Editorial: Fallida comisión investigadora del narcotráfico

El primer vínculo entre el gobierno local y el grupo de González lo establecieron el OIJ y la Fiscalía cuando detuvieron, el mismo día, al presidente del Concejo Municipal, José Bernabé Chavarría Hernández. Al regidor se le atribuye colaboración con miembros de la organización en “trámites de permisos municipales”. Se le liberó con monitoreo electrónico, impedimento de salida del país y obligación de presentarse a firmar una vez al mes y mantener domicilio fijo.

Más tarde se supo de la visita del diputado Gustavo Viales, secretario general del Partido Liberación Nacional, al condominio Anderes, en San Joaquín de Flores, donde González había sido detenido. Viales, hijo del alcalde de Corredores, asegura haber pasado a recoger una información enviada de la zona sur por el presidente municipal Chavarría Hernández.

La información, dijo Viales, comprendía denuncias sobre el proceso de vacunación, la situación de los hospitales y testimonios de vecinos de la zona grabados en un dispositivo USB. Nunca se explicó con claridad por qué la transmisión de los datos no se efectuó por correo electrónico, especialmente cuando, al menos una parte, la del USB, ya estaba digitalizada. Tampoco se supo más de las denuncias sobre la campaña de vacunación y la infraestructura hospitalaria.

Casi al mismo tiempo, salió a la luz la denuncia anónima sobre el puente “fantasma” construido en una propiedad de Darwin González en Corredores. Según los denunciantes, en la obra se utilizó maquinaria y personal de la Municipalidad. La Nación viajó a la zona y condujo una investigación que reveló importantes detalles del caso.

Primero, constatamos la existencia del puente y, utilizando registros satelitales, demostramos la reciente construcción. No había otra forma de hacerlo porque la estructura está dentro de la propiedad vinculada con González, en Río Bonito. Conduce a una embotelladora de agua que el detenido pensaba operar.

También constatamos y publicamos la inexistencia de permisos en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el Ministerio de Ambiente y Energía y la propia Municipalidad para la construcción del puente. Cuando se les preguntó al respecto, el alcalde Viales y el ingeniero municipal rehusaron decir si la Municipalidad aportó recursos para la obra.

Cuando el equipo de La Nación visitó el sitio, pudo comprobar la tensión de la comunidad circundante. Eran evidentes las cámaras de vigilancia y, desde un pueblo cercano, alguien alertó de la visita. El rótulo del proyecto de la embotelladora fue cubierto con una bolsa negra para evitar la toma de fotografías.

La supuesta comisión investigadora tuvo delante al alcalde Viales, ahora detenido, y también al diputado Viales. Contaba con la información publicada y pudo tener acceso a más, pero no encontraron motivos para ahondar. Ni siquiera se le mencionó en el informe final de la comisión. El alcalde aprovechó la comparecencia para informar triunfante, en las redes sociales, sobre la presentación de certificaciones y otras supuestas pruebas de descargo.

En un claro afán de poner fin a la comisión, los legisladores rehusaron llamar a más testigos y ni siquiera los asiduos visitantes de la Asamblea Legislativa detenidos en el marco del caso Turesky fueron interrogados, pese a múltiples y bien documentados vínculos con el diputado socialcristiano Óscar Cascante.

La moción para poner fin al remedo de investigación se aprobó con los votos de Jorge Fonseca y Karine Niño, de Liberación Nacional; Floria Segreda Sagot, de Restauración Nacional; los independientes Zoila Volio y Erick Rodríguez Steller; y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano. El único voto en contra fue de Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana.

Semanas más tarde, cuando afloraron nuevas razones para lamentar el pésimo trabajo investigador, Otto Roberto Vargas recapacitó: la comisión “nunca cumplió su cometido... Todos aprovecharon la oportunidad para denigrar a su adversario y llevar agua para su molino… Pudimos haber hecho más”.