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Hay encuestas que, al medir la percepción de los ciudadanos, se convierten en un reclamo a gritos. Ese clamor colectivo lo reflejan los más recientes estudios del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), y del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), de la Universidad Nacional (UNA), que retratan el desvelo nacional provocado por la inseguridad ciudadana.
En el informe del CIEP, publicado en setiembre, la inseguridad se consolidó como el principal problema del país, al ser mencionada por el 45% de los consultados, un aumento interanual de 12,7 puntos porcentuales. Por su parte, el estudio del Idespo, divulgado este 6 de noviembre, mostró un resultado aún más contundente: el 53,5% de los ciudadanos señala la seguridad, el crimen y la convivencia como la mayor preocupación nacional.
Igual de angustiante es el sentimiento de desamparo ante la ola criminal. Siete de cada diez personas dudan de la capacidad de este gobierno para resolver la creciente violencia, una percepción que crece con el tiempo, pues hace dos años el pesimismo alcanzaba al 61%, según el CIEP.
Los porcentajes hablan por sí solos, pero no pueden quedarse en el papel. Si la ola delictiva se mantiene como la principal preocupación del país, los candidatos presidenciales que aspiran a gobernar a partir del 8 de mayo de 2026 deben ser precisos ante los electores en cómo y con qué medios pretenden dar solución a este flagelo nacional.
Enfrentar la criminalidad no puede reducirse a multiplicar policías, patrullas, cárceles o leyes. Tampoco, a declarar estados de excepción ni a imitar recetas autoritarias como las de Honduras o El Salvador. Costa Rica necesita una estrategia integral que combine prevención social, inteligencia policial y control territorial sostenido.
Si el origen de este mal radica en la creciente penetración de cocaína, marihuana y otras drogas por mares y fronteras, lo lógico es exigir a los postulantes presidenciales estrategias eficaces para frenar el narcotráfico. A la vez, demandarles propuestas para llevar presencia policial a cantones, distritos y barrios donde hoy por ningún lado se les ve, lo cual empodera a los delincuentes al punto de exhibirse con armas de grueso calibre o de disparar al aire, o contra inocentes, para mostrar quién manda, como este medio ha documentado.
Es vital que la Fuerza Pública recupere el patrullaje en esas zonas, como lo planteaba desde 2023 el plan “Costa Rica Segura”, con el cual el gobierno prometió desplegar hasta 9.500 policías por día en las calles. El plan –y su nombre– parecían acertados, pero fracasó por la improvisación en su ejecución y por la incapacidad de negociar con los sindicatos policiales los nuevos roles que implicaba.
Los ciudadanos debemos estar atentos no solo a escuchar y contrastar las promesas, sino a cuestionar cómo se llevarían a cabo. La experiencia reciente lo demuestra: hubo planes, pero sin ese esencial “cómo”. Un caso es la Política Nacional de Seguridad Pública, anunciada en noviembre de 2023, que prometía reducir la tasa de homicidios a 9,5 por cada 100.000 habitantes entre ese año y 2030; disminuir la tasa de delitos de 1.181 (2019) a 1.147, y bajar los femicidios de 21 (2022) a 11 o menos. Todo sonaba muy bien, pero nunca se delineó cómo se lograrían esas metas, mucho menos con qué presupuesto. Hoy, los avances siguen ausentes.
Lejos de detenerse, los homicidios continúan en aumento, especialmente en las provincias de San José y Limón. Hasta este jueves se habían registrado 746 asesinatos -tres más que en el mismo periodo del año anterior-; de ellos, 540 (72%) corresponden a ajustes de cuentas y entre las víctimas figuran 60 personas inocentes, frente a 48 en 2024. La causa principal es que el mayor ingreso de droga al país ha multiplicado las bandas y, con estas, las disputas por el control territorial.
Desde el punto de vista humano y social, la situación es profundamente dolorosa porque cada día se pierde más el derecho a transitar con tranquilidad por el barrio o la calle, ante el temor constante de quedar atrapado en una balacera.
Pero la inseguridad también deja una huella económica. La desconfianza que genera frena el consumo de los hogares, como advierte el informe Consumer Insights 2025, elaborado por Worldpanel by Numerator (antes Kantar). A su vez, la mitad de las empresas del sector industrial afirma que la inseguridad afecta su competitividad, y siete de cada diez califican al país como “inseguro” o “muy inseguro”, según la Encuesta de Perspectivas Empresariales y Valoración de los Factores de Competitividad del Sector Industrial Manufacturero, de la Cámara de Industrias.
Es claro que la inseguridad nos alcanza a todos, de una u otra forma. Por eso será uno de los grandes temas de esta campaña electoral y, al mismo tiempo, el espejo donde se refleje la seriedad de quienes aspiran a gobernar y la madurez de quienes votan. Más allá de banderas partidarias, el país no puede permitirse seguir acosado por el miedo. De ahí que es momento de exigir a los políticos soluciones realistas y verificables.
