EscucharA la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se le tiene funcionando en un estado de emergencia permanente, lo cual no es normal, sostenible ni justo para más de un millón de pacientes que esperan meses por una cirugía, una cita médica o un examen diagnóstico.
Hoy conviven, de forma simultánea, dos declaratorias institucionales de emergencia: una emitida desde mayo del 2023 por el agravamiento de las listas de espera y otra, de diciembre del 2024, por el faltante de médicos especialistas debido a renuncias para migrar al sector privado. Ambas fueron prorrogadas y son señales de un sistema atrapado en una crisis prolongada y sin soluciones duraderas a corto plazo.
El panorama es alarmante. En lugar de disminuir, las listas de espera siguen creciendo desde la puesta en marcha de la hoja de ruta en el 2023, a la cual se le bautizó “Ruta de la salud. Menos espera. Mejor servicio”. La CCSS comenzó este año con 188.000 personas esperando una cirugía, cifra prácticamente igual a la de mayo del 2024, pero con un tiempo promedio de espera mayor: 429 días; es decir, 14 meses. Más de 685.000 estudios diagnósticos (tacs, ultrasonidos, resonancias) estaban pendientes a diciembre, y la cantidad de pacientes que aguardaban una primera cita con especialista subió a 328.000, con un promedio de espera de 469 días.
Este deterioro compromete no solo la salud física y mental de los pacientes, sino la confianza ciudadana en el sistema de seguridad social, pilar del Estado costarricense.
Las medidas excepcionales, como las declaratorias de emergencia, permiten mitigar efectos inmediatos, pero no resuelven el problema de fondo. En ausencia de reformas sostenidas, estas acciones corren el riesgo de convertirse en simples paliativos institucionales que normalizan la ineficiencia y prolongan las crisis.
Es momento de aprender de la experiencia internacional. La OCDE ha sido enfática: todo país que aspire a reducir los tiempos de espera debe comenzar por establecer plazos máximos de atención. Esto implica definir tiempos concretos, medibles y de conocimiento público, dentro de los cuales cada paciente debe ser atendido, ya sea para una primera consulta, un examen diagnóstico o una cirugía electiva. Sin ese punto de partida, cualquier estrategia carecerá de rumbo y rendición de cuentas.
La CCSS debería empezar por allí, pues hasta una sentencia de la Sala IV –emitida en el 2019 y redactada por la misma exjerarca de la Caja, Marta Esquivel, cuando era magistrada suplente– le ordenó crear un sistema de gestión integral que incluya plazos razonables según la patología y urgencia del paciente. Además, le exigió criterios objetivos para el ingreso de personas a las listas, un cronograma de trabajo con responsables definidos, así como indicadores de gestión y mecanismos de verificación para evaluar avances.
También urge revisar el funcionamiento de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), creada en el 2001 para reducir las esperas. Durante esta administración, la inestabilidad ha sido la norma: siete coordinadores en solo 20 meses. Además, los ¢200.000 millones anunciados en el 2023 por Esquivel, cuando era presidenta ejecutiva, nunca llegaron a la UTLE y fueron redirigidos al nuevo hospital de Limón, según confirmó su actual coordinadora. Esa falta de claridad debe tener fin.
En cuanto al déficit de especialistas, que según la entidad llega a 3.500, ni la CCSS ni el Ministerio de Salud pueden seguir apostando únicamente a un proyecto de ley, que depende del trámite legislativo, para declarar la inopia y facilitar contrataciones mediante mecanismos extraordinarios. Más allá de eso, se requiere actuar con responsabilidad institucional para evitar la fuga de talento y garantizar condiciones salariales acordes con los años de estudio.
Deben también actualizarse los contratos de formación de nuevos especialistas, incluyendo las cláusulas sobre años mínimos de servicio y las condiciones de indemnización en caso de renuncia anticipada. No es aceptable que el Estado invierta en su formación para que pronto pasen a engrosar el sector privado.
Buscar soluciones sostenibles es una obligación urgente. La Junta Directiva de la CCSS, la Presidencia Ejecutiva y el Ministerio de Salud tienen el deber de propiciar un diálogo amplio y orientado a resultados con todos los sectores involucrados, pues la superación de esta crisis exige consensos y voluntad para corregir lo que no ha funcionado.
Para alcanzar esa meta, es indispensable abandonar los estilos verticales, autoritarios y conflictivos, que han demostrado ser ineficaces. Por el contrario, esa visión –sumada a la ausencia de liderazgo– ha contribuido a la parálisis que afecta asegurados, personal médico y al sistema en su conjunto.
La Caja no puede ni debe vivir en emergencia perpetua. Es hora de enfrentar las causas del colapso con visión técnica y un compromiso firme con el bienestar y la dignidad de quienes más esperan. Solo así podrá pasar del papel a la realidad el eslogan “Menos espera. Mejor servicio” que tanto se pregona.
