Se puede discutir, como ejercicio teórico sobre derecho internacional, si las acciones del gobierno de Israel en la franja de Gaza constituyen genocidio. Así lo adujo Sudáfrica al plantear una acusación en tal sentido ante la Corte Internacional de Justicia, en diciembre de 2023, aún sin resolver.
Según la Convención para su prevención y sanción, de 1948, este horrendo delito se produce cuando se perpetran actos “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Entre ellos incluye “matanza de miembros del grupo” y su sometimiento “a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.
Representantes del gobierno de Benjamín Netanyahu y algunos especialistas en derecho internacional lo niegan. Sin embargo, otros estudiosos argumentan que sí se está produciendo. Entre ellos está el reconocido historiador israelí Omer Bartov, experto en la materia. “Mi conclusión ineludible ha sido que Israel está cometiendo genocidio contra el pueblo palestino. Habiendo crecido en un hogar sionista, vivido la primera mitad de mi vida en Israel, servido en las Fuerzas de Defensa de Israel como soldado y oficial, y dedicado la mayor parte de mi carrera a investigar y escribir sobre crímenes de guerra y el Holocausto, esta fue una conclusión dolorosa de alcanzar”, escribió en un artículo publicado por el diario New York Times el 15 de este mes.
Sus palabras son poderosas. Sin embargo, ni siquiera hay que asumirlas para plantear otra conclusión igualmente grave y de sobra documentada: las fuerzas militares de Israel, por instrucciones del gobierno más extremista de su historia, han arreciado las atrocidades contra los palestinos.
Lo peor es que no son un producto “colateral” de decisiones militares legítimas. Al contrario, todo indica que responden a una estrategia sistemática de destrucción, hambre, ataques indiscriminados, desplazamientos forzados de población y su confinamiento en territorios cada vez más pequeños y hostiles para la vida: virtuales campos de concentración.
A las decenas de miles de muertes acumuladas, en su mayoría civiles, como resultado de los bombardeos constantes y las acciones terrestres que en pocos meses cumplirán dos años, se añadió desde hace meses el uso del hambre como arma. Sus víctimas masivas e injustificadas no son los militantes de Hamás, que cuentan con recursos para mantenerse, sino, de nuevo, los 2,4 millones de civiles gazatíes, particularmente niños, por su menor capacidad de resistencia. Las consecuencias están a la vista, con imágenes sobrecogedoras de menores famélicos, a las que se añaden, al menos, varias decenas de muertes por esa causa reportadas durante los últimos días.
No se trata de materiales de propaganda, sino de informaciones recopiladas en el terreno por medios de prensa profesionales y organizaciones humanitarias de impecable trayectoria, como Save the Children, Oxfam y Médicos sin Fronteras (MSF), que el miércoles anterior, junto a un centenar más, denunciaron la propagación de una hambruna masiva en Gaza. “Esto se ha convertido en un inmenso campo devastado en el que Israel creó la situación perfecta para matar de hambre a la gente” declaró Aitor Zabalgogeazkoa, coordinador de MSF en la zona.
También el miércoles, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó de igual manera la situación, y culpabilizó por ella al bloqueo impuesto por Israel a la llegada de ayuda internacional. Dos días atrás, más de 20 países, incluidos Australia, Canadá, España, Francia, Japón, y el Reino Unido, exigieron conjuntamente un alto el fuego “inmediato” en Gaza, y que Israel cumpla con sus obligaciones bajo el derecho internacional.
Tras varios meses de bloquear la asistencia alimentaria de organizaciones civiles e instituciones internacionales, aduciendo que beneficiaba a Hamás, el gobierno israelí, con apoyo estadounidense, impuso otro modelo para entregar alimentos, mediante una “fundación humanitaria” sin supervisión externa, que redujo drásticamente los puntos de entrega. El resultado ha sido desastroso, por la incapacidad de canalizar suficientes suministros y porque, desde su operación, más de mil civiles palestinos han sido abatidos por el Ejército israelí en sus intentos por obtenerlos, según informó Naciones Unidas.
Bajo ninguna circunstancia, tales acciones pueden justificarse como respuesta legítima a los horrendos actos terroristas cometidos por el grupo Hamás el 7 de octubre de 2023. Si alguna “lógica” se les puede atribuir, es infligir un daño tan extremo a la población, y someter a una destrucción tan masiva el territorio donde habita, que este se vuelva inviable como su hogar nacional y conduzca, además, a una ocupación israelí.
Pero las verdaderas razones parecieran otras: Netanyahu, quien enfrenta cargos penales muy serios, apuesta todo a mantener su gobierno. Esto pasa por el apoyo de partidos fundamentalistas minoritarios, que le exigen esa estrategia y, eventualmente, la anexión de Gaza y el dominio absoluto de Cisjordania.
Por algo, en un artículo publicado en el diario Haaretz, de Tel Aviv, el 27 de mayo, Ehud Olmert, quien fungió como primer ministro entre 2006 y 2009 y es un claro defensor del Estado judío, no se anduvo con rodeos: “Israel está cometiendo crímenes de guerra”, y calificó su estrategia como “sin sentido, sin objetivos ni posibilidades de éxito”.
Ni él, ni el historiador Bartov, ni muchos otros sectores de la sociedad israelí o de sus múltiples aliados alrededor del mundo que han denunciado las atrocidades, son antisemitas; la mayoría ni siquiera antisionistas. Más bien, a más desmanes contra los civiles palestinos, no solo mayor sufrimiento humano, sino también mayores prejuicios contra los judíos. Es algo inaceptable, pero forma parte de la retorcida realidad construida por Netanyahu y sus aliados. En ella, muy pocos ganan y casi todos pierden.
