EscucharPara sorpresa de pocos, el pasado jueves la administración del presidente Donald Trump decidió imponer de forma tajante un incremento en los aranceles a las importaciones provenientes de un amplio grupo de países, entre los cuales se encuentra Costa Rica.
En nuestro caso, la tasa pasará del 10% –fijado unilateralmente por el Gobierno estadounidense hace apenas unos meses– al 15%. Si bien será el propio Estados Unidos y sus consumidores los que terminarán pagando un alto precio por la errática política arancelaria de su gobierno, lo cierto es que los daños serán generalizados.
El efecto más grave de dicha política es el clima de caos, incertidumbre y desconfianza que está generando la principal economía del mundo en los mercados globales. El manejo irresponsable –e incluso infantil– con que Donald Trump ejecuta su estrategia arancelaria ha obligado a las empresas a suspender planes de inversión, revisar las cadenas de suministro existentes, identificar nuevos proveedores en distintos países y determinar cuándo y cómo trasladar el aumento de los costos a sus clientes.
La incertidumbre y la desconfianza en los mercados tienen un costo enorme, que se refleja en una reducción de las proyecciones de crecimiento económico mundial anticipadas por organismos internacionales, analistas financieros y las propias empresas. Esta situación conlleva una disminución en la generación de empleos y en el bienestar de amplios sectores de la población.
Asimismo, la predictibilidad que antes ofrecía el sistema multilateral de comercio, así como la red de acuerdos de integración amparados de él, ha perdido valor frente a quien hasta hace poco era su principal promotor y defensor. Esto obligará al resto de los países a revisar la institucionalidad existente y, probablemente, a buscar nuevas formas, alianzas e instrumentos para enfrentar esta nueva realidad.
En este contexto, sin duda, los países más pobres y frágiles –y, dentro de estos, los sectores más vulnerables– serán los que sufran con mayor intensidad las consecuencias de las decisiones que emanan de Washington D.C.
Hasta ahora, los exportadores nacionales han logrado resistir los embates, y nuestros principales productos de exportación no han visto reducidas sus ventas. Sin embargo, si nuestros países competidores terminan recibiendo un trato arancelario más favorable, inevitablemente sentiremos los efectos.
Lo mismo ocurrirá si se deterioran las economías de los mercados destino de nuestras exportaciones, pues ello afectará el poder adquisitivo de los consumidores o su posibilidad de viajar, en el caso del turismo. Efectos negativos similares podrían observarse en los flujos de inversión, ya sea por la suspensión de proyectos o por el redireccionamiento de las cadenas de suministro.
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Pese a los esfuerzos realizados por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) para acercarse a sus homólogos estadounidenses y lograr un acuerdo razonable, los resultados han sido infructuosos. No obstante, el fracaso de estas gestiones difícilmente puede atribuirse al equipo negociador costarricense. Es prácticamente imposible alcanzar un entendimiento con una contraparte que carece de objetivos claros, que cambia de posición constantemente, que plantea exigencias inauditas y que, como ha ocurrido también con otros de sus socios, ha sembrado el desconcierto como única constante. Si algún reproche puede dirigirse al gobierno, sería el de haber pecado de ingenuidad al suponer que, otorgando concesiones en otros ámbitos, se obtendría un trato comercial preferencial.
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Ante estas circunstancias, debemos concentrarnos plenamente en atender los factores internos que fortalezcan nuestra competitividad, empezando por un replanteamiento de la política cambiaria adoptada hasta ahora por el Banco Central, lo cual podría mitigar en parte el efecto de los nuevos aranceles estadounidenses.
Del mismo modo, resulta impostergable emprender, de forma decidida, la actualización de nuestra deteriorada infraestructura, la reforma del sector eléctrico y la recuperación del sistema educativo, desafíos a los que ahora se suma el prioritario tema de la seguridad. Esas grandes transformaciones, junto con un esfuerzo continuo y efectivo para combatir los excesos regulatorios que padecemos, son el camino a seguir. No hay otro.
