se adentraba en detalles aún más inquietantes: «Tan planificada fue la pifia que el gobierno se dio el lujo de rechazar la oferta de un grupo constructor cuyo diseño sí conectaba la ruta 32 (San José-Limón) con el punto exacto de entrada al megapuerto. Esa propuesta le habría ahorrado $26 millones, pues era $12 millones más barata que la escogida y habría evitado pagar los $14 millones adicionales que ahora se desembolsarán».
Más adelante, explicaba: «El 30 de junio del 2016, a sabiendas de que las coordenadas estaban mal, el Conavi adjudicó la obra de 2,05 kilómetros de largo al Consorcio del Atlántico, integrado por la costarricense Constructora Meco S. A. y la española Puentes y Calzadas Infraestructuras. El contrato ascendió a casi $72 millones (casi ¢41.000 millones). Posteriormente, a ese monto se le sumaron $14 millones (¢8.000 millones). Eso cobró el Consorcio del Atlántico por rediseñar el proyecto y por las obras adicionales para conectar la vía con la terminal de contenedores». Nada pasó.
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El 27 de noviembre del 2018, luego de los cambios experimentados por la Fiscalía en marzo, agentes el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y el Consorcio Atlántico Ruta 257, conformado por las compañías Meco S. A. y Puentes y Calzadas, en procura de documentos sobre la «pifia».
Faltaba un mes para los dos años desde nuestra primera publicación y tres para el segundo aniversario de la nota donde se expuso, con todo detalle, la intencionalidad y consecuencias de la supuesta «pifia». El caso confirma el valor de la prensa independiente en una sociedad democrática y, también, sus limitaciones cuando la institucionalidad no responde como se espera.
En vista de nuestras denuncias y las iniciales de la Contraloría General de la República, era de esperar una veloz actuación de la Fiscalía para poner la prueba a buen recaudo, pero pasaron dos años. En marzo del 2018, una creciente disconformidad con el desempeño del Ministerio Público culminó con el nombramiento de una nueva fiscala, ocho meses antes de la ejecución del tardío allanamiento.
Ahora, el expediente judicial revela que los allanamientos del 2018 dieron origen al caso Cochinilla cuando funcionarios honestos del Conavi aprovecharon para ponerse a disposición del OIJ. Mucho nos satisface haber contribuido, en alguna medida, al desarrollo de una investigación de tantísimo alcance. Ojalá sirva para limpiar un sector indispensable para el desarrollo nacional.
