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En un país que se acerca a los 600 homicidios y se encamina a cerrar otro año con más de 900, resulta inaceptable que el nuevo ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, asegure que es “más relevante” pagar los intereses de la deuda que transferir al OIJ y a la Fiscalía los recursos ya aprobados por la Asamblea Legislativa para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Esa desatinada afirmación expone un desenfoque de prioridades.
Lücke debe entender que no se gobierna para las calificadoras de riesgo, sino para los ciudadanos que hoy sienten gran temor de caminar por la calle, o de ir a un bar o restaurante por el riesgo de que se desate una balacera producto de la alta penetración del narcotráfico. La confianza de los mercados se pierde cuando un país proyecta la imagen de un Estado debilitado por la inseguridad y de un gobierno incapaz de frenar el avance del crimen organizado.
La inseguridad es hoy una de las variables económicas más críticas porque ya corroe los dos motores de nuestra economía: el turismo y la inversión extranjera. Es un círculo vicioso, pues menos seguridad significa menos inversión y menos turistas; menos inversión y menos turistas implican menos recaudación, más déficit y más deuda.
La prioridad no puede ser lucir balances positivos en la deuda, mientras las cifras de la inseguridad resaltan en rojo. Y no se trata solo de datos o percepciones locales: las advertencias internacionales son cada vez más frecuentes.
En diciembre anterior, el Departamento de Estado de EE. UU. alertó de que, en Costa Rica, “los delitos violentos también afectan a los turistas”, que son víctimas de robos a mano armada, homicidios y agresiones sexuales. El pasado 11 de agosto, el presidente Donald Trump lanzó un baldazo al citar a San José entre las capitales latinas más inseguras del mundo. Y este miércoles, el senador Pete Ricketts advirtió de que la histórica reputación democrática de Costa Rica está “bajo asedio” por el narcotráfico, al afirmar que las bandas locales defienden intereses de carteles mexicanos.
La Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham) también reveló que la inseguridad, antes marginal en las decisiones de inversión, ya pesa con fuerza en las empresas estadounidenses. El país arriesga competitividad y las cifras lo confirman: entre enero y marzo del 2025, la inversión extranjera directa se desplomó un 25%.
Los números del turismo hablan por sí solos. La visitación cayó un 2,5% en los primeros siete meses del año y las divisas se redujeron un 2,2% en el primer semestre. El país pierde visitantes, ingresos y empleos porque el miedo dejó de ser exclusivo de los costarricenses. Los estadounidenses, que aportan casi el 58% del total de turistas de seguro lo sienten, porque reciben constantes avisos.
Entonces, es vital que el gobierno fortalezca al OIJ y a la Fiscalía con las plazas que requieren para investigar, capturar y desarticular bandas del crimen organizado. En el Presupuesto 2025, los diputados autorizaron 75 puestos en el Ministerio Público y 255 en el OIJ por ¢9.346 millones, pero Hacienda solo giró un tercio y se niega a liberar el resto. En el plan de gastos de 2026, la historia se repite, y lo más grave es que esas plazas son mínimas frente al déficit de 1.450 funcionarios. Es imposible ser efectivos cuando fiscales cargan hasta 866 expedientes de violencia contra mujeres, y agentes del OIJ acumulan más de 100 horas extra al mes, con un desgaste físico y mental que inevitablemente deteriora la calidad de las investigaciones.
Es innegable que el pago de intereses es esencial, pero resulta contradictorio que en 2024 quedaran sin ejecutar ¢586.021 millones del servicio de la deuda, prueba de que sí había recursos. Como lo señaló la diputada Paulina Ramírez, presidenta de Hacendarios, el Ejecutivo incurrió en “proyecciones infladas” y “no hay excusa ni razón para no girar los fondos” al OIJ y a la Fiscalía.
Inconcebible es, también, que el Ministerio de Seguridad dejara sin ejecutar ¢34.800 millones en 2024, según admitió ante diputados el entonces ministro, Nogui Acosta. Ese monto triplica lo que hoy reclaman el OIJ y la Fiscalía. Pese a esa ineficiencia, a Seguridad se le aumentó el presupuesto en ¢31.500 millones para 2026. Resulta indispensable exigir que esos recursos se destinen a estrategias eficaces y no permanezcan ociosos en cuentas bancarias.
Esta crisis de inseguridad y el veto de Hacienda para impedir el giro de fondos ya aprobados deben llevar a los diputados a explorar mecanismos legales que obliguen al gobierno a cumplir sus directrices. Es inadmisible que una mayoría legislativa haya ordenado una inversión y que un ministro la bloquee, aun a costa del problema más grave del país.
La seguridad no puede seguir tratándose como una variable secundaria. El país no recuperará paz ciudadana, el turismo ni la inversión extranjera si Hacienda se limita a exhibir balances mientras la violencia se expande. El ministro Lücke debe comprender que su misión es equilibrar las finanzas, porque deuda y seguridad son responsabilidades ineludibles: no se puede dejar de pagar una ni sacrificar la otra.
