EscucharLa Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) se ha convertido, paradójicamente, en un lastre para el desarrollo económico de los limonenses. El problema no radica en la entidad, sino en quienes la han administrado porque, o no tienen capacidad ni liderazgo para gestionarla, o responden a fines políticos, no técnicos, que dejan a la deriva la inversión eficiente de los miles de millones disponibles para desarrollo.
El mejor ejemplo es su ineficiencia para ejecutar los fondos del canon pagado por APM Terminals, concesionario del megapuerto de Moín. Dicho dinero debe destinarse a dar una mejor calidad de vida a los habitantes de esta provincia, históricamente relegada por gobiernos y castigada por la pobreza. El fondo acumula, hasta ahora, $102 millones (¢52.000 millones) transferidos por la empresa holandesa, la cual, de acuerdo con el contrato, debe desembolsar mensualmente el 7,5% de sus ingresos brutos.
La administración y ejecución de estos recursos corresponde a Japdeva, cuya responsabilidad es destinarlos exclusivamente a proyectos que impulsen el desarrollo de la vertiente atlántica. Sin embargo, en los últimos dos años –de enero de 2023 a diciembre de 2024–, la Junta apenas ejecutó 2,7% de esos $102 millones, como lo dio a conocer La Nación el 22 de marzo, con base en una auditoría de la Contraloría General de la República.
Esa ínfima ejecución de los recursos refleja ineficiencia administrativa y ausencia de estrategia de desarrollo integral y de largo plazo para Limón, pero, a la vez, falta de compromiso con una región que lleva décadas esperando por inversión para ser más competitiva.
Igual de preocupante es que el fondo continuará creciendo durante tres décadas y que quienes mandan en Japdeva seguirán siendo los responsables de administrarlos e invertirlos, lo cual, sin duda, causa incertidumbre y desconfianza, sobre todo cuando se apostó a que ese canon iba a reducir las profundas brechas de desigualdad que existen entre el Caribe y el Valle Central. La Contraloría, en su auditoría, descubrió que de los 16 proyectos con convenios firmados entre 2022 y 2024, 12 ni siquiera han comenzado su etapa constructiva y Japdeva tampoco tiene claridad sobre la fecha de inicio.
Otro hecho grave es que quienes laboran allí no realizan un seguimiento oportuno de los pocos planes aprobados. Como si fuera poco, los $2,7 millones ejecutados en dos años “no han sido utilizados en proyectos prioritarios considerando los criterios de impacto establecidos por la propia entidad”, concluyeron los auditores. No sorprende que, ante la existencia de ¢52.000 millones sin utilizar, el gobierno de Rodrigo Chaves presentara en diciembre un proyecto de ley para tomar ¢9.500 millones (18% del canon) con el fin de cubrir una deuda que Japdeva mantiene con sus trabajadores. La Casa Presidencial respaldó la iniciativa con una carta en la que los propios alcaldes limonenses solicitaron el uso de esos fondos para cancelar el reclamo planteado por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
El 4 de marzo, 40 legisladores aprobaron de forma unánime la ley en segundo debate, aunque, afortunadamente, incorporaron una cláusula que modificó las condiciones del plan original. Tanto Hacienda como Japdeva deberán reintegrar, por partes iguales, la totalidad de los recursos al fondo del canon en un plazo de 10 años; no se trata de un regalo, sino de un préstamo que deberá ser devuelto íntegramente.
En esta coyuntura de concesiones políticas, tanto Hacienda como Japdeva deben ser emplazados a definir cuanto antes un plan de pago. Además, quienes están al frente de la administración del canon deben ser conminados a establecer un rumbo claro y estratégico para los recursos que genera el megapuerto.
La Contraloría instruyó a la Gerencia de Japdeva a elaborar un plan estratégico de largo plazo que permita direccionar adecuadamente los recursos, con la advertencia de que deberán priorizarse proyectos de alto impacto en el desarrollo de la provincia. Además, exigió la creación de un mecanismo de evaluación y monitoreo que garantice el uso efectivo de los fondos y asegure el mayor beneficio económico-social para Limón.
Con ese lineamiento, el gobierno debería llamar a cuentas a sus representantes e instarlos a cumplir la directriz, poniendo énfasis en proyectos valorados bajo criterios técnicos y no políticos.
La inacción de los altos mandos de Japdeva no debe tolerarse más, pues impide que las comunidades de Limón accedan a infraestructura, servicios y oportunidades que les han sido negadas por décadas.
Tampoco puede aceptarse la falta de visión, de metas claras y de indicadores de impacto, porque se alimenta más la desconfianza de los limonenses y se perpetúa su exclusión. Y debemos advertirlo: si Japdeva continúa demostrando semejante ineficacia, el gobierno y los diputados deberán evaluar otro modelo de administración del canon. El dinero acumulado es mucho, pero la inoperancia también. Son demasiados los años que los limonenses llevan esperando una transformación y no se les puede condenar a más esperas.
