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Mario Cajina Chavarría, director del Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA). Fotografía: Diego Bosque González
Los abogados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a cargo de esclarecer las anomalías detectadas en millonarias compras de mascarillas para proteger de la covid-19 al personal de salud, hacen un flaco favor a la entidad con el intento de posponer el procedimiento hasta la incierta fecha del fin de la pandemia. Por fortuna, la gerencia general reaccionó con rapidez y anunció la intervención del despacho encargado de los procedimientos administrativos.
La desafortunada determinación aumenta la nebulosa creada por las contradictorias e incompletas explicaciones ofrecidas a lo largo de meses por la presidencia ejecutiva, algunas gerencias y hasta la auditoría de la institución. La historia ha ido variando al ritmo de las revelaciones periodísticas y la designación de los investigadores pareció encaminarla a su versión definitiva, pero el intento de posponer el procedimiento volvió a despertar dudas sobre la voluntad institucional de aclarar los hechos.
Esas dudas se magnificaron al constatar las razones esgrimidas por los investigadores. Según ellos, las 13 personas cuestionadas no pueden ser convocadas a las audiencias exigidas por el debido proceso mientras no «cesen las medidas de restricción del contacto y tránsito que se encuentran vigentes como mecanismos de prevención del contagio de covid-19».
La explicación suena hueca cuando se le compara con la actividad de la Corte Suprema de Justicia en plena pandemia. Los tribunales de la República podrían ser el mejor ejemplo, dada la similitud de objetivos con el proceso disciplinario ordenado en la CCSS, pero hay muchos otros ejemplos de labor ininterrumpida en toda la Administración Pública, la empresa privada y, sobre todo, en la propia Caja.
La justificación también conduce a preguntar qué hacen y qué han hecho a lo largo de tantos meses de pandemia los abogados de la CCSS. Si no pueden celebrar 13 audiencias con respeto a los protocolos sanitarios desarrollados por la institución en conjunto con el Ministerio de Salud, debemos descartar su participación en toda actividad necesitada de comunicación interpersonal. ¿Están paralizados todos los procedimientos disciplinarios en la institución? ¿Tiene suspendidas sus actividades el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA) de la Caja?
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Tres involucrados en los hechos investigados están suspendidos con goce de salario desde el inicio de la pesquisa y el país está urgido de explicaciones. Más allá de los perjuicios económicos, las presuntas anomalías crearon riesgos para la salud del personal médico y también de los pacientes. Es impensable que mientras el escándalo crece, los esfuerzos investigativos de la Caja disminuyan.
El Ministerio Público y una comisión legislativa investigan lo sucedido, pero la primera interesada en esclarecerlo es la institución aseguradora. También es la entidad con acceso más inmediato a las pruebas y con mayor conocimiento de los procedimientos internos que pudieron ser vulnerados. El aporte de la Caja resulta invaluable y contribuiría a restablecer el prestigio dañado.
Para mayor desconcierto, Roberto Cervantes, gerente general, recibió con sorpresa las noticias de su marginación del proceso por decisión de los propios encargados de la investigación. Desde el inicio, la gerencia fue designada como el órgano decisor a cuyo cargo quedaría la imposición de sanciones o la absolutoria con base en los datos recabados por el órgano director. Ahora, la gerencia reclama al CIPA una posible «extralimitación de competencias» porque sin decir agua va designó como órgano decisor a la Junta Directiva, cuyas vacilaciones al inicio del escándalo están presentes en la memoria.
La intervención del CIPA ordenada por el propio gerente Cervantes es oportuna y necesaria. La Caja debe despejar todos los cuestionamientos y, para hacerlo, debe informar con detalle al país y sentar las responsabilidades del caso.
