Editorial: Las grabaciones del caso Corona

Las escuchas no captaron el propósito de financiar a un candidato específico, sino la intención de permanecer atentos a los aspirantes para acercárseles con ofrecimientos de dinero. En un caso, mencionan el propósito de asesorarse con un conocedor de la política cantonal para orientar las contribuciones.

El dueño de la empresa de bebidas Minerva se manifestó interesado en desarrollar sus negocios en otros cantones porque en Poás de Alajuela ya se le habían agotado los proyectos de inversión. “Procuraría montar a alguien bueno en Santa Ana (...), ni sé quién se va a tirar, pero cuando ya alguno se tire ahí, lo busco”. Además, dijo, se podría pensar en “montar un mae en Pérez”, en referencia al cantón de Pérez Zeledón.

La infiltración del narcotráfico en los gobiernos locales no es novedad. En los años ochenta, cuando la primera embestida de este flagelo se hizo sentir en el país y en sus estructuras políticas, ya había gobiernos locales comprometidos. Las elecciones cantonales son las más vulnerables y, al mismo tiempo, las más desprotegidas. Su complejidad ha venido aumentando en número de partidos, candidatos y cargos por elegir.

La política local descansa sobre estrechas redes de relaciones personales, con muchos puntos de ingreso y pocos frenos después de lograda la infiltración. Conseguirla es relativamente barato, dadas las limitaciones de población y territorio. Las intervenciones del caso Corona no hablan de cantidades exorbitantes. “A esos maes” lo más que se les da son $2.000 o $3.000, afirmó el dueño de la fábrica de refrescos. “Son tres pesos, entonces”, respondió su interlocutor. “Después, cuando le van haciendo vueltas a uno, sí hay que seguir ayudándoles”, añadió el jefe, antes de reconocer que en otras zonas el político “muerde más duro”.

Una investigación reciente, en Corredores, desembocó en la creación de una comisión en el Congreso para estudiar la actividad del narcotráfico en las municipalidades de la zona sur, muy apetecida por su lejanía, sus costas y pistas clandestinas. La comisión fue un completo fracaso debido a la desidia de sus miembros; sin embargo, las audiencias ofrecieron a las autoridades una oportunidad para reiterar sus preocupaciones sobre el ingreso de dinero ilícito en los procesos electorales.

Guillermo Araya, exdirector del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), pidió a los diputados prohibir las donaciones en efectivo. La bancarización de las donaciones y su sometimiento a mecanismos formales de control permitiría rastrear el origen de los recursos. No hay garantía absoluta de la pulcritud del dinero empleado en una elección, pero la bancarización y el control sobre las contribuciones en especie son precauciones indispensables.

Las sugerencias del exdirector del ICD fueron secundadas por el entonces presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Luis Antonio Sobrado. El TSE propone modificar el Código Electoral para bancarizar toda donación superior a dos salarios base. La Asamblea Legislativa no suele actuar con prontitud para impulsar este tipo de reformas, pero haría bien si lo hiciera. Por lo pronto, las grabaciones del caso Corona ponen sobre aviso a candidatos, partidos políticos y electores. A todos compete impedir la infiltración del narcotráfico en la política cantonal.