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Como parte de un decantado ejercicio democrático, con varias décadas de historia, los costarricenses acudimos ayer, de nuevo, a las urnas. Lo hicimos para expresar libremente nuestra voluntad política y escoger las nuevas autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Aunque menos emotiva en sus expresiones externas y con múltiples inquietudes en el entorno, la fiesta electoral fue realidad en nuestro encuentro íntimo con las urnas y en la certeza de que los votos valen y cuentan sin distingos. Todos los costarricenses somos ciudadanos del mismo rango.
Al escribir este editorial, el escrutinio no había concluido, pero los datos eran suficientes para proclamar a Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), como presidenta electa.
Todo indica, además, que su agrupación tendrá mayoría en la Asamblea Legislativa, seguida, en orden de número, por las fracciones de Liberación Nacional y el Frente Amplio, con posibles representaciones unipersonales de la Coalición Agenda Ciudadana y la Unidad Social Cristiana.
El PPSO, sin embargo, estará lejos tanto de los 40 diputados a que supuestamente aspiraba, como de una mayoría calificada de 38 curules. Esto quiere decir que no podrá impulsar reformas constitucionales ni contar con los votos necesarios para alterar la composición de la Corte Suprema de Justicia.
Es decir, la oposición cuenta con un mandato suficiente para impedir el avance de un proyecto de control político hegemónico, capaz de vulnerar en sus raíces nuestras instituciones democráticas. Esto es algo, sin duda, importante.
Celebramos que el abstencionismo bajara y que la jornada electoral transcurriera con normalidad, pese a que estuvo precedida por una campaña en que la crispación, la desinformación, las descalificaciones y los mensajes de odio fueron múltiples e insistentes. Incluso, voces estridentes y cargadas de malas intenciones la emprendieron contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), impecable árbitro y sólido garante de la voluntad popular, al que todos los costarricenses debemos agradecer su desempeño.
La evidente transparencia y eficiencia del proceso, el músculo cívico de los ciudadanos, y la responsabilidad de la mayor parte de partidos y candidatos, se lograron imponer sobre el ruido y la desconfianza inducidos. Es algo que produce complacencia, pero no elimina una inquietud mayor, porque los grandes propiciadores y articuladores de tales embates no han sido volátiles grupos marginales o extremistas aislados, como ha sucedido en otras oportunidades. Al contrario, las arremetidas contra el TSE forman parte de una estrategia sistemática y de amplio espectro, destinada a erosionar los principales fundamentos institucionales de nuestro tejido democrático.
Su principal y más insistente vocero ha sido el presidente Rodrigo Chaves, apalancado en un grupo de cercanos operadores políticos y amplificado por un ecosistema de redes y medios de comunicación afines o cómplices. Debido a su acción, la capacidad de diálogo –rasgo esencial de nuestra cultura política– ha cedido, el tejido social se ha erosionado, la sana interacción entre los poderes de la República se ha roto, y la voluntad y capacidad para afrontar enormes retos nacionales se ha debilitado peligrosamente.
Ello explica, en gran medida, el retroceso en ámbitos tan importantes como la seguridad, la salud, la educación y la infraestructura física y virtual; también, un manejo económico centrado en los balances fiscales, con poca atención a la producción, la generación de empleo y las diversas y crecientes manifestaciones de la desigualdad.
La presidenta electa ha sido parte activa de ese grupo, y planteó su campaña desde la premisa de la continuidad. Sin embargo, debería reconocer que tal ruta será inviable por cuatro años más. Si no la modifica, podríamos llegar a puntos de no retorno en deterioro, con mayores y muy agudos perjuicios para todos.
Resolver los múltiples pendientes que se han acumulado requiere de voluntad, sentido estratégico y acciones integrales. Son muchas las tareas que no pueden abordarse en serio de forma aislada, casuística y contraria a la institucionalidad. Entre ellas, además de las urgentes mejoras en seguridad, educación y salud, están las reformas necesarias para fomentar alianzas público-privadas que permitan superar limitaciones del Estado; la agilización de los procesos de contratación pública sin abrir brechas a la corrupción; la modernización del mercado eléctrico, ahogado por un esquema ya superado, y la reingeniería de nuestro sistema de pensiones, cada vez menos viable. Es algo que hemos mencionado en otros editoriales,
Sin un golpe de timón desde el Ejecutivo, sin la construcción, desde ya, de puentes con el Legislativo y el Judicial, sin el respeto a los adversarios y sin la búsqueda de soluciones consensuadas, el próximo gobierno fracasará y dañará aún más nuestra democracia. Confiamos en que, una vez a cargo del Ejecutivo, la presidenta electa actúe en consecuencia.
