29 noviembre, 2020

El 22 de julio nuestro editorial abogaba por la aprobación del instrumento de financiamiento rápido (IFR) acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La oposición ponía trabas y el gobierno argumentaba la importancia de aprobar el empréstito para iniciar la negociación de un acuerdo stand by (SBA, por sus siglas en inglés), indispensable para evitar un descalabro financiero de graves consecuencias económicas, políticas y sociales.

Poco después, cuando el propio FMI aclaró la significación del IFR como «señal positiva acerca de la capacidad institucional y política de Costa Rica para emprender negociaciones de un programa completo», la oposición cedió y despejó el camino para esas conversaciones. En setiembre, el gobierno planteó las bases de un acuerdo; sin embargo, dejó de lado la reforma estructural del gasto y propuso una cantidad desproporcionada de impuestos.

La iniciativa estaba destinada a fracasar. Luego del malogrado intento serio de diálogo para acordar un nuevo planteamiento, la administración convocó otro de muy pobres resultados, inútiles para comenzar las conversaciones con el FMI. El gobierno, que en su momento pedía la aprobación del IFR para emprender las negociaciones con el organismo internacional, ahora es incapaz de decir si mantiene el interés.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, intenta crear una nebulosa con declaraciones ambiguas que hasta ahora nadie corrige o desmiente. Como es obvio, se opone a la negociación de un acuerdo con el FMI. No hay otra forma de explicar sus evasivas a una pregunta que, a la luz de la urgencia alegada en julio, debió tener una sola respuesta: «Sí, por supuesto».

La falta de sinceridad mostrada hasta el momento descalifica al funcionario para llevar el proceso adelante si, en el último momento, se impone la sensatez. No obstante, no hay riesgo en afirmar que el gobierno mintió. En julio, cuando pedía la aprobación del IFR, se declaraba comprometido con la ruta del FMI. Actualmente, en el mejor de los casos, lo está pensando y, mientras medita, pide al Congreso la aprobación de nuevos empréstitos.

Las peticiones llegan a la Asamblea Legislativa por boca del mismo ministro de Hacienda que ayer consideraba vitales las conversaciones con el FMI y hoy rehúsa confirmar si hay interés en emprenderlas. Si la Asamblea Legislativa se muestra complaciente, sepultará el acuerdo con el FMI, financiando la fuga del gobierno frente a sus responsabilidades.

En julio criticamos a la oposición por negarse a aprobar un empréstito necesario para abrir la puerta a un convenio con el FMI. Hoy, para mantener la puerta abierta, la instamos a no aprobar un solo préstamo. Ojalá las fracciones legislativas anunciaran esa decisión cuanto antes para arrancar de raíz la peligrosa noción de que el rebote económico pospandémico y unos cuantos empréstitos permitirían llegar hasta el 8 de mayo del 2022 y entregar el poder al borde del abismo, pero todavía sin caer.

Otras preocupantes señales apuntan a la falta de voluntad del Partido Acción Ciudadana para hacer los cambios estructurales exigidos por las circunstancias. Víctor Morales Mora, exministro de la Presidencia y diputado, hace todo lo posible por descarrilar la ley de empleo público. El presidente había pretextado razones de ley para debilitarla. Ahora, un criterio de la Procuraduría General de la República pone las objeciones en duda, como lo habían hecho expertos en derecho constitucional.

Elian Villegas, ministro de Hacienda; Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central; y Pilar Garrido, ministra de Planificación, firmaron la carta enviada al FMI para buscar un acuerdo financiero por $1.750 millones. Fotografía: Cortesía de Casa Presidencial.
Elian Villegas, ministro de Hacienda; Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central; y Pilar Garrido, ministra de Planificación, firmaron la carta enviada al FMI para buscar un acuerdo financiero por $1.750 millones. Fotografía: Cortesía de Casa Presidencial.

Apenas se trata de una reforma y otras son necesarias, pero su importancia no puede ser subestimada como primer paso en el camino a una propuesta significativa de ajuste. La iniciativa nació del propio gobierno y responde a un compromiso adquirido en el 2018, cuando la anterior administración del PAC dejó las finanzas públicas en condiciones tan precarias que el único remedio fue tramitar una reforma fiscal. En el contexto de las ambigüedades sobre la negociación con el FMI, el abandono de la reforma del empleo público no puede ser entendido como casual. Por lo menos para un sector del oficialismo, podría parecer innecesaria para llegar al 2022.