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Durante dos décadas, cuatro gobiernos sucesivos celebraron un modelo de gestión que conjunta esfuerzos privados con soporte estatal. Como Alianza-Público-Privada para el Desarrollo (APPD), Fundación Parque La Libertad opera, en terrenos donados al Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), uno de los experimentos más exitosos de su tipo en la región.
Sus aportes a cultura y arte son los más visibles: la formación que brinda a artistas escénicos, audiovisuales, diseñadores. Pero también da formación técnica a bajo costo o gratuita, ofrece 32 hectáreas de oxígeno en una zona ávida de oportunidades –compartida entre Desamparados, La Unión y Curridabat– y alberga actividades educativas, recreativas y para emprendedores. Es un laboratorio de sostenibilidad, innovación y desarrollo junto con más de 120.000 usuarios anuales. El MCJ financia terreno y salarios; la fundación obtiene donaciones y recursos, y diseña y gestiona el proyecto.
Tan exitosa ha sido la relación con el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) que el actual ministro, heredado de la administración anterior, lanzó allí un programa conjunto de fomento a la gastronomía local, proyectos de emprendimiento e innovación. Por medio del esquema de APPD, ha contratado servicios como las recientes encuestas de Cultura y de Juventud o lanzado, con donaciones y fondos privados, iniciativas de toda índole.
Por eso, sorprende que el ministro Jorge Rodríguez Vives plantee una solución en busca de problema. Lo que por dos administraciones seguidas le ha parecido bien, súbitamente lo escandaliza, pese a que es quien revisa y supervisa presupuestos de Parque La Libertad y coordina proyectos con la Fundación.
Hoy, es un “desorden administrativo” lo que aprobó desde 2024. El parque donde ha promovido iniciativas de empleo, juventud, gastronomía y música ahora es una urgencia. ¿Qué sucedió para que anuncie, en un programa radiofónico, que está dispuesto a romper relaciones con la fundación que gestiona el programa?
El 17 de julio, según documentos citados por este diario, el viceministro administrativo del MCJ decía que, “más allá de una alianza, debemos ser solidarios en las circunstancias que nos corresponde afrontar”. Alianza significa trato entre pares, colaboración. Un mes después, el ministro justifica sus recortes diciendo que la Fundación “no es propietaria del parque; es un proveedor de servicios del MCJ”.
Quizá le sonará extraño a la presidenta Laura Fernández describir así una alianza público-privada. En su plan de gobierno, las considera clave para formación en “tecnología, energías renovables y economía verde” y para espacios culturales, funciones que gestiona la Fundación en Desamparados.
El ministro alega “desorden” que no ha consignado en documentos, ni siquiera en el oficio de julio. La idea surgió esta semana en un comunicado, sin detalle. Dice que el director ejecutivo gana mucho (¢4 millones), aunque presuntamente no sería sorpresa si lleva dos años revisando informes de la APPD. Si la Fundación fuera “proveedor”, es peor: el supervisor de contratos de ¢1.000 millones anuales no lo habría notado.
¿Hay que revisar procesos y salarios? Es probable: en la administración pública todo es perfectible. Lo que no puede aceptarse es que la cultura se maneje por “decisiones precipitadas”, como advertimos en nuestro editorial del 22 de diciembre, sobre el mismo ministro.
Es difícil creer que lo que funcionaba en junio haya que frenarlo de inmediato en agosto. Someter la gestión del Parque a “licitación”, como propone el ministro, tomaría meses y parece impracticable.
El proveedor o proveedores deberían ofrecer seguridad, limpieza y gestión de 32 hectáreas; formación en audiovisual, animación, videojuegos, circo, tecnología, diseño; gestionar laboratorios y talleres; organizar eventos gastronómicos y de empleo; cuidar las iniciativas ambientales; y recibir a visitantes, deportistas, vecinos y actos políticos.
De no adjudicarse pronto, el terreno quedaría descuidado en una zona donde hay asentamientos informales y problemas de inseguridad, con deterioro de equipo e instalaciones; según la situación jurídica, con extensos procesos legales en medio.
¿Habrá proveedor dispuesto? Tendría que subir los precios o cobrar por lo que hoy es gratuito; la Fundación, por ley, reinvierte lo obtenido en el propio proyecto.
Por algo se hacen alianzas público-privadas: para que Estado y sector privado maximicen recursos, gestionen con eficiencia y promuevan el desarrollo. ¿Mejorar y depurar recursos? Sin duda, todo se puede ajustar. Provocar cierres de programas por decisiones intempestivas que no se justifican formalmente, como relata la Fundación, no parece la vía adecuada.
La presidenta tiene una oportunidad especial para demostrar que se pueden aliar lo privado, lo público y lo social, que arte y cultura no riñen con desarrollo, y que comunidades desfavorecidas se merecen apoyo interinstitucional junto con el sector privado. Esa senda nos ofrece desde campaña y la experiencia de dos décadas de La Libertad le brindan ejemplo y palanca.
Disminuir el Parque La Libertad por aparente improvisación empeñaría el futuro de miles de jóvenes a cambio de la incierta planificación que esboza el ministro, sin respuesta a la escasez de recursos ni a las comunidades. Es una solución en busca de problema: el deseo de “arreglar” algo que funciona, de “corregir” un modelo que, más bien, debería replicarse en cada provincia, siempre con orden.
