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El pasado martes 23 de diciembre, en Limón, la política municipal cruzó una peligrosa línea cuando el presidente del Concejo Municipal, Juan Pablo Poveda Chinchilla (Liberación Nacional), se sentó a dirigir la sesión municipal con chaleco antibalas, custodiado por dos oficiales del OIJ que permanecieron de pie, detrás de él, durante las tres horas que duró la reunión, transmitida por redes sociales.
Lo más inquietante no fue solo el chaleco ni la custodia, sino el silencio. Poveda no explicó por qué consideró necesario protegerse ante un eventual ataque armado; tampoco la alcaldesa, Ana Matarrita McCalla (matriculada con Pueblo Soberano), ni el resto de los regidores ofrecieron o exigieron una mínima justificación sobre por qué la deliberación municipal requería un dispositivo de seguridad propio de un contexto de amenaza.
Ese silencio dice más que mil palabras. En una provincia golpeada por el narcotráfico y una ola de homicidios, los espacios civiles deberían protegerse con transparencia, no con indiferencia. Conviene recordar que una sesión de Concejo Municipal es el nivel del Estado más cercano al ciudadano, el lugar donde se toman decisiones que inciden directamente en la vida del cantón. Cuando en ese espacio el miedo se sienta a la mesa y todos optan por minimizarlo, se abre la puerta para que los regidores pierdan su libertad de expresarse y decidir libremente sus votos. Eso es una amenaza que trasciende lo individual y alcanza a toda la sociedad.
Los hechos tienen un antecedente. Una semana antes, en la sesión del 16 de diciembre, Poveda se opuso a dispensar del trámite de comisión una modificación presupuestaria propuesta por la alcaldesa con dos objetivos: reconocer a los empleados municipales anualidades de hasta un 3%, con retroactividad al 2020, y financiar uniformes a 300 deportistas limonenses que participarán en los Juegos Nacionales, en ese cantón, a partir del 12 de enero.
Poveda insistió en que discutir la modificación en comisión es la norma, no la excepción, e invocó la necesidad de actuar con probidad en las anualidades y consultar con carácter vinculante a la Procuraduría General de la República, en relación con la materia legal, y a la Contraloría General de la República, en lo referente al presupuesto, para evitar errores que comprometan al Concejo y a sus miembros.
Esa justificación desató un polvorín en la veintena de personas del público que apoyaban el trámite rápido para las anualidades. Hubo gritos, suspensión de la sesión y un zafarrancho que obligó a la Policía a intervenir y a proteger la salida. Una frase registrada en videos resume la amenaza: “Es acariciarlo lo que queremos”, dijo una mujer a un oficial que le explicaba que no iban a permitir ninguna agresión.
Que un desacuerdo se transforme en intimidación es una línea roja. No puede permitirse que la presión sustituya al argumento, que el amedrentamiento suplante al voto, y que el zafarrancho se convierta en método para torcer decisiones públicas. La discusión de una modificación presupuestaria puede ser legítima, pero por eso existen comisiones, criterios técnicos, asesorías legales, consultas a los órganos de control y requisitos de mayoría calificada.
En la sesión del 23 de diciembre, Matarrita presentó una moción –que tardó 20 minutos en leer– para retomar el tema y procurar que la modificación presupuestaria se declarara en firme y no pasara por la comisión. Al final, la dispensa no prosperó por falta de la mayoría requerida (votaron cuatro contra tres). La modificación fue enviada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y Poveda –candidato a diputado del PLN por el tercer lugar de Limón– advirtió de que si hay que pagarles a los trabajadores la anualidad, se hará, pero antes debe consultarse la legalidad de la decisión, pues teme exponerse al delito de prevaricato y al retiro de credenciales.
Hasta allí, podría decirse, el sistema de controles institucionales funcionó. Pero, en medio de esa discusión, el presidente municipal debió sentarse con chaleco antibalas y protección del OIJ, y nadie consideró importante explicarlo a la ciudadanía. Ese vacío de información alimenta versiones, abre espacio a sospechas y normaliza la violencia. Si la medida respondió a amenazas por el zafarrancho previo, corresponde decirlo y denunciarlo. Si se dio por otro tipo de riesgo, mayor razón para hacerlo público.
Hay, además, un dato que vuelve la escena aún más grave. En la sesión del 23 de diciembre estuvieron sentados entre el público cinco chiquitos con gorros navideños. ¿Qué aprende un niño cuando ve que un representante local necesita chaleco antibalas para presidir una sesión? La violencia no se limita a los homicidios. También se manifiesta cuando la intimidación invade espacios civiles y cuando las instituciones dejan de comunicar con franqueza.
Los costarricenses no podemos desentendernos de esa escena navideña en Limón porque, si en una sesión municipal se requiere chaleco antibalas, es señal de alerta para todo el país. Y, frente a esa señal, el silencio no es admisible. Quienes protagonizaron esos hechos deben explicar qué ocurrió y por qué. Solo con claridad se evita que el miedo siga ganando espacios donde debería imponerse la palabra.
