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La decisión de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de postergar hasta 2038 la posible entrada en operación de un nuevo hospital nacional geriátrico evidencia su desconexión con las necesidades de los pacientes y con la realidad del país. Los directores parecen no entender que Costa Rica envejece aceleradamente y que el sistema de salud está saturado.
Es más, ese acuerdo pone en entredicho la credibilidad de los nueve miembros de la Junta porque en febrero de 2025 habían prometido tener listo el centro médico en 2032. Ahora, un año después, el 3 de marzo, se retractaron y movieron la eventual apertura para seis años después y, sí, eso hay que ponerlo entre grandes signos de pregunta, porque la experiencia dice que los atrasos en la Caja son la regla. Pero, además, la posposición refleja una preocupante incapacidad de la cúpula de esa institución para concretar las obras que más requieren los asegurados pese a que la urgencia está más que justificada.
Por un lado, los 68 años del edificio que ocupa actualmente el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, Dr. Raúl Blanco Cervantes, en el centro de San José, confirman que ya sobrepasó su vida útil. Solo tiene 141 camas y a eso hay que añadir que la población de 65 años o más es la que crece a mayor velocidad. En 2005, representaba el 6%; en 2025, el 11,7%; en 2038 subiría a 18,3% y en 2050, a 25%, de acuerdo con las estadísticas y proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Cuando se desgrana esa estadística, salta a la vista un país que dejó de ser joven. En apenas 25 años, cantones como Montes de Oca, San José y San Mateo pasaron de tener tres o cuatro niños por cada adulto mayor a registrar cifras en las que ambos grupos se igualan o, incluso, los superan los mayores de 65 años. En Montes de Oca, por ejemplo, hay 121 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.
El INEC alertó de que, en cuestión de dos décadas, al 2044, el número de ciudadanos de 65 años o más se duplicará, lo cual debería presionar a los directores de la CCSS para responder con una pronta planificación. El peor error que pueden cometer es dar la espalda a esta transformación demográfica y sus consecuencias. La realidad dice que las autoridades de la institución deben, sí o sí, coordinar acciones para que el nuevo hospital esté listo en 2032, pues el inmueble actual ya no da más.
Si el principal problema es la lentitud en las expropiaciones, deben invertir los recursos humanos y económicos necesarios para apurar esos procesos. La situación es compleja, pero no tanto. Si de 16 propiedades requeridas, ya 13 propietarios cuentan con avalúo aceptado, es cuestión de fijar prioridades y avanzar con los tres restantes sin dilaciones para comenzar la construcción al costado oeste del actual edificio
La Junta Directiva de la CCSS carga con un exceso de fiascos. Resulta difícil justificar que esta es la hora en que no han podido comenzar los nuevos hospitales de Cartago, Limón, Golfito, la Torre de la Esperanza del Hospital de Niños y, ahora, el Geriátrico. Cuanto más se retrasen estas obras, más sufrirán los pacientes, más se deteriorará el servicio y menos confiarán los asegurados en una institución que es pilar de la salud nacional.
Con valentía, la presidenta de la Junta de Salud del Hospital Blanco Cervantes, Alicia Avendaño Rivera, denunció como “cruel, costosa e irresponsable” la postergación del nuevo edificio.
La situación es crítica. Por ejemplo, en 2024, la CCSS registró 1.915 casos de fractura de cadera en personas de 75 años o más (para una suma de 21.098 días de estancia hospitalaria), pero solo un caso se atendió en el Geriátrico –donde no tienen servicio de Ortopedia–; el resto, en hospitales generales. Hablamos de centros médicos que deben absorber una demanda de atención especializada sin los medios para ello.
Otro problema es la inseguridad del actual edificio si se declara un incendio. El Cuerpo de Bomberos detectó al menos 15 fallas críticas, entre ellas, vulnerabilidades en el sistema de distribución de gas, aberturas que facilitarían la propagación del fuego entre pisos, faltante de salidas de emergencia y cobertura deficiente del sistema de rociadores, entre otros.
El incendio que, el 12 de julio de 2005, mató a 23 personas en el Hospital Calderón Guardia debe recordarnos la urgencia de tomar sin demora decisiones oportunas, por el bien de pacientes y funcionarios.
Las cifras marcan una tendencia clara: en 2023, la población adulta mayor alcanzaba las 550.000 personas y, para 2038, la propia CCSS estima que serán 990.000, un aumento del 81% en apenas 15 años.
En vísperas de un cambio de gobierno, es indispensable que se comprenda que la CCSS requiere jerarcas con criterio, liderazgo y sentido de urgencia. El envejecimiento de la población ya presiona al extremo los servicios de salud, una lógica señal de que no hay tiempo para más excusas.
