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En la polémica generada por la subasta de frecuencias de radio y televisión, la Sala IV, la Iglesia católica y un ciudadano de Paraíso de Cartago enviaron este miércoles mensajes aleccionadores al país y al gobierno de Rodrigo Chaves. En todos se reafirma una misma convicción democrática: al poder se le enfrenta con instituciones firmes, con el amparo del derecho, con argumentos y, sobre todo, con decencia. También sobresale un principio fundamental y es que la libertad de expresión no se negocia, mucho menos con prebendas.
La primera lección llegó desde la Sala IV. La suspensión inmediata de la subasta, dictada por el magistrado Paul Rueda, frenó en seco un proceso que ponía en riesgo la diversidad de voces, un pilar de cualquier democracia. La resolución dice sin rodeos que la puja conlleva un “grave riesgo de una disminución significativa de los servicios de radiodifusión (…) y de daños severos”, pues –con apenas 20 ofertas para FM, una para AM y cuatro para TV– el país estaba a las puertas de perder al menos dos tercios de su oferta mediática.
Sin capacidad de participación de emisoras regionales, sin acceso para medios culturales, con precios prohibitivos y con una sombría metodología, el plan del Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) terminaba por dejar a la ciudadanía con menos opciones, voces y espacios para informarse. La medida cautelar se mantendrá mientras la Sala resuelve un recurso de amparo contra este concurso público.
Detrás del recurso está un ciudadano informado y con confianza en el Estado de derecho. Ese es otro mensaje de madurez democrática que hay en este caso. Giovanni Delgado Castro, vecino de Paraíso de Cartago, acudió a la Sala IV porque, según dijo, cree en la fuerza de las instituciones. Lo hizo por la convicción de que la radio y la televisión abierta siguen siendo el único puente informativo para miles de costarricenses vulnerables, y por el recuerdo de una infancia marcada por emisoras que acompañaron su hogar pobre. “Si callamos las voces de las emisoras de radio y de los canales abiertos de televisión, estamos callando la voz del pueblo de Costa Rica”, declaró.
Otra señal ejemplar vino de la Iglesia católica, que supo interpretar lo que Chaves y el diputado Fabricio Alvarado parecen ignorar: no se puede defender la libertad religiosa sacrificando la libertad de expresión. Por eso, la Conferencia Episcopal, conformada por todos los obispos, rechazó la oferta de un proyecto de ley promovido por el legislador y respaldado por el mandatario, el cual, lejos de resolver el problema de fondo, vulneraría el acceso equitativo al espectro radioeléctrico. La iniciativa se hizo a la medida para que medios religiosos –católicos y evangélicos– reciban el beneficio de operar sus frecuencias al margen del esquema económico impuesto por Sutel.
“La Iglesia considera que no es prudente ingresar en una lógica de prebendas especiales que ponga en riesgo la equidad en el acceso al espectro radioeléctrico. Un mecanismo de concesiones privilegiadas para medios de orientación religiosa podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias y a un manejo desigual del bien público”, advirtieron el obispo de Limón, Javier Román Arias, presidente de la Conferencia Episcopal, y Bartolomé Buigues Oller, obispo de Alajuela.
Otra moraleja la deja la respuesta del arzobispo de San José, José Rafael Quirós, a las alusiones personales que hizo el presidente este miércoles. Chaves no solo lo mencionó por nombre –o fingiendo no recordarlo– sino que lo responsabilizó de editoriales críticos y de “controlar” emisoras que, según dijo, “todos los días le tiran”. Fue un intento de victimizarse, de personalizar el conflicto, desviar la discusión institucional hacia el terreno del ataque individual y convertir al jerarca religioso en antagonista político. Quirós no cayó en el juego. No respondió con insultos, no se dejó arrastrar al ring político ni devolvió el golpe en el plano personal. Optó por preservar la altura y reafirmar que el debate es sobre principios, no de egos. “La Iglesia no entra en la lógica de las descalificaciones personales”, dijo con serenidad. “La palabra que ofrecemos busca construir, jamás dividir. Por eso, no responderemos en el plano personal, pues creemos firmemente que el país necesita diálogo responsable y altura en el debate público”. La respuesta evidenció justamente la sobriedad, el respeto y el sentido institucional carentes en el Ejecutivo.
Así, las intervenciones del ciudadano cartaginés que acudió a la Sala IV, la del magistrado Rueda, la del arzobispo y la de los obispos que rechazaron los privilegios propuestos por el gobierno, devolvieron la discusión a su cauce natural: el de los derechos fundamentales, el respeto al Estado de derecho y a los valores que deben regir toda decisión relacionada con la libertad de expresión.
Además, frente a un poder político que optó por un opaco proceso de subasta, por el ataque personal y la tentación con las prebendas, fueron la ciudadanía, la justicia constitucional y la Iglesia las que recordaron que la democracia se defiende con instituciones fuertes y principios firmes.
