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La presidenta electa, Laura Fernández, prometió en su discurso de triunfo impulsar un cambio “profundo e irreversible” para que el país retome la senda del crecimiento económico, el progreso y la libertad. El ofrecimiento abre expectativas, pero también genera una inevitable incertidumbre por el alcance de ese cambio, de cuán radicales serán las reformas y la manera en que se construyan y ejecuten.
Ella, por su formación como politóloga, no puede mirar con desdén el hecho de que se apresta a gobernar un país prácticamente dividido en partes iguales. Aunque triunfó con un contundente 48,3% de los votos, un bloque de 51,7% del electorado se inclinó por otros candidatos y otras visiones de país que, es fácil de inferir, se contraponen al estilo y muchas propuestas de la administración de Rodrigo Chaves. En términos absolutos, ese bloque que no se inclinó por ella como opción política lo componen 1.275.620 ciudadanos –de acuerdo con el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)– frente a 1.191.727 que la apoyaron.
Al ser un electorado numéricamente relevante, no se le puede menospreciar. Lo más coherente sería que la próxima mandataria incorpore y tome en consideración las preocupaciones y posiciones de quienes no la respaldaron en las urnas como una condición necesaria para dotar de legitimidad, estabilidad y eficacia a su gobierno. En un país fragmentado, preservar la paz social y fortalecer la cohesión nacional debe ser un objetivo superior de cualquier proyecto de gobernanza.
De ahí que, entre los principios que deberían guiar la gestión de una “demócrata convencida” –como se definió la noche del domingo– deban destacar el diálogo y la conciliación que también prometió. Por el bienestar de los cinco millones de habitantes del país, ese compromiso no puede diluirse en la algarabía del triunfo, sino sostenerse, contra vientos y mareas, a lo largo de los cuatro años que tiene por delante. Porque, si algo debe contemplar, es que administrará un país cansado de escuchar pretextos como “no me dejan gobernar”, lo cual la obliga a tender puentes con la oposición para dar paso a las soluciones y lograr resultados.
En ese camino le corresponderá ocuparse de lleno a buscar acuerdos con los 26 diputados de Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana y Coalición Agenda Ciudadana, quienes también tienen un mandato de sus electores, el cual se centra en mantener al país en la senda de la democracia y evitar cualquier avance hacia la concentración del poder y el autoritarismo. El pueblo los eligió como contrapeso.
Afrontará desencuentros y se verá tentada a echar más fuego a la hoguera, provocar más polarización o desacreditar. Por el bienestar del país, debe evitar esa estrategia. También debe resistirse a deslegitimar a los poderes Legislativo y Judicial, o al TSE. Si aspira a que se le respete, debe respetar la independencia de órganos e instituciones.
En esa misma línea, es vital que renuncie a cualquier utilización de las instituciones públicas para revanchas con adversarios políticos o críticos. Esa instrumentalización se constató en este mandato y hubo candidatos presidenciales de oposición que la denunciaron en campaña. Costa Rica no puede ser tierra donde ministerios como los de Hacienda, Salud, Obras Públicas y Transportes, así como otras entidades, operen para perseguir sin causa justa a un contrario político o a quien se atreva a denunciar. El amedrentamiento no puede ser parte del continuismo.
Igualmente, la transparencia con el país y la rendición de cuentas deben ser parte de su día a día. En este sentido, conviene recordar que la Casa Presidencial no está llamada a involucrarse de manera directa en la adjudicación o gestión de millonarios contratos públicos ni a mediar en favor de contratistas. El control político es legítimo y necesario; la injerencia en procesos técnicos no lo es y, por el contrario, abre la puerta a escándalos, erosiona la confianza pública y termina por desacreditar a cualquier gobernante que quede imputado o bajo sospecha en eventuales casos de corrupción.
Por eso, satisface que Fernández reconociera en su discurso de la victoria que el periodismo “es un servicio a la sociedad”, y resulta alentador que reivindique, dentro de la libertad de prensa, “el deber y el derecho a la crítica periodística”. Precisamente, uno de los deberes del periodismo es fiscalizar, investigar, cuestionar y denunciar al poder con la misma exigencia, rigor y mirada crítica que tendría cualquier ciudadano, pero con la responsabilidad adicional que impone informar al conjunto de la sociedad.
Entonces, el anuncio de Fernández sobre un cambio profundo abre oportunidades en muchos aspectos de la vida nacional, siempre y cuando se construyan escuchando a quienes discrepan, respetando los contrapesos institucionales y entendiendo que, en una sociedad claramente fragmentada, las transformaciones no se imponen, se acuerdan.
