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En los últimos días, los costarricenses hemos sido testigos, y el país víctima, de otro montaje del Poder Ejecutivo, esta vez con vínculos externos, burdas manipulaciones y nuevas falsedades. Su objetivo: tratar de impedir que el presidente Rodrigo Chaves rinda cuentas por los casos que enfrenta sobre posible beligerancia política.
Desde que, a inicios de octubre, la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la Asamblea Legislativa levantar el fuero de inmunidad que lo protege, para que afronte 15 denuncias por esa falta, su arremetida contra la institución ha sido feroz.
Abusando de su podio presidencial, se ha dedicado reiteradamente a proferir insultos, ataques y veladas amenazas contra el TSE. Incluso, tanto él como sus más conspicuos operadores políticos, con absoluto desdén por nuestra paz social, han hablado de un inexistente intento de “golpe de Estado” institucional.
Todo esto, inaceptable como es, palidece ante la nueva maniobra: falsear hechos y manipular vínculos en el exterior, para que se sumen a sus presiones contra el proceso que enfrenta. De este modo, Chaves ha puesto de manifiesto que, para él, son mucho más importantes sus intereses personales que la verdad, la soberanía, la integridad y el buen nombre del país. La línea que ha traspasado es indigna de un buen costarricense, todavía más del presidente.
Todo comenzó el miércoles pasado, durante su tradicional puesta en escena mediática semanal. Al repetir la falsedad de que el TSE lo quiere destituir, añadió que “amigos internacionales” le estaban preguntando por la situación. Al día siguiente, como por arte de magia, aparecieron dos de ellos. Uno, Iván Duque, expresidente colombiano, aunque de mayor estatura simbólica, carece de instrumentos de presión. El otro, Mario Díaz-Balart, congresista republicano de Florida, sí puede incidir materialmente con iniciativas contra el país, porque preside un subcomité en la Cámara de Representantes con capacidad de asignar recursos externos. De ahí la mayor gravedad de instrumentalizarlo en la maniobra.
Al mediodía del jueves, Díaz-Balart publicó un comunicado en que, siguiendo las líneas discursivas de Chaves, expresó “serias inquietudes” por la posibilidad de que “un presidente en funciones –en una de las democracias más estables y consolidadas de la región– pueda ser apartado por expresiones políticas mediante procedimientos cuya base constitucional es cuestionable”. Concluyó diciendo que, “debido a estas graves preocupaciones”, había solicitado una “reunión informativa” a nuestra embajadora en Washington, Catalina Crespo.
Su comunicado tuvo un tono amenazante e intervencionista. Expresó falaces juicios de valor, basados en una total ignorancia y desdén por nuestro marco constitucional y legal, para luego decir que iba a informarse con la diplomática, cuando debió actuar a la inversa: primero indagar y luego opinar. Por esto, o se comportó con pasmosa ingenuidad, o fue cómplice o víctima de la orquestada campaña activada desde el Ejecutivo.
En cambio, hay que agradecerle que, desde el inicio, expresó, con absoluta transparencia, que se trataba de un encuentro personal con la embajadora, no de un acto oficial. Más claro no podía ser. A pesar de esto, algunos medios de comunicación afines al gobierno, o poco cuidadosos, se prestaron para la maniobra, y dijeron que Crespo había sido llamada a “comparecer ante el Congreso”. La falsedad era obvia, e inducida desde la Presidencia para atemorizar. A ella contribuyó la diplomática, quien en declaraciones a radio Monumental fue ambigua sobre la naturaleza y “gravedad” de lo solicitado por el congresista.
El TSE, de inmediato, fijó su posición al respecto, y dejó claro el fundamento constitucional y legal del proceso que se sigue al presidente. El viernes, nuestros ocho expresidentes emitieron un sólido comunicado, dirigido “a la opinión pública internacional y en defensa de la democracia de Costa Rica”, en el que despejaron las falsedades contenidas en las expresiones de Duque y de Díaz-Balart, aunque sin nombrarlos. Además, llamaron a no adoptar “versiones tendenciosas sobre nuestras autoridades electorales”, y advirtieron de que “algunos actores políticos electorales que participan en la contienda” intentan “provocar desprestigio y desacreditación del proceso electoral”. Chaves encabeza este grupo.
El generalizado rechazo del montaje tuvo positivas consecuencias. También el viernes, Crespo aclaró el carácter personal de la visita al congresista. Este, por su parte, emitió otro comunicado, sobre la “reunión positiva”, entre ambos, en la que conversaron “sobre la estrecha y duradera relación entre nuestros dos países”.
Solo Chaves insistió en la falsedad. Durante una conferencia de prensa junto al presidente panameño, José Raúl Mulino, dijo lo siguiente: “En 200 años de historia patria, nunca un aliado ha tenido que llamar a un embajador a una audiencia en el Congreso para decir: ¿qué está pasando con la democracia más sólida de América Latina, una de las más sólidas?”. Su hiperbólica frase puso de manifiesto un irrespeto claro, absoluto y deliberado por los hechos y la inteligencia de los costarricenses.
Ya la maniobra ha quedado expuesta. Al congresista se le puede dejar “pasar” su actitud, pero al presidente no, por el deber que tiene de decir la verdad y de proteger nuestra integridad como Estado soberano. En cuanto a la embajadora, al menos debería ser llamada a rendir cuentas ante la Comisión legislativa de Asuntos Internacionales, sobre las declaraciones que alimentaron la falsa versión de una convocatoria al Congreso y sobre la reunión con el congresista.
Se trata de dos asuntos muy serios: primero, por el reiterado intento de interferir en el curso normal del proceso electoral; segundo –que lo agrava–, por valerse de presiones externas y burdas falsedades para intentar lograrlo. Estamos, en ambos casos, ante hechos inaceptables, que repudiamos enfáticamente.
