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A las 6 de la tarde del 1.° de febrero del 2025, Sofía se planchaba el pelo. Su madre llegó del trabajo y la encontró en ese ritual cotidiano, doméstico y casi sagrado. Horas después, un fusil AK-47 la mató mientras bailaba frente a una cámara de TikTok en vivo, en barrio Cuba. Tenía 15 años. Andrés, su vecino de 17, murió junto a ella. Sus historias, reconstruidas con rigor por La Nación en el reportaje especial publicado el pasado 4 de mayo, son dos de las 259 vidas inocentes que se han apagado en Costa Rica desde 2022. Ciudadanos sin ningún vínculo con el crimen, ejecutados en el fuego cruzado de una guerra que jamás eligieron.
Las autoridades los llaman “víctimas colaterales”, con una frialdad que debería avergonzarnos. Un eufemismo técnico para maquillar que el Estado tolera, por inacción sistemática, que sus ciudadanos más vulnerables mueran como daño accesorio de una guerra que no ha sabido detener.
Entre el 1.° de enero de 2022 y el 27 de abril de 2026, Costa Rica acumuló 3.545 homicidios. De ese total, 259 personas (el 7,3%) no tenían ningún vínculo con el crimen organizado. Murieron porque estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado, sentadas en una mecedora frente a su propia casa, tomando algo en un bar de su barrio, bailando en vivo en una red social. En los últimos cuatro años, esa cifra creció un 300%.
María, la madre de Sofía, lo articuló con una claridad que ningún ministro ha tenido el valor de reproducir en público: “No se están matando entre ellos. Nos están matando a nosotros. A las personas que trabajamos, a las personas que criamos personas buenas. Nos están matando a las personas buenas”. El Estado, en cambio, lleva años hablando de estrategias integrales, planes de contención y metodologías institucionales, mientras los gatilleros perfeccionan la puntería y los vecinos de barrio Cuba aprenden que el sonido de un motor acelerando de noche puede ser lo último que escuchen.
Hazel Villalobos, de la Fundación para la Paz y la Democracia, no necesitó eufemismos para describir el nudo del problema: existe una debilidad estructural porque cinco responsables institucionales –la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Paz– nunca han logrado articular una estrategia de Estado que aborde la violencia como el problema sistémico que es. Cinco instituciones. Cero coordinación real. 259 muertos que no debían figurar en ninguna estadística de homicidios.
El patrón criminal, en cambio, sí es coherente y ha sido documentado con precisión. Los grupos que operan en los barrios no improvisan: aseguran territorios para la distribución de estupefacientes, ajustan jerarquías internas y cobran deudas con la misma lógica fría de cualquier organización que protege su negocio. A ese sistema paralelo, con reglas propias y ejecución implacable, el Estado costarricense ha opuesto, en el mejor de los casos, operativos de choque y retórica de campaña. En el peor, silencio mientras los cuerpos se acumulan en nuestros barrios.
El mismo día en que La Nación publicaba este reportaje, el entonces presidente, Rodrigo Chaves, cerró su informe de labores con una afirmación que desafía la realidad: aseguró haber enfrentado la violencia “con firmeza, sin excusas, sin discursos vacíos”. La realidad que recogen las páginas de este diario es otra. El fiscal adjunto Mauricio Boraschi reconoció que el análisis institucional de los casos en 2022 “no era tan profundo”. Hazel Villalobos señaló que cinco instituciones del Estado nunca articularon una estrategia coordinada. Y el propio Chaves, en agosto del 2023, instó a su propio gobierno a “ponerse las barbas en remojo” y aceptar que los asesinados no eran delincuentes, sino ciudadanos de bien. Admitir a mitad del camino que no se había actuado, para luego proclamar al final que sí se actuó con firmeza, es una contradicción que 259 familias costarricenses no tienen ninguna razón para aplaudir.
Lo que viene no admite más diagnósticos. El gobierno que asumió este viernes hereda una crisis que sus antecesores no supieron, o no quisieron, enfrentar con la seriedad que exige. La tentación de la solución fácil será el guion que ya conocemos: más fuerza pública en los puntos calientes, más retórica de mano dura, más conferencias de prensa frente a decomisos fotogénicos. Pero, como advierte el propio Boraschi, reducir las víctimas inocentes no depende únicamente de bajar los homicidios dolosos. Depende de entender, de una vez, que hay una guerra que se libra contra los cuerpos de quienes jamás la eligieron, y que el Estado que no la detiene se convierte, tarde o temprano, en su cómplice silencioso.
María lleva el nombre de su hija tatuado en el antebrazo. Cada mañana le da los buenos días a una fotografía en la sala y sigue viviendo porque no le queda otra opción. El Estado, en cambio, sí tiene opciones. De hecho, tuvo cuatro años para ejercerlas. La pregunta que le corresponde responder al gobierno entrante es si va a actuar antes de que la cifra siga abultándose.
