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La esperanza de vida de quienes nacen en el cantón de Montes de Oca es de 85 años; en Montes de Oro, Puntarenas, de 75,9 años. Esta considerable diferencia ilustra con dramatismo uno de los tantos factores de desigualdades regionales que padece el país, y que, en este caso, como en el de la mortalidad infantil, tiene un impacto directo en la supervivencia de vidas humanas.
Los dos cantones mencionados ocupan, respectivamente, la mejor y la peor posición de esa variable, entre las muchas que conforman el quinto Índice elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del 2020 al 2024.
De los 10 con mayor longevidad proyectada, que va de 84,2 a 85 años, ocho están en las provincias de San José, Heredia, Alajuela y Cartago, dos en Guanacaste y ninguno en Limón y Puntarenas. En cambio, entre los 10 en la base, con promedios de 75,9 a 78,6 años, seis son de estas dos provincias, dos de San José, uno de Guanacaste, uno de Alajuela y ninguno de Heredia. Montes de Oro y Parrita, ambos puntarenenses, fueron los que más retrocedieron; Tibás (josefino) y Oreamuno (cartaginés), los que más mejoraron.
El promedio nacional, de 81,05 años (78,57 entre hombres y 83,53 entre mujeres), es superado en 51 de los 84 cantones. Además, tiene un nivel similar al de varios países con alto desarrollo económico. Todo esto revela un notable éxito en las políticas sociales universales –así como de las inversiones que las han sustentado– seguidas durante décadas, aunque debilitadas por la presente administración.
Lo grave es el desigual impacto, que también se revela, por ejemplo, en la mortalidad infantil. En este caso, la realidad es más inquietante. En el 2024, la tasa promedio nacional alcanzó el peor nivel en 22 años: 10,3 muertes de niños en su primer año de vida por cada 1.000 nacimientos. Diez años atrás fue de 7,98. En medio de este deterioro, la desigualdad regional de nuevo se hace presente, según reveló también el CPC.
Existen 26 cantones (el 30,95%) que el CPC considera “en alerta”, pues en el 2024 superaron una tasa de moralidad infantil de 12, que es el umbral establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerarla un problema de salud pública. En los últimos cinco años, el número en esta categoría se ha quintuplicado. Los siete que han superado esa cifra en al menos tres de los cinco años son La Cruz (Guanacaste), León Cortés y Dota (San José), Montes de Oro (Puntarenas), Orotina (Alajuela) y Talamanca (Limón). Ninguno se ubica en la Gran Área Metropolitana (GAM).
Las provincias con mejores desempeños en ambos indicadores están ubicadas –al menos en buena parte– en el centro del país. Las costeras, que también son fronterizas, padecen los peores. La dimensión regional ofrece algunas pistas importantes para entender y abordar estas y otras grandes diferencias en desarrollo humano. Sin embargo, no permite llegar a conclusiones más detalladas, sustentadas y relevantes para entender y superar las virtuales fracturas a que nos hemos referido.
Las razones deben ser desgranadas mucho más, y diversos especialistas han apuntado no solo a posibles causas, sino también a acciones para superarlas.
Tal como mencionó el neonatólogo Jaime Lazo, “la mortalidad infantil es multifactorial. No tiene que ver exclusivamente con factores biológicos ni exclusivamente con factores del sistema de salud”. A ellos hay que sumar aspectos culturales, variables socioeconómicas, las condiciones sanitarias de los hogares, la longitud del periodo de gestación y el peso a la hora de nacer, entre muchos otros factores.
Sin embargo, para convertir las presunciones, aunque bien sustentadas, en política pública, es necesario realizar, como ha dicho la infectóloga pediatra y exministra de Salud, María Luisa Ávila, una rigurosa “minería de datos” y analizar caso por caso.
Al referirse a cómo afrontar las enormes diferencias en la esperanza de vida al nacer, el economista Andrés Fernández Arauz, coordinador del Índice de Competitividad, menciona la necesidad de mejorar el acceso a salud preventiva y curativa, la alimentación de calidad, la seguridad y los espacios de recreación.
¿Cómo poner en práctica estas y otras recomendaciones? Existen, por supuesto, tareas individuales, pero lo fundamental es mejorar el diseño e implementación de políticas públicas que atiendan de manera integral el problema de la desigualdad, sea regional, socioeconómica o de acceso a los servicios estatales. Como bien dice Fernández, “no estábamos tan bien como creíamos. Hay muchas disparidades en nuestro territorio; hay varias Costa Ricas”. Es imperativo atenderlas con adecuadas estrategias, que integren instituciones y objetivos, y se apliquen con eficiencia, pero sin dilación. Los éxitos pasados pueden ser una excelente guía.
