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La política tributaria de un país no puede depender de la ingenuidad de quienes deciden en el Ministerio de Hacienda ni de la buena fe de los ciudadanos, como sucede desde hace un año con una derogatoria que ha permitido a decenas de personas pagar impuestos irrisorios por la importación de vehículos –sobre todo de lujo– al declarar valores alejados de la realidad de mercado.
Lo insólito es que la Dirección General de Aduanas no encendiera sus alarmas cuando ingresó un BMW X6 M modelo 2025 facturado en $6.000 ($7.400 al sumarle flete y seguro), aunque en Costa Rica supera los $195.000, o un Ferrari 458 CH declarado en $20.000, mientras que en Estados Unidos ronda los $200.000. Son apenas dos de los casos revelados por la periodista Natasha Cambronero en el reportaje “Hacienda abrió portillo aprovechado para pagar menos impuestos por importación de carros”, publicado el 30 de setiembre.
El origen está en la decisión del entonces ministro de Hacienda –hoy candidato a diputado–, Nogui Acosta, de derogar los decretos que establecían el cálculo de los tributos con base en tablas de valores mínimos por marca, modelo y año, y sustituirlos por un esquema que calcula el impuesto con base en la factura del bien adquirido en el exterior, e incluso mediante declaración jurada. Desde entonces, la subfacturación alzó vuelo.
Al responder a este diario, Acosta alegó que la derogatoria obedeció a la reforma legal de 2023 –aprobada por la Asamblea Legislativa y avalada por el Poder Ejecutivo– que modificó el cálculo del impuesto a la propiedad de vehículos y redujo el marchamo a partir de 2024.
Añadió: “no esperaba que los costarricenses fueran mentirosos”. Culpar al ciudadano, cuando fue el Ministerio el que relajó los controles, es un argumento endeble. Hacienda no puede fiarse de la buena fe de los contribuyentes ni aceptar, sin verificación, los valores de transacción que estos declaran. Su función es anticipar la evasión, cerrar portillos, cruzar información y aplicar reglas efectivas.
Las consecuencias están a la vista. En los primeros ocho meses de 2025, la recaudación por importación de vehículos cayó ¢29.000 millones con respecto al mismo periodo del año anterior. El dato resulta más elocuente si se considera que, en ese lapso, ingresaron 3.125 vehículos más al país.
Las dudas abundan. ¿Se elaboró un estudio de impacto fiscal antes de derogar los decretos? Decisiones de ese calado deben sustentarse en proyecciones técnicas que anticipen sus efectos. Si, como se aduce, todo se hizo en acatamiento de la ley, ¿por qué no se advirtió a tiempo sobre las consecuencias? Más preocupante aún, ¿por qué la administración no detectó facturas con precios hasta 15 veces inferiores a los de mercado? El sistema falló y debe aclararse si fue por ausencia de protocolos, supervisión o negligencia.
Es imprescindible también una auditoría que determine cuánto de los ¢29.000 millones de caída de ingresos obedece a subfacturación. El Estado deberá gastar más recursos para investigar caso por caso y litigar a fin de recuperar los montos evadidos. Son medidas inevitables que llegan tarde, porque ese portillo nunca debió abrirse. Se requiere responsabilidad política y reconocer que fue una decisión dañina no solo para el fisco.
Distribuidores formales de marcas como BMW sostienen que les resulta imposible competir con sociedades o particulares que nacionalizan vehículos casi sin tributar. Los precios al consumidor no bajan; lo que cambia es quién captura la diferencia y, en este caso, son los importadores informales.
La incoherencia se confirma si recordamos el discurso del presidente Rodrigo Chaves. En campaña, prometió que no era necesario subir impuestos, sino cobrarlos mejor. En agosto, insistió en que la evasión ronda entre $3.000 millones y $4.000 millones anuales, atribuyó la responsabilidad a los diputados y reclamó herramientas para combatirla. ¿Cómo encaja ese compromiso con una decisión del Ejecutivo que facilitó a vehículos de lujo pagar una fracción de lo debido? El discurso exige coherencia. No se puede invocar la lucha contra la evasión mientras se abren portillos que la alimentan.
A esta contradicción se suma la cadena de retrasos en Hacienda Digital, el proyecto de $156 millones destinado a modernizar la administración tributaria y aduanera, que al cierre de 2024 registraba apenas un 23,6% de avance, frente al 68,7% programado.
Las herramientas para combatir la evasión existen; lo que falta es implementarlas, más aún cuando las finanzas públicas se estrechan: Hacienda anunció un mayor endeudamiento interno este año al no concretarse a tiempo el financiamiento externo. Paralelamente, la recaudación como porcentaje del PIB se desaceleró en el primer semestre del 2025.
Al menos se perfila una corrección a la subfacturación, aunque cabe preguntar por qué no se hizo antes. En setiembre, el Ministerio sometió a consulta un borrador de decreto que combina el valor de factura con promedios de mercado. Es un paso correcto; no obstante, se requiere una fiscalización sostenida y, sobre todo, un protocolo que obligue a evaluar el impacto de cada cambio normativo. Hacienda no puede actuar con candidez ni suponer que, al retirar los controles, nadie intentará engañar al fisco. Gobernar es prever.
