Escuchar
El presidente Rodrigo Chaves volvió a sorprender con su manera de describir y colorear la crisis de inseguridad y homicidios que sufre el país. “Siguen las voces que quieren engañarlo a usted sobre cuáles son las causas de los homicidios y el desastre de seguridad pública, que no es tan grande como también lo quieren poner, pero que es excesivo para una nación como la nuestra”, declaró en su conferencia de prensa del miércoles.
En ese enredo de palabras, al menos reconoció que vivimos un “desastre”, aunque intentó convencernos de que no es tan grande. ¿Cómo se mide la magnitud de un desastre? ¿Habrá desastres pequeños, medianos o grandes? La Real Academia Española no deja lugar a dudas: desastre es una “desgracia grande”. Sus sinónimos son catástrofe, debacle, tragedia. Punto. No existen desastres pequeños ni medianos. Solo desastres.
El problema no es semántico, sino político, institucional y de seguridad ciudadana. Mientras el presidente acusa a “voces que quieren engañarlo a usted”, lo que realmente queda en evidencia es la contradicción de un gobernante que admite la existencia de un desastre y, al mismo tiempo, se empeña en minimizarlo.
Lamentablemente, numerosas cifras se convierten en voces que hablan, gritan y ponen en evidencia la única verdad. Los registros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestran que desde 2022 han sido asesinadas 3.000 personas. El año 2022 cerró con 656 homicidios; 2023, con 907; 2024 con 880 y en lo que va de este año ya el número va por 559: uno cada diez horas. La tasa de homicidios pasó de 12,9 por cada 100.000 habitantes en 2022 a 16,6 en solo dos años.
Desgranando la frase del presidente, aseguró que hay engaño sobre las causas de los homicidios. No lo hay. Las investigaciones del OIJ, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos coinciden: en Costa Rica entra y circula demasiada droga, hay “numerosos narcotraficantes”. Ese es el combustible que alimenta la ola de homicidios.
Paradójicamente, en la “entrevista” con Repretel, el propio extraditable Celso Gamboa, acusado de narcotráfico internacional, lo explicó con una claridad que los políticos prefieren evadir. Dijo que “meter droga en Costa Rica es facilísimo” debido a que el Ministerio de Seguridad Pública retiró la vigilancia en puntos clave como Bahía Drake, en la península de Osa –además de sacar a la Policía de Control de Drogas de puertos, aeropuertos y fronteras–. Es irónico. Tal descripción permite ver que ni el propio Ministerio de Seguridad se ha dado cuenta de que con su “estrategia” abrió la puerta para que el país se inundara de cocaína y estallara una guerra a muerte por el control de territorios.
LEA MÁS: Gobierno retira de Bahía Drake equipo estratégico destinado a frenar lanchas del narco
Hay más datos. El OIJ calcula que más de 4.000 personas laboran para unas 200 bandas criminales. Eso, como lo dijimos en un editorial anterior, es un “ejército narco” porque usan armas prohibidas como AK-47.
Al final, los ciudadanos pagamos las consecuencias. San José pasó de 118 homicidios en 2022, a 244 en 2024, y ya registra 191 este año. Limón, con una tasa de 37,8 por 100.000 habitantes, superó los 112 del año pasado y lleva 114. Alajuela alcanzó en ocho meses los 61 de todo 2024 y Guanacaste ya igualó los 54 asesinatos de hace un año.
Si el propio mandatario pidió en diciembre de 2022 que lo evaluaran a partir de 2023 porque se considera un “hombre de indicadores de desempeño”, los datos lo dejan muy mal. Y las cifras no solo reflejan ajustes de cuentas entre grupos criminales. También muestran una creciente cantidad de víctimas colaterales. En 2022 fueron 18; 52 en 2023; 54 en 2024 y solo este año han sido asesinadas 22 personas inocentes.
Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó el pasado 11 de agosto al extremo de citar a San José entre “los peores lugares del mundo” en términos de inseguridad y preguntó a los estadounidenses si querían vivir en sitios así. La respuesta en Costa Rica también sería clara: no. No queremos vivir en sitios donde caminar por la calle, ir a un restaurante o a un bar constituye un riesgo de muerte, ni en provincias donde la tasa de homicidios duplica el promedio nacional. Y, sobre todo, no queremos que desde el poder político se nos engañe invisibilizando una tragedia que todos vemos con dolor y temor.
Es realmente peligroso subestimar la crisis. El exministro de Seguridad, Gustavo Mata, calificó lo dicho por el presidente como “una falta de respeto hacia las familias de víctimas colaterales que han perdido a sus seres queridos”. El exdirector del OIJ, Rafael Ángel Guillén, recordó que la Constitución responsabiliza al presidente y al ministro de la seguridad ciudadana y “decir lo contrario es tratar de engañar a los costarricenses”. El criminólogo Gerardo Castaing advirtió de que el hampa ya se comporta como dueño de las calles y que el sistema “es un fracaso” y la diputada Gloria Navas dijo que Chaves tiene la manía “de cambiar la realidad y confundir a la población”.
Y los indicadores no hacen más que confirmar las afirmaciones de los expertos. Entonces, el verdadero engaño está en hacer creer que un desastre no es tan grande. No se puede tapar el sol con un dedo.
