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El 5 de este mes, el fiscal general, Carlo Díaz, dirigió una carta a la presidenta electa, Laura Fernández, que celebramos por dos razones esenciales. Puso de manifiesto una gran madurez personal e institucional, algo que mucho necesitamos, y, más importante aún, puede abrir el camino para el objetivo esencial que plantea. Se trata de trabajar con respeto y de manera articulada “cada uno desde el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”.
Confiamos en que la próxima presidenta reaccione con el mismo grado de apertura y compromiso. Es importante que, a partir del próximo 8 de mayo, no solo propicie, con apego al Estado de derecho, la colaboración entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial, los órganos de seguridad y las instituciones de control, sino con el Poder Legislativo y el resto de nuestro aparato institucional.
Reforzar lo primero, tal como menciona el fiscal Díaz, “resulta necesario en esta lucha frontal contra la criminalidad” y permitirá “garantizar una respuesta estatal oportuna, eficaz y articulada, orientada a la prevención, investigación y sanción de las conductas delictivas”. Pero con ello no basta.
Coincidimos en que este tipo específico de coordinación también contribuirá, en sus palabras, “a robustecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y a asegurar el respeto al Estado de derecho”. Sin embargo, la colaboración entre los tres Poderes y otros actores estatales clave también resulta indispensable para impulsar nuestro desarrollo y abordar los múltiples desafíos y oportunidades del país. Al Ejecutivo le corresponde una posición de guía y liderazgo propositivo.
Fernández insistió durante la campaña en la “continuidad del cambio”. Tras su triunfo, y sobre todo ya en la Presidencia de la República, le corresponderá definir con precisión cuáles son los componentes de ese enunciado. En su respuesta, debería ser selectiva sobre qué mantiene y qué cambia. De su parte, el país requiere una disposición colaborativa, una actitud respetuosa y la clara conciencia de que las soluciones a muchos problemas, en particular la inseguridad, pasan por abordajes sistémicos y e integrales. Es algo muy distinto a las acciones aisladas y, todavía más, al irrespeto y la confrontación artificial.
El presidente Rodrigo Chaves optó, precisamente, por el camino del conflicto deliberado, aderezado con ataques constantes a múltiples instituciones y sus jerarcas. Dirigió una particular hostilidad hacia el Poder Judicial, con énfasis en sus salas Penal (Tercera), Constitucional (Cuarta), y la Fiscalía General y su cabeza.
Esta andanada fue directamente proporcional a las decenas de denuncias penales en su contra; es decir, se valió del poder presidencial para tratar de distorsionar a su favor el curso de la justicia. Chaves, por ejemplo, llegó a acusar al fiscal de “autoritarismo” y “matonería”; operadores suyos pagaron vallas publicitarias exigiendo su renuncia, y también organizaron una manifestación con el mismo fin, con buses pagados, la presencia del presidente y la asistencia obligada de los miembros de su gabinete.
La Fiscalía y el Poder Judicial, en cambio, tomaron el camino que les correspondía, con una adecuada muestra de firmeza y serenidad. En apego a su mandato, Díaz ha dado trámite a las denuncias o actuado de oficio ante graves indicios de posibles delitos. En varios casos, ha solicitado sobreseimiento, y por el momento ha planteado dos acusaciones. Una se originó en el caso conocido popularmente como BCIE-Cariñitos; la otra, más grave, en el presunto financiamiento irregular de la campaña de Chaves. Por la primera, la Corte Plena solicitó el levantamiento de su inmunidad para ser juzgado, pero la gestión no contó con los votos necesarios en la Asamblea Legislativa.
Para modificar el peligroso curso de choque seguido hasta ahora, la presidenta electa, más allá de las convicciones democráticas que esperamos profese, parte de una situación distinta. Cuenta con mayoría legislativa. Ha evitado confrontaciones directas e innecesarias con otros poderes. Y suponemos que entenderá muy bien lo catastrófico que sería, para su gobierno y el país, mantener la crispación y pugnas paralizantes por cuatro años más.
La carta del fiscal Díaz comienza su segundo párrafo con esta frase: “Costa Rica enfrenta hoy importantes desafíos que exigen madurez institucional, diálogo respetuoso y una visión compartida de país”. Tiene plena razón. Es desde esta premisa que, en medio de naturales diferencias, debería emprenderse de nuevo el camino del diálogo, la interacción y la colaboración. A la próxima presidenta le corresponderá tomar la iniciativa.
