12 enero

Aunque hacer predicciones es difícil, “especialmente cuando se refieren al futuro”, como afirmó el eminente físico danés Niels Bohr, el hecho es que analistas y empresarios siempre están ansiosos de tener una idea de cómo se comportará la economía en el futuro inmediato. A ese respecto, conviene tener presente una exposición, hace pocas semanas, de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, en un seminario de la firma Ecoanálisis.

Según el presidente del Central, este año la economía experimentará un crecimiento real del 2,6 %, ligeramente superior al del año pasado, de apenas un 2,2 %. Es un valor bajo. Considerando el crecimiento de la población, significa que el ingreso per cápita permanecerá virtualmente estancado. Sin embargo, según las proyecciones del Banco, el comercio y la agricultura tienden a recuperarse de las caídas experimentadas en el 2019, y eso es alentador porque son considerables fuentes de empleo y de valor agregado nacional.

Pero las previsiones de creación de puestos de trabajo no son alentadoras. La tasa de desempleo supera el 11 % de la población económicamente activa y es particularmente severa con los jóvenes. Para reducir el desempleo de manera significativa es necesario un crecimiento económico muy superior al 2,6 % previsto para este año.

También es deseable un elevado incremento del producto interno bruto porque aumenta los ingresos fiscales de manera automática y sana. Así, coadyuva a la reducción del déficit y a controlar el endeudamiento del Gobierno Central. El crecimiento de la economía y el déficit fiscal previstos son dos variables necesitadas de mucha atención, pues el objetivo de “estabilizar” el endeudamiento público —razón de la deuda con respecto al PIB, que es un indicador típico de riesgo macroeconómico— exige que el primero sea alto y el segundo, relativamente bajo.

A su vez, una mejora en la calificación de riesgo del país ayudaría a bajar el costo del endeudamiento, no solo para el sector público, sino también para el privado. Por ahora, parece difícil estabilizar el endeudamiento del Gobierno para finales del 2023, como presuponen las proyecciones oficiales.

En consecuencia, es necesario mejorar la recaudación por las vías usuales —sin encarecer tarifas ni crear nuevas cargas que tienden a desestimular el crecimiento— y asignar el gasto público prioritariamente a los sectores más necesitados de apoyo estatal, así como incrementar la inversión pública con financiamiento del presupuesto nacional o, quizá mejor, intensificar el uso activo de las alianzas público-privadas. Eso exige un control muy estricto del gasto público en renglones no prioritarios o que distan de ser equitativos, como los salarios, los pluses y las pensiones de lujo.

El gobierno debe ser firme en el control del gasto indebido, lo cual debe contar con el apoyo decidido de la ciudadanía. En el ínterin, las autoridades deben coordinar estrechamente con la contrapartida privada para crear más oportunidades de empleo para la fuerza laboral que no encuentra trabajo y está en situación de pobreza. El ajuste macroeconómico debe ir de la mano de un fortalecimiento de la red de seguridad social para no sacrificar la situación de los más necesitados y, más bien, mejorarla.

En cuanto a la inflación, las tasas de interés y la devaluación previstas para el año que comienza, no se vislumbra gran cambio respecto a lo observado en el 2019, pues —salvo que ocurra algún hecho violento o inusual— el entorno mundial es de baja inflación, la posición del país en cuanto a divisas es holgada y la demanda de crédito no cambiará mucho. En cuanto al tipo de cambio, el riesgo es, más bien, uno de apreciación del colón, lo cual atentaría contra el crecimiento, pero confiamos en que ese no sea el caso.