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Guardar un minuto de silencio no exige tomar partido sobre ninguna disputa de política exterior, no compromete a nadie con una tesis sobre migración, no tiene incidencia en el presupuesto ni implica fijar posición a favor o en contra de un tercer país. Exige, apenas, 60 segundos de quietud por un costarricense que murió lejos de su casa. Y, sin embargo, ese mínimo gesto resultó demasiado para la fracción oficialista, que el lunes votó en contra de la moción presentada por el Frente Amplio, y no conforme con negarle el voto, se levantó de sus curules para no estar presente siquiera en el receso de minuto y medio que la oposición había solicitado para honrarlo. De 29 diputados de Pueblo Soberano presentes, solo tres permanecieron en el recinto.
Carlos Josué Marchena tenía 37 años, dos hijas y padecía diabetes. Llevaba nueve meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), trasladado de centro en centro, de Michigan a California y finalmente a Luisiana, donde murió el viernes pasado.
Su familia denuncia dificultades para acceder a alimentación y a tratamiento médico adecuados durante la detención, y ahora espera los resultados de una autopsia que aclare las causas de su muerte. Nada de esto estaba en discusión en el plenario legislativo. Lo único que se sometió a votación fue si los diputados, en representación del país, podían detenerse un instante a reconocer que uno de los suyos había muerto bajo la custodia de un tercer Estado.
El argumento con que el diputado José Miguel Villalobos justificó el rechazo es revelador. Según él, el problema no era lo que la moción decía, sino lo que no decía: que detrás del duelo se escondía un cuestionamiento a la política migratoria de Estados Unidos. Es una lectura reveladora y terriblemente preocupante, porque equivale a admitir que, para el oficialismo, ni siquiera la muerte de un connacional puede procesarse sin pasar antes por el filtro de la lealtad debida a Washington. Un gobierno que ha hecho de su cercanía con la administración estadounidense una bandera identitaria terminó, en los hechos, anteponiendo esa cercanía y los compromisos derivados de ella al deber elemental de solidarizarse con un ciudadano propio, aun cuando no se trataba de ofrecer protección diplomática, sino simplemente de expresar condolencias por su muerte.
No se trata de que Costa Rica deba o no opinar sobre la política migratoria de otro país; ese es, en todo caso, un debate legítimo y distinto. Se trata de que, ante la posibilidad de que ese debate rozara siquiera el homenaje, el oficialismo prefirió no rendirlo. El silencio, paradójicamente, se volvió peligroso, y el duelo, sospechoso de convertirse en una toma de posición política.
Esta no es una anécdota aislada del clima migratorio bajo el que viven miles de costarricenses en Estados Unidos. La política de detenciones masivas del ICE, endurecida en los últimos meses, ha convertido a comunidades enteras de connacionales en sujetos de un riesgo permanente, con o sin situación migratoria regularizada.
Ante ese contexto, como lo dijimos en nuestro editorial de este miércoles, cabría esperar de cualquier gobierno costarricense, independientemente de su afinidad ideológica con Washington, una defensa mínima de sus propios ciudadanos, pedir explicaciones, dar seguimiento consular, acompañar a las familias. Lo que no cabía esperar era que ese acompañamiento se negara incluso en su forma más simbólica: la del homenaje institucional a una tragedia humana, por temor a que pareciera una crítica solapada.
En el fondo, el problema mayor que evidencia esta nueva pifia legislativa es la incapacidad del oficialismo para sostener, aunque sea por un minuto, un espacio libre de trinchera. Se decía en broma que en la Asamblea Legislativa no había acuerdo ni para un minuto de silencio, y a ese punto hemos llegado.
El duelo debería ser uno de los tópicos donde la polarización cede terreno, en donde el país se reconoce a sí mismo por encima de las diferencias que lo dividen a diario, por todo y por nada. Cuando ese mínimo espacio común desaparece, cuando hasta la memoria de un fallecido se convierte en un asunto de bandos y conveniencia diplomática, lo que se erosiona es la idea misma del interés nacional, que trasciende la coyuntura de quien circunstancialmente gobierna.
Los diputados oficialistas que salieron del recinto parlamentario, lejos de evitar un acto político, lo protagonizaron, y fue, además, uno de los más elocuentes que ha dado la Asamblea Legislativa en mucho tiempo.
Costa Rica merece representantes capaces de distinguir, aunque sea por 60 segundos, entre la lealtad a un gobierno extranjero y el deber hacia sus propios muertos.
