EscucharCuando el combate a la evasión fiscal podría utilizarse como justificación para acceder a los datos privados de toda la ciudadanía, es momento de ponerse en guardia. Tal preocupación adquiere pleno sentido tras la orden de la Dirección General de Tributación, del Ministerio de Hacienda, a las empresas de telecomunicaciones Claro, Liberty y Kölbi para que entreguen las bases completas de sus clientes: nombres, cédulas, direcciones, números de teléfono, contratos e incluso coordenadas geográficas.
La magnitud de la exigencia —que abarca más de 14 millones de contratos— despierta intranquilidad sobre los límites del poder público frente al derecho a la intimidad.
La justificación oficial es combatir la evasión, pero en realidad hay algo más profundo: si se está vulnerando el principio constitucional de autodeterminación informativa que permite a cada ciudadano decidir quién accede a su información personal, cuándo y con qué fines. Este principio está consagrado en el artículo 24 de la Constitución y se refleja en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales (Ley 8968) y la Ley General de Telecomunicaciones.
Tributación asegura que su solicitud se ampara en el inciso f del artículo 8 de la Ley 8968, el cual permite excepciones al derecho de protección de datos para facilitar la “eficaz actividad ordinaria de la Administración”. Esta interpretación resulta forzada. Lo que esa disposición prevé son limitaciones justificadas y proporcionales, no la entrega masiva de datos sin un fundamento individualizado.
El Estado puede y debe investigar a quienes evaden impuestos, pero esa facultad no le autoriza a recolectar datos sensibles de personas que no están bajo investigación ni han cometido infracción alguna. Una cosa es solicitar información puntual en casos concretos de presuntos evasores; otra es exigir los datos de todos los abonados.
En su planteamiento, Tributación incurre en contradicciones. Afirma que los datos se utilizarán “exclusivamente para investigar presuntos infractores”, pero ¿por qué solicita las bases completas de todos los clientes? Alega fines tributarios legítimos, pero en año preelectoral surgen dudas razonables sobre un posible uso político de esos datos.
Por fortuna, dos empresas han mostrado resistencia. Liberty rechazó entregar los datos por considerar que la solicitud carece de sustento legal. Claro pidió una prórroga para analizar su posición. El estatal Kölbi, en cambio, ha guardado silencio. ¿Los entregó?
Existe, además, otra inconsistencia. Tributación alega que desde 2012 solicita y recibe información puntual de empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, es la primera vez que exige este volumen de datos personales, con tal nivel de detalle y sin diferenciar entre contribuyentes morosos y ciudadanos sin antecedentes.
En este escenario, lo correcto es que Tributación y Hacienda respalden su posición solicitando a la Procuraduría General de la República un criterio sobre la legalidad de su interpretación. Asimismo, es fundamental que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) actúe conforme al artículo 16 de la Ley 8968, que la obliga a velar por la protección de los datos de personas físicas y jurídicas.
Aunque Tributación y Hacienda prometen un uso confidencial de la información, no puede ignorarse el riesgo de filtraciones, mal manejo o utilización indebida.
Hay antecedentes que sustentan los temores. Imposible olvidar el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), epicentro de un escándalo en el gobierno de Carlos Alvarado. En febrero de 2020, mediante un decreto que también se amparaba en el inciso f del artículo 8 de la Ley 8968, se instruyó a instituciones públicas a dar acceso a esa unidad política a información de carácter “confidencial” sobre los ciudadanos, una acción declarada inconstitucional.
Tampoco puede pasarse por alto el llamado “megacaso de evasión fiscal”, nombre con el que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el director de Tributación, Mario Ramos, denunciaron en enero de 2023 a una sociedad vinculada a Leonel Baruch, accionista de CRHoy, medio crítico del gobierno. La acusación resultó infundada, y lo más preocupante es que Hacienda y Tributación la respaldaron en datos tomados de un video anónimo en TikTok. Este “megacaso” puso en entredicho el rigor en el manejo de datos y denuncias.
Tributación también dio una orden controversial en julio del 2022, cuando autorizó dar al Banco Central datos sin anonimizar de todas las facturas que se tramitan en el país. Sí, el Estado cada vez sabe más de la vida privada de los ciudadanos.
El combate contra la evasión fiscal es necesario, pero debe realizarse dentro del marco del respeto a las garantías individuales. Y si algo deben enseñarnos los escándalos es que la confianza ciudadana solo se construye con acciones que respeten la ley y los principios democráticos. Hoy exigen nombres, cédulas, direcciones, teléfonos, contratos y coordenadas geográficas. Mañana puede ser más.
