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Un informe de asistencia técnica contratado por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) no deja lugar a eufemismos: Costa Rica afronta seis riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El diagnóstico es severo, pero lo verdaderamente relevante no es la radiografía del problema, sino lo que el país decida hacer con ella. El informe traza una hoja de ruta con medidas concretas que, de ejecutarse con voluntad política, podrían transformar un sistema preventivo que hoy funciona más en el papel que en la práctica.
El primer paso es elemental y, sin embargo, está pendiente: conocer con exactitud cuántos sujetos obligados existen en cada sector. La informalidad que atraviesa buena parte de las categorías evaluadas, que va desde empresas de remesas hasta abogados y contadores, impide dimensionar el universo real de operadores y el volumen económico que manejan. No se puede supervisar lo que no se conoce. Cuantificar ese universo es la condición mínima para que cualquier política de fiscalización tenga sentido.
En segundo lugar, Costa Rica debe enfrentar la incómoda realidad del efectivo. La Evaluación Nacional de Riesgos ya identificó como factor de riesgo la elevada cantidad de dinero en efectivo en circulación, particularmente en moneda extranjera. Cuando un país recibe casi cuatro veces más fondos por remesas de los que envía al exterior, la pregunta sobre el origen de esos recursos no puede eludirse. Implementar medidas que limiten el uso de grandes volúmenes de efectivo, tanto en colones como en otras divisas, es una señal de seriedad que el sistema financiero internacional espera.
El tercer frente es la debida diligencia en las empresas de remesas, el sector calificado con el riesgo más alto. Las dificultades para identificar a los clientes que envían dinero hacia Costa Rica y para rastrear el origen de los fondos convierten a estas empresas en un canal particularmente vulnerable. Revisar y fortalecer los procedimientos de debida diligencia no solo protege al sistema financiero costarricense, sino que responde a la exigencia práctica de que, sin esa información, es imposible detectar patrones vinculados a redes criminales ni garantizar la trazabilidad del dinero.
Pero quizá la reforma más urgente sea dotar a la Sugef de un régimen sancionador que no dependa de la buena voluntad de terceros. Hoy, la consecuencia más severa ante un incumplimiento es la cancelación de la inscripción del sujeto obligado, medida cuya efectividad real queda supeditada a que las entidades financieras corten relaciones comerciales con los no inscritos.
Si los bancos no cumplen esa obligación, y la evidencia sugiere que no lo hacen de manera consistente, el castigo se convierte en letra muerta. Un sistema disuasorio genuino requiere sanciones directas, proporcionales y de aplicación autónoma, no solo para los incumplidores, sino para las entidades financieras que deciden obviar el incumplimiento.
A todo lo anterior debe sumarse una reforma legislativa puntual pero significativa: la modificación del artículo 15 de la Ley 7786. Actualmente, la norma define a ciertos sujetos obligados en función de los instrumentos que utilizan, sean cheques, giros bancarios, letras de cambio, etc., muchos de los cuales han caído en desuso con la digitalización de las transacciones. La reforma debe vincular esa calificación a la actividad económica que realmente se realiza, el canje de dinero o las transferencias de fondos, con independencia del medio empleado. De lo contrario, quienes hoy ejecutan esas mismas operaciones por canales digitales o informales quedan fuera del radar preventivo. La ley debe reflejar la realidad del mercado, no la de hace décadas.
Costa Rica tiene ante sí una oportunidad que no debería desperdiciar. Los estándares del GAFI y las evaluaciones regionales del Gafilat, más que formalidades burocráticas, determinan la reputación del país como plaza financiera confiable y su capacidad para atraer inversión legítima.
Ejecutar esta agenda no garantiza eliminar el lavado de activos, pero sí envía un mensaje inequívoco de que Costa Rica no está dispuesta a ser utilizada como plataforma de legitimación de capitales ilícitos. El informe ya hizo su parte; ahora les corresponde actuar con contundencia y rapidez a quienes tienen el poder de decisión.
