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“Una golondrina no hace verano”, dice un viejo refrán popular, para resaltar que un acontecimiento puntual no revela, necesariamente, un cambio de temporada. Dos meses de mejoras en las estadísticas delictivas del país, comparadas con el mismo periodo de un año previo, tampoco pueden tomarse como prueba de un cambio estructural y sostenible. Sin embargo, son mucho más que “golondrinas”. Y si las relacionamos con las decisiones y acciones que parecen explicarlas, ofrecen motivos de esperanza sobre un posible cambio de tendencia, de deterioro a mejora.
El portal estadístico del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) revela que los costarricenses padecimos 39 homicidios menos en enero y febrero de este año, comparados con el año 2025. Pasamos de 146 entonces, a 107 esa vez. También se produjeron reducciones –algunas, modestas; otras, no tanto– en las demás categorías de delitos: hurtos, robos, asaltos y robos de vehículos, aunque sus “tachas” sí aumentaron.
Es difícil suponer que este cambio responde a causas fortuitas, producto de la casualidad. Más bien, todo parece indicar que la confluencia de cambios en las estrategias seguidas por el OIJ, su ajuste de prioridades, el uso más sofisticado de datos, y la cooperación más sistemática y orgánica entre distintos cuerpos policiales están entre las principales razones. A estos factores se suman nuevos instrumentos legales a disposición de la Fiscalía, los jueces y la Policía.
Michael Soto, director interino del OIJ, ha destacado el efecto positivo de un plan integral para la reducción de la violencia aplicado por ese cuerpo desde finales de 2023. Sigue dos ejes centrales: por un lado, combate al narcotráfico y las ventas de drogas al menudeo; por otro, desarticulación de estructuras criminales responsables de una enorme cantidad de homicidios. Se han focalizado también en los lugares de mayor incidencia de delitos y en los principales grupos generadores de violencia.
Según su más reciente boletín oficial, el año pasado lograron desarticular 44 organizaciones criminales de diversa índole y detener a 74 cabecillas. Para Soto, ha sido esencial “un trabajo muy articulado entre todos, con una estrategia muy bien ordenada, muy bien detallada, que no es al azar”. Incluye a la Fuerza Pública, las policías municipales, el Ministerio Público y los jueces, y a “socios internacionales”, como la DEA y el FBI, de Estados Unidos.
A la mejor planificación y coordinación se unen más de 30 iniciativas de ley aprobadas en la Asamblea Legislativa desde el 1.° de mayo de 2022, que han dotado a las autoridades de mejores herramientas para ejercer sus tareas, en particular contra el crimen organizado. Las más recientes son las reformas –constitucional y legal– para permitir la extradición de costarricenses en casos relacionados con narcotráfico internacional y terrorismo, y la autorización de allanamientos sin restricciones horarias.
También se han concretado otros cambios legales de gran importancia. Entre ellos, están una nueva jurisdicción especializada en crimen organizado, la creación del Centro de Capacitación del OIJ, el fortalecimiento de los tribunales de flagrancia, la modernización de las intervenciones de comunicaciones, el incremento en las fuentes de recursos del Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD) y la agravación de las penas de los autores, instigadores o cómplices del uso de menores en la comisión de delitos.
Todas estas reformas, así como la acción de los diversos cuerpos policiales, se enmarcan estrictamente en nuestro Estado de derecho. Además, desmienten tanto los ataques del presidente Rodrigo Chaves contra la supuesta inacción del Poder Legislativo y la “alcahuetería” del Judicial, como los argumentos simplistas y peligrosos que propician violentar derechos como herramienta indispensable contra el delito.
Al contrario, destacan la importancia de la coordinación entre autoridades, así como la actitud proactiva que diversos cuerpos policiales, legisladores y jueces han desplegado para mejorar la seguridad. En esta tarea, el liderazgo presidencial ha sido inexistente o, peor aún, generador de obstáculos.
Los avances que hemos mencionado son preliminares. Para mantenerse, deberán profundizarse las iniciativas que, al menos en parte, los explican. Falta, entre otras cosas, sumar una estrategia preventiva más vigorosa, hasta ahora ausente, e incrementar la coordinación internacional en la materia. Y todo debe enmarcarse en el principio de seguridad democrática, la única aceptable en nuestro país.
