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Costa Rica ha realizado un esfuerzo sostenido y exitoso para construir y consolidar su clúster de dispositivos médicos, reconocido globalmente como uno de los más importantes. Este logro es el resultado de la visión de varios gobiernos, que durante más de 25 años han priorizado la creación de condiciones políticas, económicas y jurídicas que propicien la inversión de firmas transnacionales: incentivos fiscales competitivos, mano de obra calificada, acuerdos comerciales que garantizan acceso a los mercados principales, infraestructura de parques industriales moderna y estabilidad política, entre otros factores determinantes.
Los resultados de esta estrategia son elocuentes. Los dispositivos médicos se han convertido hoy en el principal producto industrial de exportación del país, impulsando empleos bien remunerados para decenas de miles de trabajadores, adentrándonos en procesos cada vez más sofisticados y fomentando una amplia red de proveedores locales. Este clúster no solo ha beneficiado a Costa Rica, sino también a las empresas internacionales, en su mayoría estadounidenses, que han encontrado aquí una pieza clave para su estrategia comercial y un eslabón indispensable en sus cadenas de suministro globales.
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No obstante los éxitos obtenidos, el sector afronta en la actualidad la amenaza de nuevas restricciones por parte de Estados Unidos, nuestro más importante socio comercial y principal destino de las exportaciones. Previendo una posible sentencia adversa por parte de la Corte Suprema de ese país –derivada de las acciones legales contra los aranceles del llamado “Día de la Liberación”–, la administración del presidente Trump inició recientemente una investigación bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, con el objetivo de determinar si las importaciones de equipos médicos representan un riesgo para la seguridad nacional.
La gravedad de este escenario exige que, sin apresurarse a firmar cualquier acuerdo, tanto el gobierno como las empresas establecidas en el país destinen todos los recursos necesarios para evidenciar el sinsentido de tales medidas, así como sus potenciales repercusiones negativas dentro del mismo Estados Unidos, como ya lo perciben marcadamente los consumidores (y votantes) de ese país en los precios de una multiplicidad de productos, por los aranceles generales en vigor desde hace unos meses.
En el caso específico de los dispositivos médicos, Boston Scientific –empresa líder del sector y con fuerte presencia en Costa Rica–, advirtió, al oponerse a las intenciones del Departamento de Comercio, de que la imposición de aranceles u otras restricciones comerciales mermaría su capacidad de reinversión en territorio estadounidense y debilitaría justamente la base industrial que la investigación de la Sección 232 pretende proteger.
En este contexto, es acertada la decisión del gobierno de contratar servicios de cabildeo especializado en Washington D.C., con el objetivo de comunicar de manera efectiva los argumentos de Costa Rica ante la Casa Blanca, el Congreso y otros actores relevantes del comercio internacional en esa ciudad. Aunque la inversión resulta considerable para los estándares nacionales, es imprescindible, dadas las conocidas limitaciones de nuestro Servicio Exterior.
Cabe lamentar, sin embargo, que nuestra representación diplomática en Washington cuente con un presupuesto mensual que ni siquiera alcanza la mitad de lo destinado a la firma de cabildeo. Esta situación debe corregirse radicalmente si verdaderamente aspiramos a defender los intereses nacionales con eficacia. Sin el personal, los recursos y el profesionalismo que exige la compleja realidad internacional actual, es imposible satisfacer de manera adecuada los intereses del país. Ojalá un próximo gobierno lo reconozca así y supere de una vez por todas la limitada perspectiva que por años ha prevalecido en este campo.
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Por último, debemos prepararnos para responder adecuadamente en caso de un desenlace desfavorable, especialmente si eso llegara a colocarnos en desventaja frente a algunos de nuestros competidores directos. Además de atender el reiterado llamado de economistas y exportadores por una política cambiaria más realista, debemos enfocar nuestros esfuerzos en implementar un plan de acción –que echamos de menos– que abarque la búsqueda de nuevos mercados y fuentes de inversión, mejoras sustanciales para potenciar la productividad de las empresas y la competitividad del país, así como la reducción de trámites y obstáculos innecesarios, y la agilización de registros, permisos y autorizaciones gubernamentales, ámbitos donde aún existen amplias posibilidades de mejora.
