Escuchar
A pocas horas de que 3,7 millones de costarricenses ejerzan un poder decisivo en las urnas, un grito que ha quedado en el silencio debería ser verdadero motivo de inquietud para quienes aspiran a gobernar Costa Rica. Se trata de las voces de mujeres que la muerte acalló en 2025 producto de asesinatos, una cifra que, tristemente, marcó un nuevo récord.
Detrás de ese número, hay señales de un Estado ausente que dejó a muchas mujeres atrapadas entre la violencia doméstica y la expansión del crimen organizado, especialmente en territorios golpeados por la pobreza y la exclusión.
Un reporte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reveló que de los 873 asesinatos registrados el año pasado, 85 fueron de mujeres, seis más que en 2024 y una cifra nunca registrada. De ese total, 34 (40%) estuvieron ligados a violencia doméstica, mientras que los otros 51 (60%) se relacionan, en gran medida, con dinámicas del crimen organizado.
Para el subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, la vulnerabilidad, la falta de oportunidades de desarrollo y la exclusión social y laboral, empujan a muchas mujeres a vincularse con actividades criminales como una estrategia de supervivencia. A ello se suma que las bandas narcotraficantes encuentran en esos entornos un terreno fértil para el reclutamiento de menores de edad y mujeres en condición de pobreza, a quienes asignan labores de alto riesgo y bajo costo, como el transporte y la venta de droga en los barrios.
Esa lectura coincide con los hallazgos del Informe Estado de la Nación 2025, que documentó cómo muchas mujeres que terminan vinculadas a delitos asociados al narcotráfico han tenido vidas de pobreza persistente, baja escolaridad, embarazos tempranos y exposición prolongada a distintas formas de violencia, tanto en el ámbito familiar como comunitario.
A diferencia de los hombres, estas mujeres lidian, además, con el deber de cuidar a sus hijos y la ausencia de redes de apoyo, lo que reduce aún más sus opciones de inserción laboral formal.
De allí que el ingreso a negocios ilícitos no suele responder a ambiciones de poder o riqueza, sino a la urgencia de contar con medios de subsistencia. El crimen organizado detecta esa vulnerabilidad, la explota y la convierte en un engranaje más de una estructura que termina cobrando vidas, mientras las instituciones del Gobierno no llegan a tiempo –o nunca llegan– con políticas de prevención, protección y acompañamiento social.
Por eso, cuando ya casi abren las urnas para nuestras próximas elecciones nacionales, es esencial que las 20 personas que aspiran a gobernar a partir del 8 de mayo y las 57 que resulten elegidas en la Asamblea Legislativa tengan claro que la violencia que hoy mata a tantas mujeres no se resolverá únicamente con más policías, ni con discursos de mano dura, ni quitando garantías individuales.
El país necesita una estrategia integral que combine prevención temprana y presencia estatal en los territorios más golpeados. Eso implica fortalecer las redes de protección para mujeres víctimas de violencia doméstica, ampliar el acceso a educación, empleo y cuido para romper trayectorias de exclusión, intervenir comunidades dominadas por el crimen organizado con políticas sociales y no solo policiales, y garantizar coordinación entre instituciones que hoy actúan de forma dispersa.
También supone invertir en prevención desde la niñez y la adolescencia, transformar patrones culturales que normalizan la violencia y utilizar datos confiables para orientar decisiones y evaluar resultados. Sin estas acciones, cualquier promesa seguirá siendo insuficiente.
Lo más grave es que, por más promesas que lanzan los políticos, los récords se siguen rompiendo. El año 2024, con 39 víctimas, fue el más trágico de la última década en femicidios. En promedio, 3,2 mujeres fueron asesinadas cada mes –una cada nueve días– según la alerta del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial.
Por más que cada nombre resuena en las noticias, las acciones desde el gobierno y el propio Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) siguen sumidas en una acongojante parálisis. Pero, además, no hay rendición de cuentas.
Llegamos al punto de que, pese a los 39 femicidios de 2024, la entonces ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, se atreviera a decir que ninguna de las ministras anteriores hizo “ni una décima parte de lo que nosotros hemos impulsado en esta administración”. Sus declaraciones nos obligaron a cuestionar en un editorial, el pasado 22 de julio, dicha desconexión con la realidad y tal exceso de autocomplacencia ante una tragedia tan evidente.
Antes de que un hombre llegue al extremo de matar a una mujer, “pasa tiempo; ocurren muchas cosas antes”, advirtió Óscar Morera, padre de Eva Morera, joven de 19 años, que, en noviembre de 2019, fue asesinada por su expareja de un disparo en la espalda.
Sin duda, el Inamu debe revisar sus planes de atención y analizar la eficiencia de sus millonarias inversiones en proyectos como los llamados “Puntos violeta”. Lo menos que, como sociedad, podemos exigirle al próximo gobierno es que, lejos de la adornada retórica que se oye siempre en campaña, preste verdadera atención a este flagelo y, sin más demoras, responda con acciones integrales.
