Los costarricenses avanzamos nuevamente hacia elecciones nacionales, el domingo 1.º de febrero de 2026, en un ambiente cargado de discursos que pretenden desacreditar al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) como garante del proceso.
Defender el sistema electoral requiere, más que acudir a votar el día de los comicios, colaborar en su organización. Por eso, el llamado realizado por el TSE el 5 de junio debe asumirse como un compromiso cívico de primer orden. Ese día, la institución convocó a los ciudadanos a integrarse como voluntarios en las juntas receptoras de votos, especialmente como miembros suplentes, para que los titulares no deban asumir la jornada completa de más de 12 horas. También, para asumir contingencias.
Los antecedentes justifican el ruego del Tribunal. En las elecciones de 2018, más del 80% de las mesas no habrían podido abrir sin auxiliares electorales contratados para ese día por el TSE. En el 2022, apenas 10 de los 36 partidos acreditaron miembros de mesa, lo que obligó al Tribunal a destinar ¢1.000 millones para reclutar a casi 14.000 auxiliares. Cada uno de ellos recibió ¢48.000 para alimentación y transporte.
Esta figura de pago existe para llenar los vacíos que los partidos no logran cubrir, pero su uso masivo representa una presión logística y financiera que recae sobre los contribuyentes. Para los comicios de 2026, los costarricenses vamos a invertir ¢39.000 millones solo para financiar la campaña de los partidos políticos, mediante el mecanismo de deuda electoral. Aunque representa una reducción en comparación con procesos anteriores –al pasar de un 0,19 % a un 0,11 % del PIB–, sigue siendo una suma considerable.
Entonces, lo menos que se les puede pedir desde ya a los partidos es que, para compensar esa fuerte inversión, trabajen con antelación para tener representantes en las 6.800 juntas receptoras de votos. Resulta inaceptable que desatiendan esta obligación y, después, algunos intenten sembrar sospechas sobre la limpieza de los comicios. Ya sucedió. De cara a la segunda ronda electoral en abril de 2022, el entonces candidato Rodrigo Chaves y su hoy diputada, Pilar Cisneros, insinuaron sin pruebas la existencia de fraude por medio de “chorreo de votos”. Lo hicieron mientras el propio TSE se movía para contratar auxiliares de mesa para blindar el proceso que los llevaría al poder.
Todo indica que ahora proseguirá el descrédito por el enfrentamiento de Chaves con el TSE debido a las tres investigaciones que se han abierto, hasta ahora, sobre su presunta beligerancia política. La tensión ha llegado al punto de que, el 25 de junio anterior, el TSE debió salir a expresar su desconcierto por los discursos del presidente, quien –según el Tribunal– ha intentado “sembrar desconfianza” sobre su imparcialidad y compromiso con la democracia. “Don Rodrigo, este Tribunal Supremo de Elecciones es el mismo que certificó su victoria en las urnas en 2022, y pudimos hacerlo porque cuidamos los votos a su favor, en una elección en la que su partido tuvo fiscales en menos de la mitad de las mesas del país, y solo en cuatro de las 6.847, tuvo miembros de mesa”, le recordó el TSE en su respuesta.
Ese antecedente debe servir como una clara advertencia: quienes no colaboran con la organización y presentación de los miembros de mesa no están en posición ética de salir luego a desacreditarlo. Hoy, es oportuno reivindicar la reflexión del filósofo español José Ortega y Gasset, quien en 1930 afirmó, con razón, que el corazón de toda democracia late en su procedimiento electoral.
Costa Rica lo entendió desde muy temprano. Tras la guerra civil de 1948, que costó miles de vidas y se originó precisamente por el irrespeto a los resultados electorales, los constituyentes optaron en 1949 por crear el TSE como un órgano sin precedentes. Lo diseñaron como un dique frente a las presiones del poder político y las tentaciones autoritarias, con plena independencia y profesionalización. Su estructura, funciones y autonomía marcaron un hito en el derecho público latinoamericano, al punto de que, en términos prácticos, el TSE adquirió la condición de un cuarto poder del Estado, equiparándose al Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.
Desde entonces, no solo ha organizado comicios libres y legítimos, sino que ha construido una credibilidad institucional reconocida dentro y fuera del país. Por eso se le llama, con justicia, pilar de la democracia. Pero ese pilar no se sostiene solo. Se apoya en el respaldo activo de los ciudadanos, en su disposición a participar, vigilar y defender el proceso desde adentro. En esa línea, debemos ser exigentes con los partidos políticos para que designen sus representantes. Las mesas de votación no se llenan solas, ni la democracia se sostiene sin esfuerzos. Se sostiene porque la cuidamos. Que así siga siendo.
