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El abogado constitucionalista Fabián Silva, miembro de un grupo designado por la presidenta electa, Laura Fernández, para que la asesore sobre reformas del Estado, ha planteado una iniciativa peligrosa, impráctica, simplista e innecesaria.
En una reciente entrevista televisiva, propuso el establecimiento de bases militares estadounidenses “en Limón, Puntarenas y Guanacaste”; es decir, en todas nuestras provincias costeras. Como si fuera tan fácil. Su hipotético y fantasioso fin: “Permitir que aquellos” (se refiere a sus destacamentos) comiencen a capturar capos del narcotráfico para llevarlos a Estados Unidos.
Confiamos en que, tal como declaró el ministro de Seguridad, Mario Zamora, esa postura sea estrictamente individual y haya respondido a un impulso impensado, no a una consideración reposada. Se trataría entonces de una imperdonable ocurrencia, nada más. Aun así, por la índole de su propuesta y por la importancia de la función que pronto asumirá, su declaración no debe pasar inadvertida. Las estrategias nacionales contra el tráfico de drogas y la inseguridad en general no deben estar sujetas a caprichos o simplismos; menos, a ideas que contradicen el sentido mismo de la nacionalidad costarricense.
La iniciativa es peligrosa, porque implicaría abrir el país a un proceso de militarización que, aunque se enmarque en un fin acotado, contraviene frontalmente nuestra naturaleza civilista. También contradice un modelo de sociedad que apuesta al desarrollo humano como elemento fundacional. No es militarizando tareas civiles que corresponden al Estado nacional como se resuelven los retos de la seguridad interna. Para ello están los cuerpos policiales y las políticas públicas integrales. Es en estos ámbitos donde debemos mejorar.
Por algo, la Constitución de 1949 abolió las fuerzas armadas como institución permanente; es decir, prohibió su presencia en suelo nacional, no importa de dónde provengan ni qué se propongan. En este caso, por tratarse de militares extranjeros, no solo violentaría un elemento inviolable de nuestro contrato social, sino que cercenaría el ejercicio de la soberanía.
La iniciativa es impráctica, sobre todo, porque, debido a las razones apuntadas en el párrafo anterior, su eventual materialización requeriría un proceso legislativo y constitucional prácticamente insalvable y de resultado impredecible. Tal como explicó el especialista Marvin Carvajal en una reciente información, cualquier convenio que afecte la integridad territorial requerirá una votación de al menos tres cuartas partes de los diputados (43), convocar a una Asamblea Constituyente y obtener en ella dos tercios de apoyo. Pero un cuerpo de esta índole es totalmente autónomo en sus decisiones, de ahí la falta de certeza.
La iniciativa es simplista, porque el combate contra el narcotráfico tiene, en esencia, carácter policial. Además, debe ir acompañado de estrategias integrales en materia financiera, logística, de intercambio informativo, manejo de datos y prevención; es decir, se trata de un reto multidimensional, que debe tratarse en tal sentido.
Las bases militares foráneas no existen para abordar problemas internos de los países anfitriones, sino para proyectar poder externo. Plantear que bastaría con ellas para eliminar a los capos solo puede verse como una suerte de pensamiento mágico, inaceptable como motivador de políticas públicas. Además, implicaría que el Estado costarricense renuncie a sus deberes y potestades y “tercerice” su seguridad a organizaciones castrenses foráneas.
La iniciativa es innecesaria, porque ya contamos con la eficaz cooperación de las policías antidrogas (DEA) y de investigación (FBI) de Estados Unidos. Lo importante es potenciar sus aportes en todo lo posible, siempre en el marco del Estado de derecho. A ello se añaden, desde hace años, los acuerdos de patrullaje conjunto con el mismo país y también con la colaboración con algunos europeos.
Tal como expusimos en nuestro editorial del miércoles 4 de marzo, la mejor coordinación policial, las iniciativas de ley aprobadas por la Asamblea Legislativa y la acción de la Fiscalía y los tribunales han dado frutos en los primeros dos meses de este año. Esto hace aún más innecesaria –además de peligrosa– la iniciativa.
Si algún reto del país debe asumirse con toda seriedad, conocimiento de causa, responsabilidad y sensatez, es la seguridad. La propuesta de Silva contradice todos estos preceptos. Debe rechazarse ad portas.
