EscucharEn su más reciente evaluación sobre la marcha de nuestra economía, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mostró satisfacción por lo alcanzado durante los últimos años, sobre todo en indicadores macro; sin embargo, también planteó importantes observaciones y sugerencias de política pública. Sus valoraciones están incluidas en el Informe Final del monitoreo que realiza anualmente a los países socios, emitido el 13 de este mes, según el artículo IV de su Convenio Constitutivo.
El documento destaca, por ejemplo, un crecimiento económico promedio del 5% anual desde 2021; el positivo impacto de las reformas generadas por nuestro ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en mayo de ese mismo año; la solidez de nuestro marco normativo; una mejora paulatina en el déficit fiscal y en la relación entre deuda pública y producto interno bruto (PIB); la expectativa de que la inflación se ajuste a la meta del Banco Central (3% anual), y la salud de nuestro sistema financiero, a pesar de las crisis que han afectado recientemente a algunos de sus operadores.
La institución también alertó sobre el impacto negativo de factores externos, en particular la guerra comercial emprendida por el presidente Donald Trump y la imposición de un arancel del 10% a nuestras exportaciones hacia el mercado estadounidense. No solo podrá encarecer los productos que le vendemos, sino reducir la demanda y, en consecuencia, afectar la inversión extranjera directa. Por esto, estima que el crecimiento económico apenas sobrepasará el 3% este año, con perspectivas similares hasta 2028: razonable, pero insuficiente.
Además, puso el dedo en la llaga de un tema largamente discutido y también postergado: la necesidad de que la consolidación fiscal hacia la cual se ha avanzado lentamente desde la aprobación de la reforma en 2018, dependa menos de la reducción de los egresos y más de incremento en los ingresos. De hecho, menciona que esta ha dependido “casi exclusivamente” de lo primero.
No es que considere inconveniente reducir el gasto, algo que –añadimos– siempre debería tener una dimensión estratégica y no solo contable, como ocurre actualmente. De hecho, resalta la importancia de los topes a su crecimiento impuestos por la regla fiscal y menciona la posibilidad de un congelamiento temporal en los salarios del sector público, algo que hasta el propio ministro de Hacienda, Nogui Acosta, considera políticamente inviable.
Sin embargo, aunque no lo plantea explícitamente, el FMI reconoce el gran costo social que implica mantener un enfoque tan dependiente de contener egresos. Su propuesta al respecto es impulsar una reforma fiscal “destinada a incrementar la equidad, la eficiencia y la relación entre ingresos y PIB, que permitiría un mayor gasto (nosotros preferimos llamarlo inversión) en capital humano, infraestructura y asistencia social”. También plantea la necesidad de solucionar la disputa en torno a la deuda de Hacienda con la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyo acumulado, según esta última, equivale al 8,5% del PIB.
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La iniciativa de reforma fiscal contiene diversos elementos; entre ellos, mejorar la recaudación y la gestión de deuda, evitar legislación que reduzca los ingresos, y aplicar el impuesto de renta sobre los ingresos unificados de las personas físicas. Pero su eje central es reducir o eliminar las exoneraciones a ese tributo, que en la actualidad benefician, entre otros, a las empresas en zona franca (el mayor porcentaje), las cooperativas, los aguinaldos, los premios de lotería y el salario escolar.
En relación con las primeras, sugiere promover la implementación del impuesto mínimo global del 15%, impulsado por la OCDE y ya vigente en varios países de Europa y algunos de Asia, pero férreamente rechazado por la actual administración estadounidense, y nada fácil de implementar.
En el actual momento político, una eventual reforma fiscal no tiene posibilidades algunas de avance, ni siquiera discusión. El ministro Acosta, por ejemplo, a pesar de sus manifestaciones pasadas en tal sentido, ahora descarta la idea y reitera la importancia de mejorar la recaudación, un instrumento con claros límites. Sin embargo, es necesario, ojalá tan pronto pasen las próximas elecciones, abrir un debate profundo, sereno y con abordaje sistémico, sobre el sistema tributario costarricense, incluyendo tanto las exoneraciones de renta como del impuesto al valor agregado, que en conjunto se conocen como gasto tributario.
El Fondo resalta que, mientras la recaudación en Costa Rica (incluyendo cargas sociales) representa el 21% del PIB, el promedio de la OCDE es del 34%. Las metas y los instrumentos son parte de lo que debe incluir la eventual discusión, lo mismo que los costos-beneficios de los eventuales tributos, en particular los que pudieran llegar a plantearse sobre las empresas en zonas francas; también, la compensación, mediante inversiones que generen mejores servicios, adecuada capacitación del recurso humano, mejor infraestructura y mayor competitividad general de la economía.
Se trata, en síntesis, de abordar un tema esencial de política pública, postergado por una mezcla de la positiva inercia que generó la reforma del 2018 y el desdén del Ejecutivo por liderar y buscar acuerdos al respecto. El diagnóstico del FMI debería servir como incentivo para avanzar en tal sentido.
