La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Unidad Especial de Intervención (UEI) son dos “cajas negras” dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Esto, en sí mismo, es grave, pero se vuelve alarmante cuando, a partir de esa condición, uno o ambos organismos se utilizan para propósitos distintos a los autorizados por ley. Pueden llegar a convertirse entonces en instrumentos de vigilancia, amedrentamiento y persecución, no por razones legítimas de seguridad nacional, sino por motivos políticos o, incluso, rencillas personales. En tales casos, se vulneran principios esenciales de la democracia y del ordenamiento jurídico en que esta se asienta.
Recientes denuncias de varios diputados y el fiscal general, aunadas a una total falta de aclaración ante ellas por parte de la Presidencia, a la que responden ambos cuerpos policiales, dan fuertes razones para suponer lo peor. Nos referimos a su posible manipulación como instrumento de presión contra adversarios, o personas definidas como tales, por parte del presidente Rodrigo Chaves.
Esta fundada sospecha se enmarca, además, en una línea de acción recurrente, que consiste en utilizar para tal fin, con un sentido maximalista, y a menudo inconstitucional o ilegal, los recursos administrativos de que dispone el Estado. Son varios los casos que revelan esta conducta, totalmente reñida con el buen uso de las competencias gubernamentales.
El primero fue el cierre del Parque Viva, en un fracasado intento por ahogar financieramente a La Nación, que se revirtió luego de que la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por un grupo de nuestros periodistas. Luego vino la denuncia vacía de un falso “megacaso” de evasión, realizada por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, contra el Banco BCT, entre cuyos accionistas mayoritarios está Leonel Baruch, quien también tiene esa condición en el medio digital CRHoy. Se revirtió en contra del alto funcionario, quien ahora enfrenta un caso penal por el hecho, junto a otro colaborador.
Sumemos a lo anterior el retiro del apoyo presupuestario a la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde), la toma de control de la Junta Directiva del Banco Popular y la destitución sin fundamento de la del Banco Nacional, actualmente en litigio. Al anunciar esta última decisión, el presidente solicitó a sus nuevos designados revisar un supuesto, pero inexistente, crédito a favor de una empresa relacionada con “políticos tradicionales”, lo que constituye una clara violación del secreto bancario. Luego, la identificó como el Ingenio Taboga, en la que la familia Arias Sánchez tiene una participación minoritaria, e instruyó en público al ministro Acosta para que emprendiera un examen de sus obligaciones tributarias.
Tras los propósitos específicos y el impacto directo de cada una de estas declaraciones o decisiones presidenciales, se hace evidente la intención de crear temor y amenazar implícitamente a otros actores políticos, sociales o empresariales, para alinearlos o doblegarlos a los afanes de poder del presidente. Esto es lo más grave.
En tal contexto, las denuncias formuladas por nueve diputados y el fiscal general, Carlo Díaz, sobre seguimientos en su contra –sea por parte de la DIS o la UEI–, sumadas al mutismo de la Presidencia al respecto, adquieren particular relevancia. De esto se ocupó un amplio reportaje en nuestra Revista Dominical.
A diferencia de los otros casos, sus presuntos blancos son actores de primer nivel en el ordenamiento constitucional de nuestro país. Todos han señalado como responsables a uno o ambos órganos del Estado, cuya capacidad represiva o eventual instrumentalización para vulnerar la integridad de esas personas es real, y la Presidencia no ha dado ninguna explicación aceptable al respecto.
La Ley General de Policía, de 1994, en sus artículos 13 a 20, les otorga a la DIS y la UEI atribuciones muy específicas de información, vigilancia y posible acción vinculadas directamente con la seguridad nacional, la protección de miembros de los supremos poderes y la realización de operativos de alto riesgo. Esto debería acotar claramente su accionar, sobre todo si añadimos que, el 23 de abril de este año, la Sala Constitucional dispuso que la creación y funciones de la DIS “no son inconstitucionales siempre y cuando se entienda que la labor... se encuentra sometida a los controles jurisdiccionales y administrativos previstos en el ordenamiento jurídico”.
El gran problema es que ambas policías están al mando totalmente discrecional del presidente y, en el caso de la DIS, la ley declara confidenciales “los informes y documentos internos”, que podrán convertirse en secreto de Estado por decisión presidencial.
La concentración del poder es, por ello, excesiva y peligrosa; además, no existen medios eficaces para supervisar su empleo. Todo esto se agrava si, lejos del autocontrol presidencial, lo que existe actualmente es la voluntad de manipulación con propósitos inconfesables, como han denunciado los diputados y el fiscal.
Es urgente realizar las reformas legales para que, sin perder de vista las tareas trascendentales de ambos órganos, se creen mecanismos que las enmarquen con mayor claridad, controles, transparencia y rendimiento de cuentas. Entre tanto, y dados los ímpetus autoritarios y tendencias arbitrarias del presidente, lo que se impone es una máxima alerta política y social, fortaleza de quienes sean sus blancos para enfrentar el uso indebido del poder del Estado, cualesquiera sean sus manifestaciones, y apoyo ciudadano cuando lo hagan.
