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La investigación al director suspendido del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, por presunta violación contra al menos cuatro mujeres y divulgación de secretos, abrió un debate sobre la conducta de quien ocupa uno de los cargos más relevantes del sistema judicial. Por esa razón, la pesquisa debe proseguir con el mayor rigor y apego al debido proceso. Esa fue nuestra postura desde que, el 31 de octubre pasado, publicamos el editorial titulado “Prudencia y rigor en un trance crítico para el OIJ”.
Sin embargo, un elemento adicional, revelado en un informe técnico-forense, de 298 páginas, del Departamento de Investigaciones Criminales del OIJ, abre otro debate, pero esta vez sobre la ética periodística: el método propuesto por el director de noticias del canal OPA, Douglas Sánchez, al realizar los reportajes divulgados en octubre anterior sobre las presuntas violaciones e infidencias.
De acuerdo con los pantallazos de conversaciones de WhatsApp incorporados al expediente, luego de recibir los testimonios de las mujeres, el propio periodista les habría sugerido citar al jerarca en un motel, “montarle una cama”, “ponerle un fijo” y procurar audios en los que se refiriera al presidente Rodrigo Chaves y a la diputada Pilar Cisneros. En el lenguaje coloquial, “montar una cama” implica preparar deliberadamente una situación para que alguien quede expuesto. “Ponerle un fijo”, en el argot periodístico, supone esperarlo y hacer un registro audiovisual de ese momento.
Este editorial no pretende, en modo alguno, excusar a Randall Zúñiga. El informe técnico-forense, suscrito el 5 de febrero por dos agentes judiciales, lo compromete, pues quien ejerce la dirección del OIJ está obligado a mostrar una conducta intachable, tanto en el ámbito profesional como personal. El documento –un análisis técnico de comunicaciones en WhatsApp, Facebook y TikTok extraídas de teléfonos celulares– consigna vínculos sentimentales con varias mujeres, presuntos encuentros durante giras de trabajo y el envío de fotografías tomadas en contextos laborales, incluidas imágenes de operativos, instalaciones oficiales y personal táctico con el rostro descubierto.
Aunque el reporte preliminar no señala que se haya comprometido información confidencial de investigaciones en curso, sí describe una conducta imprudente de parte de quien encabeza el principal órgano de investigación criminal del país. Esa actuación resulta especialmente delicada en el contexto del año 2025, cuando, desde Casa Presidencial, se articulaba una narrativa orientada a deslegitimar decisiones y pesquisas de la Corte Suprema de Justicia, de sus magistrados, del fiscal general, Carlo Díaz, y del OIJ.
Aquí, es importante aclarar que una de las mujeres mencionadas en el citado informe contactó a un periodista de La Nación entre el 16 y el 20 de octubre de 2025. En su conversación por WhatsApp, que incluyó audios y fotografías enviadas por ella, la mujer evidenció la existencia de aparentes relaciones extramaritales mantenidas por el señor Zúñiga. Sin embargo, el testimonio y la documentación que aportó no daban cuenta de posibles delitos de índole sexual. Al considerar entonces que se trataba de asuntos del ámbito privado del funcionario o, a lo sumo, de hechos que daban pie a cuestionamientos morales, este medio optó por no hacer de tales revelaciones una noticia y se inclinó por no publicar. Ese fue el mismo criterio utilizado por La Nación cuando decidió no publicar la información sobre el reconocimiento de una hija por parte de un político.
De vuelta a la serie titulada “Las dos caras del OIJ: poder, sexo y secretos”, elaborada por Sánchez, esta proyectó, en un inicio, rigor investigativo. Cuestionó al jefe policial por enviar a las mujeres imágenes sobre allanamientos, crímenes y reuniones privadas. No obstante, a la luz de los nuevos elementos conocidos, resulta igualmente pertinente examinar la actuación profesional de quien convirtió las presuntas irregularidades de Zúñiga en noticia nacional y llevó a su suspensión en el cargo.
En periodismo, como lo advirtió el martes el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), existe un principio: “El rol del reportero es observar, buscar, contrastar e informar, no alterar, inducir ni protagonizar los acontecimientos sobre los que reporta”. Cuando el periodista altera la realidad, pidiendo que se repitan acciones, exagerando gestos o construyendo escenarios, agregó Iplex, deja de documentar hechos para pasar a fabricar un producto informativo que traiciona el interés público.
Por ello, resulta débil la defensa esgrimida por el director de noticias de OPA la noche del lunes, al abrir el noticiero, cuando afirmó que actuó como lo haría “cualquier periodista serio” y que decidió “ponerse del lado de la gente”. El periodismo no debe ser activismo ni tomar partido. Debe regirse por un estricto apego a hechos verificables y por su independencia frente a las partes involucradas. Puede dar espacio a denuncias de interés público y acompañar a las fuentes en la exposición de hechos relevantes; lo que no debe es asumir un rol activo en la configuración de los acontecimientos sobre los que luego informará.
Es oportuno recordar que la transparencia constituye otro principio básico. En su extensa defensa, Sánchez omitió explicar por qué instó a las denunciantes a procurar audios en los que Zúñiga se refiriera al presidente y a la diputada. Esa orientación excede la labor de documentar hechos y se aproxima a inducir contenido con implicaciones políticas. Conociendo la rivalidad de los dos políticos con el jefe policial, tales audios, de haberse concretado, habrían contribuido a reforzar la narrativa oficial sobre supuestas acciones persecutorias desde el OIJ.
Asimismo, aunque no negó la veracidad de los pantallazos, evitó explicar por qué, si alega que el caso de Zúñiga tenía sustento suficiente para su divulgación, sugirió “montarle una cama”.
Desde este editorial, procuramos reafirmar que la fortaleza del periodismo radica en su independencia y transparencia. La confianza pública se sostiene en la certeza de que el relato no ha sido condicionado ni moldeado por quien lo difunde. Porque, en buen periodismo, el fin no justifica los medios; son los medios los que determinan la legitimidad del fin.
