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En democracia, se puede disentir de todo. De un programa económico, de una política ambiental, de una decisión judicial. Lo que no debería ponerse en duda es la condición ciudadana del adversario. Ese es el límite que permite que la diferencia sea discusión y no trinchera.
Cuando el presidente de la República calificó como “therians” y “gente medio tocada” a los más de 293.000 costarricenses –casi el 6% de la población– que votaron por una opción política específica, cruzó una frontera simbólica profunda: la del reconocimiento del otro como interlocutor legítimo.
No se trata de una frase desafortunada. Se trata de la lógica que la sostiene.
Zachary Elwood en How Contempt Destroys Democracy (2024), advierte de que el mayor peligro para las democracias contemporáneas no es solo la corrupción o la manipulación institucional, sino algo más cotidiano y corrosivo: el desprecio mutuo entre ciudadanos. El desprecio no es desacuerdo; es la combinación de burla, deshumanización y descalificación automática del adversario. Es dejar de verlo como un ciudadano con quien se discrepa y comenzar a verlo como alguien indigno de respeto.
El episodio reciente no puede analizarse solo como un nuevo exabrupto o un exceso retórico. En la misma línea discursiva se han dirigido calificativos personales hacia diputados de oposición o periodistas, reduciendo el debate a la descalificación simbólica. Más allá de quién tenga razón en cada discusión concreta, lo relevante es la dinámica de convertir el conflicto en algo identitario.
Ese desplazamiento tiene consecuencias. El desprecio cumple una función movilizadora, refuerza la cohesión del grupo propio y simplifica el mapa moral: nosotros somos los “vivos”; ellos, los “tocados”. Pero ese mismo mecanismo erosiona la posibilidad de acuerdos futuros porque la política democrática exige negociar con quien no se piensa igual.
Elwood describe este fenómeno como un círculo vicioso: cada bando justifica su propio desprecio como reacción al del contrario. Una confrontación entre “jaguares” y otro tipo de “therians”. La ciudadanía replica esa lógica en redes sociales, donde los algoritmos premian el contenido más extremo y polarizante. Los dirigentes, los influencers políticos y los políticos influencers, conscientes de ello, adoptan un lenguaje cada vez más incendiario porque genera atención, visualizaciones y likes, y así consolidan sus bases. El resultado es una democracia más frágil, más crispada y menos capaz de resolver problemas estructurales.
Algunos dirán que se trata simplemente de “decir las cosas como son”. Otros argumentarán que el estilo confrontativo era necesario para “despertar” al país. Pero incluso si se concede valor a la crudeza del lenguaje, el discurso público no es neutro. Las palabras construyen realidades. Una cosa es cuestionar a dirigentes o decisiones políticas; otra distinta es degradar colectivamente a ciudadanos por el mero hecho de su elección electoral. El mensaje implícito es que hay costarricenses más legítimos que otros.
La democracia no exige cordialidad ni simpatía permanente, pero sí el reconocimiento elemental de que quienes piensan distinto siguen siendo parte del mismo pacto político. Sin ese reconocimiento, la diferencia se convierte en amenaza y el debate, en hostilidad permanente.
El presidente no es un ciudadano cualquiera y sus declaraciones no se produjeron en una esfera privada, sino en el ejercicio de su investidura durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. La Presidencia es un órgano constitucional que encarna la unidad política del Estado y cuyas funciones implican la representación del conjunto de la nación.
El principio de dignidad humana, reconocido por la jurisprudencia constitucional como valor estructural del ordenamiento, no solo protege contra agresiones físicas o jurídicas; también impone límites simbólicos al ejercicio del poder. El Estado no puede tratar públicamente a sus ciudadanos como objetos de burla o desprecio sin tensionar el principio de igualdad que sustenta la República.
El desprecio no destruye de inmediato las instituciones. No clausura la Asamblea Legislativa ni suspende elecciones. Es más sutil. Va debilitando la confianza mutua, haciendo imposible el consenso y convirtiendo cada discrepancia en prueba de traición. Es un corrosivo lento.
En algún momento, cada sociedad debe preguntarse qué tipo de lenguaje quiere normalizar. No se trata de proteger sensibilidades ni de imponer un tono aséptico. Se trata de preservar la condición básica que permite que la política exista: que el adversario siga siendo ciudadano.
Donde el desprecio se normaliza, la democracia comienza a estrecharse.
