
Las malas noticias provenientes del norte del continente no cesan. Con menos de diez meses en el cargo, la segunda administración de Donald Trump se ha convertido en una especie de amenaza persistente para los intereses nacionales –un efecto colateral de decisiones generales–. Apenas iniciada, desencadenó una guerra arancelaria innecesaria que culminó en la imposición unilateral de una tasa del 15% sobre los bienes costarricenses, en flagrante violación de las disposiciones y principios del acuerdo comercial que, por casi dos décadas, ha regido las relaciones entre ambos países.
En su momento, la administración cuestionó también los alcances de la Ley CHIPS, promulgada en 2022 para impulsar la investigación y la fabricación nacional de semiconductores en Estados Unidos, cuyo componente educativo y de capacitación iba a aprovecharse para elevar la calidad de la fuerza laboral en Costa Rica, por ser nuestro país un socio que se suponía confiable y privilegiado en el afán estadounidense de reducir la dependencia de Asia en un sector estratégico.
Adicionalmente, se ha empeñado en debilitar los organismos y acuerdos multilaterales, vitales para un país pequeño y relativamente vulnerable como el nuestro, especialmente en el caso de la Organización Mundial del Comercio y su mecanismo de solución de diferencias, paralizado desde hace años por el bloqueo de Estados Unidos.
Pero las afectaciones para Costa Rica no terminan ahí. La administración Trump inició recientemente una investigación, con base en la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, para determinar si las importaciones de implementos médicos afectan su seguridad nacional.
Dicha legislación, promulgada en 1962, otorgó amplias facultades al Poder Ejecutivo para negociar reducciones arancelarias y ajustar la política comercial con el fin de expandir el comercio y fortalecer la economía estadounidense en el contexto de la Guerra Fría, permitiendo a la vez imponer restricciones a las importaciones –principalmente de acero y aluminio– por razones de seguridad nacional.
Hasta ahora no se conoce con precisión cuáles bienes quedarían cubiertos por las eventuales medidas restrictivas, ni si estas regirían además de, o en sustitución de, los actuales “aranceles recíprocos”, quizá previendo un revés judicial que declare su ilegalidad, como han sostenido diversos sectores y académicos estadounidenses.
Para Costa Rica, el alcance y los resultados de esta investigación resultan cruciales, pues el conglomerado de dispositivos médicos es hoy el sector industrial más dinámico: está conformado por más de 235 empresas, genera más de 60.000 empleos y se ha constituido en el principal rubro de exportación.
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Como recomiendan varios especialistas en la materia, la reacción del país no puede limitarse a “ver y esperar” mediante un simple monitoreo de lo que ocurre en Washington D.C. Se requiere una diplomacia profesional y activa que, con el respaldo de la firma de cabildeo acertadamente contratada por Comex, incida de forma efectiva en las decisiones que afectan nuestros intereses comerciales. En las últimas tres décadas, Costa Rica ha realizado un esfuerzo extraordinario para atraer inversión extranjera –principalmente estadounidense– en este sector, capacitar adecuadamente a su fuerza laboral, promover una red robusta de proveedores locales y, en general, crear las condiciones propicias para el exitoso desenvolvimiento del clúster.
Ese gran esfuerzo no puede echarse por la borda, sobre todo porque se trata de una industria profundamente integrada a la economía estadounidense, enlazada con eslabones clave de las cadenas de suministro globales y beneficiosa no solo para Costa Rica, sino también para la competitividad de las propias transnacionales de ese país. Por ello, estas empresas deben ser el principal aliado en la tarea de convencer a las autoridades norteamericanas de que el futuro del sector depende de una alianza estratégica sólida con países como el nuestro.
En el plano interno, todas las fuerzas políticas y empresariales deben cerrar filas para respaldar cualquier esfuerzo que conduzca a que la relación con nuestro principal socio comercial se haga de manera acertada, satisfaciendo nuestros intereses sin sacrificar los principios que históricamente han guiado la política exterior y comercial del país.
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Este llamado es especialmente pertinente para quienes aspiran a la Presidencia de la República. La complejidad del entorno externo y la relevancia de los intereses en juego exigen que el tema sea abordado en la campaña electoral con la seriedad, claridad y visión que las circunstancias demandan.