EscucharTodas las salas que componen la Corte Suprema de Justicia resultan esenciales para el funcionamiento del aparato judicial y la vigencia del Estado de derecho. Una de ellas, la Constitucional, integrada por siete magistrados, vela tanto por el cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales como por la protección de las garantías que conceden a la población. Las tres restantes, con cinco integrantes cada una, se encargan de resolver recursos de casación o apelaciones a raíz de decisiones tomadas por los tribunales. Son la Civil (primera), la Laboral (segunda) y la Penal (tercera).
El desempeño de todas ellas se basa en el marco jurídico y constitucional del país, que incluye la jurisprudencia emitida a lo largo del tiempo; sin embargo, su aplicación depende de la calidad y probidad de quienes deciden. Porque son esas personas quienes, en última instancia, interpretan las normas a partir de sus conocimientos, valores, condiciones, experiencias y visiones. En esta ecuación también es necesario ponderar, por la posible influencia que lleguen a tener, sus compromisos y relaciones.
En la coyuntura que atraviesa el país, la selección de quien ocupe la vacante abierta en la Sala Tercera por el retiro del magistrado Jesús Ramírez tiene particular trascendencia. La decisión corresponderá a la Asamblea Legislativa, mediante un proceso bien definido, que deberá concluir con una votación mínima de 38 votos para la elección de la nueva persona.
Los embates de la delincuencia, particularmente el narcotráfico, confrontan al país y sus órganos policiales, investigativos y jurisdiccionales con un desafío nunca visto. Para comprender su magnitud, basta considerar el proceso de extradición iniciado por Estados Unidos contra el abogado Celso Gamboa, luego de la reciente reforma a la Constitución, que abre esa posibilidad a nacionales sindicados por posible terrorismo o narcotráfico. Se trata, en su caso, de alguien que llegó a ser ministro de Seguridad, fiscal adjunto y magistrado, precisamente de la Sala Tercera, hasta que fue destituido, algo inusitado en el país. Más allá del principio de inocencia con el que debemos abordar su caso, este último hecho revela cuán delicada es la escogencia de las personas para el más alto tribunal penal del país; también, para el resto.
Además, la Sala Tercera debe decidir si solicita a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad a los miembros de los supremos poderes acusados penalmente y, si esta se elimina, realizar el o los respectivos juicios. Actualmente, el presidente Rodrigo Chaves, junto a otros funcionarios del más alto rango, enfrentan dos acusaciones, y es posible que sigan otras. Aquí estamos frente a casos de enorme trascendencia jurídica y, también, político-institucional. Además, deberán resolverse en medio de una feroz e inaceptable campaña de descrédito y presiones del mandatario y sus operadores más inmediatos contra el fiscal general, Carlo Díaz, y el Poder Judicial en general.
Quien sea elegido por la Asamblea deberá tener las condiciones para afrontar estos retos que, por su magnitud y coincidencia, no tienen precedentes. Su naturaleza, añadidas a las demás tareas de la Sala Penal, rebasa las consideraciones estrictamente académicas y profesionales que se esperan de sus magistrados. Acentúan otras características esenciales: principios sólidos en lo institucional y personal, independencia de criterio, ausencia de compromisos político-partidistas, trayectoria incólume, serenidad, rectitud, firmeza e, incluso, valentía.
Los anteriores son aspectos que van mucho más allá, tanto de los requisitos exigidos por la Constitución para ocupar las magistraturas, como de los puntajes por atestados formales. Explorar con rigor los demás elementos, para tomar la mejor decisión, requiere que también los diputados los pongan en un lugar prominente de sus consideraciones. Quienes integran la Comisión de Nombramientos, primer filtro del proceso, deberán también hacer gala de ellos, y no actuar en función de sus nexos o intereses políticos, sino de las necesidades del país. Es algo que, sin duda, incluye consideraciones subjetivas, razón de más para aplicarlas con gran sentido de responsabilidad.
Esperamos que, en los días que siguen, ese grupo de legisladores y legisladoras realicen un escrutinio minucioso, y que sus recomendaciones al plenario estén fundadas en razones robustas y transparentes. También esperamos que, a la hora de la decisión final, se logre un consenso suficientemente amplio como para destacar un compromiso compartido con un aspecto crucial de nuestra institucionalidad democrática.
