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Una seguidilla de palabras y decisiones confirma que el gobierno de Laura Fernández ejecuta un ataque sistemático contra la independencia judicial. Esto, en línea con la propuesta de Rodrigo Chaves de “tomar” el único poder que, según él, todavía le falta a su proyecto político.
La ofensiva ya se traduce en hechos. Los diputados oficialistas obstaculizaron durante meses el nombramiento de magistrados suplentes y ahora Chaves, como ministro de Hacienda, ordenó recortar ¢23.722 millones del presupuesto judicial a cuatro meses de concluir el 2026.
Eso, pese a que la Corte Suprema ya había aceptado, el 29 de junio, recortar en ¢13.242 millones su plan de gastos, a solicitud del ministro. Con la nueva reducción, la rebaja acumulada este año alcanzaría los ¢36.964 millones. Pero la presión no terminaría allí, dado que Chaves pretende otro tijeretazo de ¢26.549 millones en 2027.
El plan estrangula directamente el sistema de justicia y la factura recaerá sobre los ciudadanos. Menos recursos repercutirán en investigaciones más lentas, procesos más prolongados y una atención deficiente a víctimas y usuarios.
Ese deterioro, según el patrón visto hasta hoy, se exhibiría como prueba de incapacidad y utilizaría como justificación para “tomar” o incluso “cerrar” el Poder Judicial, posibilidad que Chaves mencionó el 25 de julio durante una arenga en Nicoya.
De concretarse el recorte de ¢23.722 millones, el mayor golpe recaería sobre el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al cual se le cercenarían ¢9.536 millones, un 40% del total. Le seguirían administración y operación, con ¢8.728 millones; los juzgados y tribunales, con ¢3.287 millones; la Defensa Pública, con ¢1.087 millones; el Ministerio Público, con ¢558 millones, y el programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, con ¢335 millones.
El perjuicio al OIJ es doble, pues, además de restarle recursos, se le desvía de su misión. En vez de concentrarse en investigar homicidios, corrupción, delitos sexuales y ambientales, estafas, robos, lavado de dinero y narcotráfico, deberá consumir horas administrando la escasez y calculando colones para ver si cubre los gastos.
Por supuesto que habrá ganadores, y no serán los ciudadanos: “Las organizaciones criminales deben estar frotándose las manos al ver que estamos en estos niveles, discutiendo rebajas en presupuesto para cuestiones esenciales de investigación y de persecución”, advirtió el magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala de Casación Penal.
Válida también es la pregunta lanzada por el magistrado Jorge Araya, de la Sala IV: “Ministro Chaves, ¿a favor de quién está: del crimen organizado y del narcotráfico, o a favor de los costarricenses decentes y honorables?”. Porque el dinero que se le niega a la investigación criminal amplía el margen de acción de los delincuentes.
Es cierto que el Poder Judicial necesita reformas. El Informe Estado de la Justicia 2025 describe un gobierno judicial lento y poco estratégico, desigualdades de desempeño, procesos prolongados y baja capacidad sancionatoria. Pero reformar no significa someter, sino corregir para fortalecer, no explotar las debilidades para deslegitimar, privar de recursos o controlar decisiones.
Este ataque sistemático contra la independencia judicial comenzó con un insistente discurso de descrédito en que se le calificó de “Poder perjudicial” y a jueces y magistrados de golpistas, filibusteros, traidores y usurpadores. También se le acusó, sin prueba reciente –como sí la hay contra cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad– de estar penetrado “hasta los tuétanos” por el narcotráfico.
Dicho ataque prosigue con la asfixia presupuestaria que lentamente entorpecerá el funcionamiento de la justicia y la confianza pública, escenario de crisis que podría abrir paso a la captura institucional mediante el nombramiento de magistrados, fiscales y jueces afines al Ejecutivo.
Lo más grave es que avanza pese a la promesa de Fernández, al asumir la Presidencia el 8 de mayo, de no atentar jamás contra la división de poderes. “Nunca lo haría”, dijo contundentemente.
Por ahora, el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, impugnó el ajuste por considerarlo coactivo, unilateral y contrario al funcionamiento judicial. Si Hacienda mantiene la decisión, el conflicto podría escalar al despacho de Fernández, pues el artículo 177 de la Constitución dispone que la Presidencia resolverá este tipo de discrepancias.
Llegado ese momento, ella deberá decidir si avala la ofensiva o resguarda la autonomía judicial. Será una ocasión para que Fernández deje claro quién conduce el actual gobierno: si ejerce autoridad propia o actúa bajo directrices ajenas.
Los costarricenses debemos tenerlo claro: las palabras anunciaron el propósito y el ahogo presupuestario comienza a revelar el método. Ahora Laura Fernández deberá demostrar si la Presidencia está realmente en sus manos o si Chaves sigue marcando el rumbo.
