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El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de entregarle a Costa Rica un excelente boletín de notas para una economía en desarrollo: crecimiento del 4,6% en 2025, reservas internacionales en niveles récord, diferencial soberano en mínimos históricos, deuda sostenible, sistema financiero sólido. El Fondo renovó la Línea de Crédito Flexible por otros dos años y calificó los fundamentos del país como “muy sólidos”. Pocos países de la región exhiben semejante palmarés en tiempos de guerra comercial y turbulencia geopolítica. Los elogios son merecidos, y conviene decirlo antes de plantear cualquier pregunta incómoda.
Pero habría que preguntarle al costarricense promedio si esos números le dicen algo sobre su vida cotidiana. El mismo informe del FMI documenta que el crecimiento es, en buena medida, un fenómeno encapsulado en las zonas francas, que avanzan al 12,7% anual, mientras el resto del país crece al 3%. Ese crecimiento, advierte el propio Fondo, es poco intensivo en empleo e incide poco en la economía doméstica, lo cual es una forma técnica de decir que el éxito macro no llega a la mesa de las familias.
Costa Rica es un país extraordinariamente caro. Los servicios públicos, los medicamentos, los alimentos, el transporte, la vivienda. El bolsillo de la clase media no experimenta el dinamismo de las exportaciones de dispositivos médicos ni la fortaleza del colón frente al dólar. Experimenta las facturas. Que el colón se haya apreciado casi un 10% en lo que va de 2026 abarata las importaciones en teoría, pero no compensa el efecto acumulado de años de encarecimiento en servicios que no se importan: electricidad, agua, educación, salud.
Ante ese diagnóstico, el FMI recomienda una reforma fiscal orientada a ampliar los ingresos del Estado: IVA del 13% a la canasta básica (subir este impuesto es una solución tan drástica como facilista), gravamen al bono escolar, eliminación de exoneraciones, entre otras medidas. Pero aumentarle los impuestos a una población que ya siente el peso de un costo de vida elevado, en una economía donde el crecimiento no se distribuye equitativamente, sería agravar el problema en nombre de resolverlo. La clase media costarricense no es el problema fiscal del país; al contrario, es, desde hace ya demasiado tiempo, el único pagador confiable de un sistema que premia la evasión y la informalidad.
La pregunta que sigue siendo urgente responder es por qué el Estado costarricense tiene tan poco margen de maniobra. Y la respuesta está menos en el lado de los ingresos que en el del gasto. Costa Rica destina una parte desproporcionada de su presupuesto al pago de intereses de la deuda, herencia de años de déficit que la regla fiscal ha comenzado a corregir, pero no ha revertido. Las más de 400 exoneraciones tributarias que el FMI documenta, que son más del doble del promedio de la OCDE, no son todas legítimas ni eficientes, y benefician, en muchos casos, a sectores con plena capacidad de pago.
Por otro lado, el gasto corriente del Estado, en particular la masa salarial, consume recursos que deberían financiar infraestructura, educación técnica y seguridad pública. El problema fiscal de Costa Rica no es que recaude poco de quienes ya tributan; es que gasta mal lo que recauda y protege a quienes no deberían estarlo.
Si de ensanchar la base tributaria sin pasarle la cuenta a los de siempre se trata, la conversación debería comenzar por los sectores que hoy operan con escasa o nula contribución al fisco. Las plataformas digitales de transporte y entrega mueven volúmenes considerables de la economía costarricense sin una tributación equivalente a la que soportan los negocios tradicionales que compiten con ellas. En su defensa, hay que decir que se han convertido en una importante fuente de ingreso para miles de costarricenses, y lo mismo aplica para los alquileres gestionados a través de plataformas digitales, aunque estos también generen ingresos que, en buena medida, escapan al registro tributario. Y la economía informal de servicios profesionales sigue siendo un territorio casi virgen para la Administración Tributaria, pese a los avances en facturación electrónica. Ahí están las conversaciones fiscales pendientes: no cómo cargarle más al asalariado formal, sino cómo incorporar al sistema a quienes todavía no están en él, a la vista y paciencia de todos.
El FMI tiene razón al señalar que la bonanza actual es una ventana de oportunidad que no durará indefinidamente. La demografía toca a nuestra puerta con una fertilidad en caída libre y una esperanza de vida en alza, y las reservas de la seguridad social con fecha de vencimiento ya calculada a la vuelta de la esquina. La verdadera trampa del éxito no es la complacencia ante los buenos números: es creer que esos números eximen al Estado de rendir cuentas sobre la calidad de lo que gasta y sobre quiénes siguen sin aportar lo que les corresponde.
