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Costa Rica tiene, por primera vez en su historia, una Asamblea Legislativa con mayoría de mujeres: 30 diputadas frente a 27 diputados. Si ya se consideraba un avance el aumento de la presencia de mujeres en el periodo legislativo que acaba de concluir (con el 47%), el nuevo reparto de curules representa un salto digno de celebración, pues, según ONU Mujeres, para 2025 tan solo seis países en el mundo contaban con 50% o más de mujeres en sus parlamentos de cámara única o baja.
¿El caso de Costa Rica es entonces una casualidad o el resultado de cambios legislativos tras luchas sociales? ¿Cómo replicarlo en otros países cuando, para 2025, en 21 Estados las mujeres representaban menos del 10% de los legisladores y en tres Congresos no había ninguna mujer?
En nuestro país, en 1953, apenas tres mujeres de un total de 45 congresistas ocupaban un escaño y, para 1962, solo una mujer integró la Asamblea Legislativa.
Nada ocurrió de manera espontánea. Fue el resultado de luchas sociales que empezaron con el derecho al voto hasta llegar a la paridad vertical (alternancia dentro de cada lista) y horizontal (equilibrio entre encabezamientos de listas) como acciones afirmativas ante una estructura desigual. Entre estas, se encuentran la lucha de las feministas, el trabajo para la aprobación de reformas legales progresivas en materia electoral para un andamiaje de cuotas y paridad en etapas –como la Ley N.º 7142 de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer y el Código Electoral de 2009 (Ley N.º 8765), así como las acciones del Tribunal Supremo de Elecciones con desarrollos interpretativos posteriores sobre paridad horizontal en distintos niveles–.
Cuando un sistema normativo no solo reconoce la existencia de desigualdades estructurales, sino que transforma sus reglas para incorporar acciones afirmativas orientadas a corregirlas, y esas reglas se aplican de manera efectiva, se crean condiciones institucionales para avanzar hacia la igualdad sustantiva.
El fenómeno inverso también es cierto: cuando los marcos normativos se cuestionan, se dejan de financiar o dejan de aplicarse, los avances no solo se estancan, sino que pueden erosionar progresivamente.
En Costa Rica, la institucionalidad democrática funcionó en la medida en que el Estado de derecho operó como garantía de cumplimiento de esas reglas, lo que permitió desarticular una estructura que durante décadas sostuvo la exclusión política de las mujeres. Precisamente por ello, la permanencia de esos logros depende de la preservación y fortalecimiento de ese mismo andamiaje.
Ahora bien, la representación constituye un avance, pero no sustituye la voluntad política, ni garantiza por sí misma la igualdad sustantiva. Que exista mayoría de mujeres en la Asamblea no implica automáticamente la consolidación de una agenda común en favor de los derechos de las mujeres ni asegura posturas coherentes con la igualdad de género.
La realidad demuestra que las brechas estructurales persisten. En el sector público, la Defensoría de los Habitantes registró en 2026, con corte a inicios de febrero, 33 denuncias por hostigamiento sexual, 11 de ellas interpuestas por personas menores de edad.
Además, según el Estado de la Nación, las mujeres continúan enfrentando profundas desventajas en el ámbito laboral. Solo cuatro de cada 10 mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral, frente a siete de cada 10 hombres; la probabilidad de inserción laboral es de 37% frente a 63%; el desempleo femenino casi duplica el masculino, y la brecha salarial ronda el 9,7% en promedio, ampliándose en los quintiles de menores ingresos.
A ello se suma que el 45% de las mujeres fuera de la fuerza laboral identifica las responsabilidades de cuido como principal obstáculo para acceder a empleo remunerado, responsabilidades asociadas a la persistencia de roles y estereotipos de género.
Esta desigualdad, producto de factores estructurales, limita la autonomía económica de las mujeres y solo puede revertirse mediante políticas estatales de corresponsabilidad y el reconocimiento de las maternidades elegidas.
La paridad no es un punto de llegada. Es un punto de partida hacia la igualdad sustantiva. Cuando aumenta la presencia de mujeres en espacios de decisión, crecen las probabilidades de que temas históricamente relegados ingresen en la agenda pública: sistemas de cuido, corresponsabilidad, prevención, atención e investigación de las violencias contra las mujeres y el abordaje de la discriminación estructural.
Sin embargo, esta no elimina por sí sola la discriminación basada en género, la desigualdad económica ni las distintas formas de violencia. Aun así, no solo es evidencia de lo que es posible, sino que se convierte en un referente concreto para las niñas, adolescentes y mujeres del país: el poder político no es territorio exclusivo de los hombres.
