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El 23 de julio, el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley que, bajo el paraguas de la eficiencia y el combate a la evasión, buscan que el Estado cobre lo que se le debe. No son impuestos nuevos, aclara el gobierno, sino herramientas para recaudar mejor. La distinción importa menos que la pregunta de ¿por qué un país que se presenta como jaguar económico necesita ahora reinventar su maquinaria fiscal?
Las cifras de las propias exposiciones de motivos son elocuentes y, paradójicamente, demoledoras para el discurso oficial. La Dirección General de Tributación identificó redes de facturación falsa cuya cadena de comprobantes supera los ¢772.000 millones de colones. El mercado ilícito de cigarrillos alcanza el 43% del total, según un informe de la Dirección General de Hacienda de 2025, con pérdidas equivalentes al 0,12 % del PIB. Y en los juzgados que tramitan el cobro de deudas tributarias se acumulan 770.601 expedientes, con un tiempo promedio de resolución superior a cinco años, lo que convierte esa vía judicial en una ficción burocrática. Ninguno de estos datos describe una anomalía coyuntural; describen un Estado que lleva décadas sin poder financiarse con las herramientas que tiene.
Lo revelador no es que el gobierno presente reformas, porque algo hay que hacer frente a semejantes agujeros, sino que la secuencia se repita con regularidad casi litúrgica. En 2012 se reformó la Ley de Control del Tabaco con un mínimo de tributación del 85% que, 14 años después, el propio Ejecutivo reconoce que incentivó el contrabando en lugar de frenarlo. En 2018, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se vendió como la solución definitiva. En 2026, tres nuevos proyectos tapan las grietas que las reformas anteriores no sellaron. Cada gobierno llega con su plan fiscal, cada plan se presenta como imprescindible y cada uno deja al siguiente la tarea de remendar lo que no funcionó.
Hay, sin embargo, un rasgo que todas estas reformas comparten y que merece un escrutinio más severo: operan exclusivamente sobre el lado de los ingresos. El expediente 25667 busca recaudar lo evadido con facturas falsas. El 25668 recupera lo que se pierde por contrabando de tabaco. El 25669 quiere sortear unos juzgados colapsados trasladando el cobro de deudas tributarias a la vía administrativa, con facultades de embargo sin orden judicial. Los tres parten de la premisa de que el Estado necesita más recursos, pero ningún gobierno se ha detenido a examinar la premisa inversa: ¿puede el Estado costar menos?
En julio de 2022, la propia Laura Fernández, entonces ministra de Planificación, compareció ante la Comisión de Reforma del Estado con una manta de cinco metros con las 328 instituciones del país impresas. Ni siquiera esa lona alcanzó: los órganos desconcentrados de cada ministerio no encontraron sitio en algo tan grande, admitió ella misma. Fernández advirtió a los diputados de que ese aparato había crecido por decisiones de sus antecesores y ya no respondía a las necesidades ni a las condiciones económicas del país.
Cuatro años después, quien desplegó esa manta gobierna Costa Rica, y su Ministerio de Hacienda presenta tres proyectos que vuelven a centrarse solo el lado de los ingresos. Cabe preguntar, entonces, dónde quedó la manta. Ese lienzo de cinco metros es la medida real del jaguar, diagnosticada por quien hoy ocupa Casa Presidencial; no queda claro por qué la respuesta de 2026 vuelve a ser alimentarlo en vez de, por fin, reducirlo.
En Costa Rica, proponer una reforma estructural del aparato público para racionalizar instituciones, eliminar duplicidades, suprimir transferencias a entes cuya eficacia nadie evalúa sigue siendo tabú político. El debate fiscal se plantea siempre como problema de recaudación insuficiente, nunca de gasto excesivo o mal asignado. Esa asimetría blinda al aparato estatal de escrutinio y traslada la presión al contribuyente, a quien se le pide, otra vez, sostener un Estado cuyo tamaño no se discute.
La consecuencia de esta ecuación incompleta es una serpiente que se muerde la cola. Si el gasto no se toca, cada reforma fiscal nace con fecha de caducidad. No importa cuánto se endurezcan las sanciones contra la facturación falsa, ni cuántas facultades de embargo se otorguen a Tributación. Un Estado cuyas dimensiones quedan fuera de la conversación siempre necesitará más. Y siempre habrá un nuevo plan fiscal que lo confirme.
Nada de esto significa que los tres proyectos no merezcan análisis y discusión serios. Combatir la evasión organizada, frenar el contrabando y agilizar el cobro de deudas tributarias son objetivos legítimos. Pero confundir la parte con el todo, y tratar cada reforma como solución cuando es apenas un parche, impide ver el problema de fondo. Quizá le decían economía jaguar no por su agilidad, sino por su apetito voraz.
