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El apoyo a la democracia goza de una salud buena y estable entre los costarricenses. No llega a los extraordinarios niveles que alcanzó entre 1978 y 1995 –el mayor, de 87%, en 1983–, pero alcanzó 66% de respaldo en la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), realizada entre el 6 y el 15 de octubre. Se trata de una cifra ligeramente superior al promedio de sus mediciones durante este siglo.
Además, En una escala de 1 (nota menor) a 10 (la mayor), el enunciado “Costa Rica es un país libre y democrático” tuvo 7 puntos; “un país pacífico”, 6 puntos, y “un país protector de la democracia”, 7,5.
El resultado se puede calificar de muy satisfactorio, sobre todo si tomamos en cuenta dos aspectos: por un lado, los sistemáticos ataques desde el Poder Ejecutivo y algunos de sus aliados a la institucionalidad de la que, en enorme medida, depende el ejercicio democrático; por otro, los enormes desafíos y hasta retrocesos que hemos experimentado en aspectos cruciales para la vida, como la seguridad, la educación, la salud, el transporte y la equidad socioeconómica.
Lo anterior quiere decir que las convicciones tienen profundidad y se mantienen enraizadas pese a los embates y problemas reales; también, que una significativa mayoría de ciudadanos puede distinguir entre la naturaleza y bondad del sistema y las falencias de distintas instituciones o personas encargadas de articularlo y gestionarlo.
Otros resultados, arrojados por estudios comparativos sobre percepciones políticas a escala latinoamericana, dibujan una buena imagen. Por ejemplo, en la encuesta hemisférica Latinobarómetro de 2024, 63% de los costarricenses manifestó que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, solo superados por Argentina y Uruguay, y con seis puntos porcentuales más que el año previo. Apenas 17% respondió que le daba lo mismo un régimen autoritario que uno democrático (cinco puntos menos que en 2023), y 45% se mostró satisfecho con ella (cuarto mejor lugar).
Otro estudio, Barómetro de las Américas, reportó que, en 2023, el 86% de los costarricenses identificaba al país como una democracia. Nada garantiza que se mantenga tan alto porcentaje, pero es difícil que haya caído significativamente. Y otro dato importante fue que los índices de apoyo al sistema y a la tolerancia se mantuvieron en los niveles promedio de las últimas dos décadas, entre los mejores de Latinoamérica.
La conclusión a la que podemos llegar es que la cultura democrática es muy robusta en el país. Por ella se entiende, según el concepto más aceptado, el conjunto de valores, símbolos, convicciones, mitos e ideales compartidos por una población que conforman el sustrato y sostén intangible de la democracia.
Sobre él descansa lo que Jan-Werner Müller, gran experto en la materia, llama su “infraestructura crítica”. La componen tanto las instituciones formales del Estado, su entramado constitucional y legal, y los procedimientos que emanan de él, como una serie de actores autónomos. Entre ellos están los partidos políticos, movimientos gremiales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, religiosas, étnicas o culturales.
Del desempeño de esos actores y normas dependerá la calidad del quehacer democrático, y que su cultura se vea reforzada o debilitada. En este sentido, la encuesta de CIEP hace sonar importantes timbres de alerta fundamentales. Desafían cualquier tentación de complacencia que pueda suscitar el considerable apoyo y satisfacción de que goza.
Solo una cuarta parte de la muestra dijo simpatizar con algún partido político; 55% aún se mantiene indecisa sobre el candidato o candidata de sus preferencias, el mayor porcentaje respecto a octubre de 2017 y octubre 2021.
Su encuesta de setiembre, destacó a la UCR, de nuevo, como la institución mejor evaluada, con 8,5 puntos de 10 posibles. Otras reciben notas aceptables, pero no destacadas, como el Banco Central (7), el Organismo de Investigación Judicial (6,9), el Tribunal Supremo de Elecciones (6,7), la Contraloría General de la República (6,3) y la Sala Constitucional (6,1). La Asamblea Legislativa y los partidos, en cambio, apenas acumulan 4,5 y 3,7, respectivamente.
Esas valoraciones se han mantenido estables desde 2019, pero muestran que existen focos de debilidad en instancias esenciales para el desempeño de la democracia. Si a esto sumamos desconfianza en la capacidad del gobierno para abordar la inseguridad, que se percibe como el mayor problema, existe el riesgo de que el resultado sea un debilitamiento paulatino de sus bases conceptuales y culturales compartidas.
A lo anterior debemos añadir la proliferación de la desinformación, potenciada por las plataformas digitales y redes sociales, que contamina seriamente el debate público y generan confrontaciones artificiales, pero peligrosas.
Un ejercicio de “nube de palabras” en la última encuesta de CIEP, reveló la tendencia a valorar la democracia “como condición de vida basada en la autonomía personal, la convivencia pacífica y el ejercicio efectivo de sus derechos individuales”. Esto es bueno, porque, en última instancia, la vivencia cotidiana es clave, pero también inquieta que no exista una valoración igualmente explícita de las instituciones que la hacen posible.
En síntesis, el apego a la democracia como sistema es sólido, se ha mantenido y hasta muestra ligeras mejoras en años recientes. Sin embargo, existen señales preocupantes sobre cómo se aprecia su desempeño, debilidades en su buena gestión, y riesgos evidentes de actores que intentan vulnerarla. Tomémoslo en cuenta, para mantener una actitud de defensa permanente y una voluntad de mejora constante. Siempre es importante; más con miras a un proceso electoral.
